Los fiscales alertan: el caso de García Ortiz en el Supremo no lo puede llevar su 'número dos'
Los críticos abogan porque esa responsabilidad recaiga en el más antiguo del escalafón o se decida por sorteo
El fiscal general, Álvaro García Ortiz, en un acto el pasado junio. | Luis Soto (Zuma Press)
Los fiscales críticos con Álvaro García Ortiz denuncian que el proceso al que se enfrenta su jefe «nace viciado». El Tribunal Supremo ha abierto una investigación contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos. La designada para representar al Ministerio Público en la causa será su número dos, María Ángeles Sánchez Conde. «La teniente fiscal en el Supremo tiene un interés directo en el pleito porque actuará para favorecer a su jefe. No lo puede llevar», insisten a THE OBJECTIVE. Las mismas fuentes abogan porque esa responsabilidad recaiga en el más antiguo del escalafón o se decida por sorteo.
Sánchez Conde ya dio instrucciones a una fiscal para que informara a favor del archivo de la denuncia que interpuso el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Lo hizo antes de que el asunto llegara al Supremo, que el 16 de octubre acordó abrir una causa contra García Ortiz. Una decisión insólita a la que hasta ahora no se había enfrentado ningún fiscal general. La Sala de lo Penal del alto tribunal también se arrogó la competencia para investigar a la jefa provincial que supuestamente le envió datos para la elaboración de una nota de prensa.
Dos de las tres asociaciones profesionales solicitaron la dimisión de García Ortiz, aunque este optó por mantenerse en el cargo. En un comunicado anunció que se trataba de la decisión «más prudente para la institución a medio y largo plazo», porque «refuerza» su independencia. El fiscal general informó de sus pretensiones a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal, que le pidió la dimisión. El Gobierno, que considera que la causa se archivará pronto, le ha mostrado su apoyo.
Designado por García Ortiz
Para que la causa sea válida debe comparecer un juez, un letrado de la Administración de Justicia y un representante del Ministerio Público. Las fricciones comienzan en este último punto, ya que el fiscal que participe en el proceso será designado por García Ortiz, que continuará siendo su jefe mientras se dilucida su responsabilidad en la filtración de los datos confidenciales del novio de Ayuso. «Si no defiende su posición, corre el riesgo de ser degradado o enfrentarse a represalias», se quejan.
Los subordinados de García Ortiz señalan que cualquier colega debe abstenerse al tener relación directa con el investigado. «Al ser el máximo exponente, todos estamos a sus órdenes», insisten. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) no recoge ninguna causa obligatoria para apartarse, aunque el artículo 27 establece que si un miembro de la carrera recibe una orden que considere contraria a la ley o improcedente (se trata de un cuerpo jerarquizado) puede plantear la cuestión a instancias superiores.
«Técnicamente, ningún fiscal con relación directa con el investigado puede formar parte del tribunal. En la carrera todos tenemos relación, somos subordinados. Eso invalida el proceso. ¿Alguien imagina a un inferior acusando a un superior en una causa? Es una situación esperpéntica», señala una fiscal.
Los miembros del Ministerio Público, como los jueces, están obligados a abstenerse en caso de que se dé uno de los 16 supuestos incluidos en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que también son motivo de recusación. Entre ellos destaca mantener una amistad íntima o enemistad manifiesta, ser subordinado o tener interés directo o indirecto.
«Un interés directo»
Los fiscales críticos con García Ortiz consideran que la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, tiene «un interés directo» en la causa que investiga a su jefe y que, por tanto, debería abstenerse de representar al Ministerio Público en el procedimiento. «Cuando comenzó el asunto de la filtración de los correos del novio de Ayuso, el fiscal general se apartó y dejó todo en manos de su número dos. Podía delegar en cualquiera, pero lo hizo en ella», lamenta un veterano fiscal.
«La posición del Ministerio Público está viciada [en esta causa] salvo que se elija a alguien por razones objetivas. Puedes ser el más antiguo del escalafón (Javier Zaragoza, uno de los fiscales del procés) o designarse a través de un sorteo. De esa manera no se puede cesar ni castigar y se garantiza la independencia», explica un fiscal con décadas de experiencia. En su opinión, en el pleito que cerca a García Ortiz «las únicas garantías son las acusaciones particulares y populares y el tribunal».
El runrún viene de atrás, cuando Sánchez Conde ordenó a la fiscal encargada, María de la O Silva, informar del archivo de la denuncia que interpuso el novio de Ayuso contra la Fiscalía por revelación de datos confidenciales. García Ortiz, que defendió públicamente la nota sobre Alberto González Amador y asumió la responsabilidad, optó por abstenerse porque había conocido previamente el asunto.
La fiscal encargada se opuso a la orden y activó el artículo 27 del EOMF, elevando el caso a la Junta de fiscales para que se pronunciara sobre la discrepancia. Tras seis horas de debate, se impuso el criterio de Sánchez Conde y Silva fue apartada del asunto. Su lugar lo ocupó el fiscal superior de Extremadura, Javier Montero. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) apreció que podía haberse cometido un hecho delictivo y se inhibió a favor del Supremo, que abrió una investigación contra García Ortiz.
«Sánchez Conde siempre está al lado del fiscal general», denuncian los fiscales críticos con García Ortiz. Esgrimen que la teniente fiscal del Supremo ha salido al rescate en otras ocasiones. Una de ellas, cuando la Junta de fiscales tumbó el informe redactado por Álvaro Redondo que exoneraba a Carles Puigdemont y otros líderes del procés de un delito de terrorismo por Tsunami Democràtic. Las discrepancias entre los dos fiscales jefes propició que el asunto recayera en la superior jerárquica, Sánchez Conde, que defendió la tesis del máximo exponente del Ministerio Público.
