La Fiscalía pide el ingreso inmediato en prisión de Eduardo Zaplana por riesgo de fuga
La Audiencia de Valencia convoca a las partes el 7 de noviembre para tomar una decisión, aunque la sentencia no es firme
El exministro Eduardo Zaplana atiende a los medios antes de una sesión del juicio por el 'caso Erial'. | Rober Solsona (Europa Press)
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso inmediato en prisión de Eduardo Zaplana por riesgo de fuga. El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo fue condenado hace unos días a 10 años y cinco meses de cárcel por corrupción como autor de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales por el cobro de mordidas de un adjudicatario en el llamado caso Erial. En dicho proceso se ha juzgado el cobro de comisiones derivadas de las concesiones de las ITV y el plan eólico valenciano.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha convocado una vistilla el próximo 7 de noviembre a partir de las 12.30 horas para escuchar los argumentos de las partes y tomar una decisión tras la petición de Anticorrupción. Fuentes jurídicas explican a THE OBJECTIVE que la sentencia no es firme y, por tanto, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Zaplana ya anunció que recurriría al considerar que el fallo está basado «en acuerdos opacos» y «sin evidencias».
El Ministerio Público alega en su escrito riesgo de fuga como argumento para el ingreso inmediato de Zaplana en prisión antes de que la sentencia sea firme, según ha avanzado El País. Las fuentes consultadas consideran que para que la resolución no será firme hasta dentro de varios años, ya que se puede recurrir. La Fiscalía mantiene en el texto que es un criterio habitual pedir el ingreso inmediato en prisión cuando la pena es tan elevada.
Zaplana anuncia un recurso
La Audiencia de Valencia condenó a penas que suman 10 años y cinco meses de prisión a Zaplana el pasado 15 de octubre. La Sala le considera autor de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales y le impone 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo y cargo público, otros tres para el ejercicio de su profesión y multas por un importe superior a los 25 millones de euros.
La sentencia afirma que el exministro del PP llegó a blanquear hasta 16 millones de euros. En esa empresa se valió de la ayuda de su círculo de confianza y de un entramado societario con ramificaciones en países como Panamá y Luxemburgo y cuentas bancarias en Andorra. La Fiscalía ya subrayó la gravedad de los delitos, que están asociados a la etapa de Zaplana al frente de la Generalitat.
El tribunal también condenó a otros seis acusados a penas que oscilan entre un año y tres meses y siete años y medio de prisión por prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. Se trata de los empresarios Vicente y José Cotino y Francisco Pérez López; el abogado y asesor fiscal Francisco Grau; el exjefe de gabinete del expresident, Juan Francisco García, y el amigo de Zaplana que actuó como su testaferro, Joaquín Barceló.
El juicio del caso Erial comenzó el pasado 21 de marzo, tras dos intentos fallidos. La vista se celebró cinco años después de la detención de Zaplana, que permaneció ingresado varios meses en el Hospital La Fe por una enfermedad oncológica. El expresidente valenciano fue acusado por el presunto amaño y cobro de más de 10 millones de euros en comisiones ilegales, algo que él siempre ha negado.
Los papeles del empresario sirio
Durante el juicio, Joaquín Barceló, un amigo de la infancia del exministro, llegó a señalarle: «Me pidió favores, me pareció normal y se los hice. Si eso es ser testaferro, sí, he sido testaferro de Eduardo Zaplana». El que fuera director general del área de Turismo llegó más lejos con su declaración al reconocer su papel como hombre de paja y haber firmado «todo lo que me decía Francisco Grau», el ingeniero financiero de la trama del caso Erial.
La juez que ha instruido el caso y la Fiscalía se opusieron a investigar la posible participación de los servicios de inteligencia y del confidente sirio en el hallazgo de los papeles que originaron el caso Erial. Al Naddaf Yaloud, un empresario sirio afincado en España desde hace tres décadas, afirmó a la Guardia Civil en marzo de 2017 que entregó los documentos a su abogado porque le conocía y por si podía tener conocimiento de su contenido por la posición que ostentaba.
