Los fiscales se rebelan contra García Ortiz y se personan en la causa como acusación
La APIF ha publicado un comunicado en el que exponen las razones por las que no defienden la permanencia del fiscal
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se personará en la causa contra del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Así lo ha decidido su Comisión Ejecutiva con motivo de la causa penal abierta contra el máximo exponente del Ministerio Público por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En el escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la institución ha expuesto los argumentos que motivan su decisión y denuncian la incompatibilidad de mantener en el puesto al fiscal investigado.
La APIF ha detallado dos razones por las que se persona en contra de García Ortiz. La primera de ellas apela a su negativa de renunciar al cargo de Fiscal General del Estado. Alegan que el ejercicio de su cargo resulta completamente incompatible con la investigación abierta contra su persona por ser presunto autor de un delito, «hechos que, incluso, han acarreado la imputación penal de varios fiscales, uno de ellos ya declarado por la Justicia inocente, habiendo soportado la imputación penal por la presunta actuación del Fiscal General del Estado», reza el escrito.
«En los términos que empleábamos en el comunicado, no parece que sea compatible ser jurista de reconocido prestigio con la situación procesal de imputado en causa penal. No podemos admitir que pueda ser considerado mérito el hecho de ser investigado por la presunta comisión de un delito», aseguran.
Incompatibilidad
La segunda razón por la que se personan contra el Fiscal General del Estado porque, al no renunciar este, el principio de imparcialidad con el que debe actuar el Ministerio Fiscal, principio que aparece reflejado en la Constitución Española, desaparece. En el comunicado afirman que, la causa penal no puede ser llevada por un fiscal con la independencia que requiere, ya que se trata de su jefe el implicado.
«En este sentido, nuestra personación obedece a poder prestar esta actuación profesional, como fiscal sometido a los principios de imparcialidad y legalidad, a la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo, entendiendo que, en todo caso, a la vista del resultado de la prueba que se practique, formularemos escrito de acusación o nos apartaremos del ejercicio de la acción penal interesando la absolución», explican.
Una decisión difícil
Los denunciantes aseguran que «no ha sido una decisión fácil» pero, justificar la permanencia de García Ortiz como lo mejor para la institución, aseguran, «no es de recibo».
El Ministerio Fiscal, como institución nuclear dentro del Poder Judicial, no puede estar dirigida por una persona que, procesalmente, está siendo investigada por la presunta comisión de un hecho delictivo. Su imputación contamina, sin remedio, a toda la carrera. Si hubiera decidido abandonar el cargo sería innecesaria nuestra personación en el procedimiento penal.