Bochorno en la Abogacía del Estado por el ridículo en el caso de Begoña Gómez
Fuentes de la institución creen que Sánchez debería haber contratado a un abogado en su querella contra el juez Peinado
Ilustración de Alejandra Svriz.
El auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) echando abajo por unanimidad la querella del presidente del Gobierno contra el juez que investiga a su mujer ha provocado un profundo revuelo en el seno de la Abogacía del Estado. Según fuentes de esa institución consultadas por THE OBJECTIVE, «la Abogacía se ha prestado a una maniobra meramente política y ha hecho el ridículo» al presentar una querella por prevaricación contra el magistrado Juan Carlos Peinado tras tomar declaración en La Moncloa a Pedro Sánchez.
En la Abogacía del Estado hablan de «bochorno» y de «palo», más teniendo en cuenta que la decisión del TSJM ha sido por unanimidad, y subrayan que el jefe del Ejecutivo debería haber contratado a un abogado particular para presentar semejante escrito, en lugar de comprometer de esta manera a una institución del Estado.
En un auto muy duro hecho público este viernes los magistrados de la Sala reprocharon al presidente del Gobierno que se valiera de la Abogacía del Estado para emprender acciones legales contra el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, tildando de «extravagante» la utilización de esta institución para tal fin.
En su querella, Sánchez alegó que la decisión del magistrado de obligarle a tomar declaración como testigo de forma presencial contravenía la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que le permitía ser interrogado por escrito en virtud de su condición de jefe del Ejecutivo. El juez Peinado no aceptó esta petición al citar a Sánchez como marido de Begoña Gómez, que obra como imputada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El presidente se acogió a su derecho a no declarar.
A este respecto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid argumenta en su auto que el hecho de que Sánchez sea presidente del Gobierno «las 24 horas de todos los días que dure su mandato» no le exime de que «como persona» pueda tener otras «facetas, también trascendentes, que le son inescindibles: como marido, como padre, como ciudadano, como individuo».
Por este motivo, los magistrados del tribunal acusan a la Abogacía de «tergiversar» los hechos al acusar a Peinado de un supuesto delito de prevaricación, esto es, «conducta improcedente de quien desempeña la función del juez», y atribuyen a la demanda «un carácter especulativo». El tribunal abunda en que, «sea acertada o no la fórmula elegida por el juez» al citar a Sánchez en calidad de marido de Gómez, la Abogacía no acepta de entrada esta condición, «y por ello asume la defensa del presidente del Gobierno, negando todo espacio al debate jurídico-procesal».
Al escrito se une además que Jesús María Santos, uno de los magistrados del TSJM que formaban la terna que ha inadmitido la querella, ha emitido un voto particular en el que indica que se debería haber abierto pieza separada para investigar si hubo «mala fe procesal» al presentar acciones legales contra Peinado. El juez indica que, además de coincidir con la inadmisión de la querella, quiere subrayar que es «harto defendible» que su mera interposición «puede entrañar un ejercicio abusivo del derecho a querellarse».
Moncloa habla de argumentos «inusuales»
Desde el Gobierno se han mostrado respetuosos con la decisión del tribunal, si bien discrepan de su argumentación y expresan su sorpresa por algunas manifestaciones «inusuales» e «innecesarias» para la motivación del auto, según fuentes consultadas por EFE. Recuerdan además que en la querella ya se advertía sobre el verdadero fin de llamar a declarar de forma presencial al presidente del Gobierno: convertir esa declaración -siempre según la querella- en un instrumento para perjudicar políticamente al Ejecutivo instrumentalizando un procedimiento judicial. Esa sospecha, se asegura desde el Ejecutivo, «lamentablemente se ha revelado cierta».
La presentación de esta querella el pasado mes de julio ya levantó malestar en el seno de la Abogacía, ya que ninguno de los altos cargos de la institución estampó su firma en un documento de tal relevancia, puesto que afecta a la Presidencia del Gobierno. El documento fue firmado por Zaida Fernández Toro, «una abogada considerada de quinta fila», según indicaron fuentes de este organismo a THE OBJECTIVE.
En el auto de este viernes, la Sala se pronuncia también sobre el hecho de que la querella atribuya un delito de prevaricación a Peinado y no a su sustituto, el juez Carlos Valle, que fue quien ratificó la decisión de tomarle declaración de forma presencial, lo que los magistrados tildan de «paradójico». Este periódico ya contó el enfado que despertó la querella en la carrera judicial, y en particular que omita el nombre de Carlos Valle. Los jueces consultados entonces calificaron de «doble rasero» esta circunstancia, puesto que si Peinado cometió prevaricación, también lo habría hecho Valle, que en ausencia del juez titular rechazó que Sánchez declarara por escrito cuatro días antes de la cita.
