Los notarios están obligados a dar parte a la Fiscalía si observan algún delito
Deben enviar «a la mayor brevedad» copia del acta notarial en la que se recoge el hecho delictivo
Un antiguo socio de Aldama ratifica ante notario que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE. | Ilustración de Alejandra Svriz
Los notarios están obligados a comunicar a la Fiscalía los presuntos delitos que observen durante su desempeño profesional. Cuando les llega una noticia de algún hecho que pueda suponer la comisión de un delito tienen la responsabilidad y la obligación legal de dar parte al Ministerio Público. Así lo establece el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y la normativa específica. La notificación debe realizarse mediante el envío de una copia del acta notarial, aunque algunos profesionales se resisten a levantar testimonio y aconsejan acudir directamente al juzgado.
El testigo que confesó a THE OBJECTIVE haber llevado 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE ha ratificado su testimonio ante un notario de Madrid este miércoles. El antiguo socio del empresario Víctor de Aldama dio fe de la veracidad de los hechos y proporcionó su identidad a través de un acta de manifestaciones en la que realiza una declaración jurada. Dos días antes, el juez Santiago Pedraz inadmitió la querella interpuesta por el PP por una posible financiación ilegal de los socialistas.
Los profesionales consultados subrayan que el notario tiene ahora la obligación de comunicar los hechos a la Fiscalía. El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que quienes «por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o funcionario de policía más próximo al sitio si se tratare de delito flagrante».
El papel de la Fiscalía
Cuando una persona acude a un notario para levantar un acta de manifestaciones (cuesta 50 euros aproximadamente), el profesional se limita a dar fe de lo que esa persona declara sin entrar en el fondo o en su veracidad, salvo que sea manifiestamente falso o se trate de un delito flagrante. En ese caso, debe acudir a la Fiscalía, aunque el funcionario público tan solo da copia a la persona que levanta el acta (si se lo pide) y al juez cuando lo solicite.
Los notarios insisten en que la Ley del Notariado y el Reglamento Notarial les obligan a aceptar todo tipo de requerimientos «salvo que sean ilegales o autoinculpatorios de un delito». En cambio, si es un tercero que habla del delito cometido por otros, como es el caso de la exclusiva revelada por este diario, «puede y debe aceptarlo», aunque por la obligación impuesta en el artículo 262 de la LeCrim debe notificarlo a la Fiscalía «a la mayor brevedad».
La comunicación al Ministerio Público se realiza mediante un envío de copia del acta notarial donde se recoge la declaración sobre el posible hecho delictivo. «Eso tiene el inconveniente de que en el acta constan los datos identificativos de la persona que ha requerido al notario para que recoja su declaración o manifestaciones», reconocen las fuentes consultadas.
En opinión de estas, si en nuestro país existiera «una Fiscalía no politizada» (como aseguran que ocurre en Alemania, donde además instruye los procedimientos penales) «eso no sería problema, pues se guardaría celosamente la identidad del declarante como la de cualquier testigo de un delito». Un prestigioso notario, en cambio, explica que no tienen la obligación de notificar al Ministerio Público el contenido de un acta de manifestaciones porque «lo que dice una persona no es indicio de delito».
Denunciar en el juzgado
«Se hace porque existe un interés en hacer constar en acta qué ha dicho y cuándo, pero eso no tiene por qué desencadenar ningún ilícito», insiste un notario con décadas de experiencia. Cuando se ha visto en esa tesitura, reconoce, ha recomendado acudir al juzgado, algo que en muchas ocasiones no se hace «por desconocimiento». E insiste: «El acta no denuncia a nadie, el juzgado sí».
Este profesional subraya que su fe pública es extrajudicial: «No podemos entrar en cuestiones penales, podemos colaborar, pero no somos el soporte adecuado para recoger manifestaciones de delitos. Otro colega admite que, en caso de que decida realizar un acta de manifestaciones que incluya la comisión de un delito, avisa al interesado: «Tengo que comunicar la información a la Fiscalía». El trámite se hace directamente ante el fiscal de guardia, aunque también se puede enviar a la Fiscalía General del Estado.
Tras la detención de Aldama por un presunto fraude con el IVA en el sector de los hidrocarburos, THE OBJECTIVE habló en exclusiva con dos de sus socios. Uno de ellos accedió a narrar su experiencia delante de las cámaras, aunque manteniendo el anonimato para evitar posibles represalias. Ambos coinciden en su relato: el empresario Claudio Rivas habría usado al comisionista de la trama Koldo para conseguir del Gobierno una licencia para la compañía Villafuel y este le habría pedido a cambio 600.000 euros.
«Esos 600.000 euros se le pagaron a Aldama mediante transferencias y entregas de dinero en efectivo», relató uno de los empresarios entrevistados. Este explicó que llevaron 90.000 euros a la sede socialista de la calle de Ferraz porque el comisionista de la trama Koldo no podía hacerlo. Se realizaron dos pagos en efectivo de 45.000 euros cada uno en octubre de 2020. El dinero fue transportado en una bolsa de plástico dentro de otra de cartón. No obstante, en ningún momento habló de financiación ilegal.
Entregas en Ferraz
Las dos entregas de dinero representaron, insistió el empresario, el primer pago que la trama de hidrocarburos habría realizado presuntamente a los colaboradores del entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por mediar en la concesión de una licencia que les permitía vender combustible. La red fue desarticulada por la Guardia Civil, que el pasado 7 de octubre arrestó a 14 personas, entre ellas Aldama, que continúa en prisión.
Tras las declaraciones del testigo protegido en THE OBJECTIVE, el PP presentó una querella contra el PSOE por presunta financiación ilegal, pero Pedraz la inadmitió porque las pruebas eran insuficientes. No obstante, el juez dejó la puerta abierta a investigar a la formación que lidera Pedro Sánchez si aparecen nuevas pruebas. En su auto, el titular del Juzgado de Instrucción Central número 5 recordaba que una denuncia anónima tiene plena validez para iniciar una investigación sin necesidad de desvelar la identidad del informador, aunque para ello deben existir otros datos corroboradores.
