Koldo y Ábalos, al borde de la imputación en el caso de los hidrocarburos
El magistrado Ismael Moreno deberá remitir un informe con parte de la información del volcado de los dispositivos
Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama | Alejandra Svriz
El caso Koldo, en el que se investiga el cobro de comisiones en la compra de mascarillas, y la trama de los hidrocarburos, abierta tras descubrir el fraude de 182 millones de euros procedentes del IVA en la venta de combustible, han estrechado sus lazos. Ahora, el denominador común de ambos ya no es solo el «nexo corruptor», Víctor de Aldama: los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han hallado nuevos indicios en el volcado de los teléfonos móviles de los investigados. Estos demuestran que la misma organización criminal que operaba en la adjudicación de contratos públicos para la venta de material sanitario durante la pandemia extendió sus tentáculos a otros sectores que le generaron un beneficio mayor como, por ejemplo, la venta de petróleo.
Así consta en los mensajes de WhatsApp intercambiados por Koldo García, el asesor de confianza de José Luis Ábalos, Aldama y el entonces jefe de gabinete de la ministra Reyes Maroto en Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart. Por ello, según confirman fuentes judiciales a THE OBJECTIVE, ahora el juez instructor del caso Koldo, Ismael Moreno, deberá remitir un informe con parte de la información del volcado de los dispositivos móviles al juez instructor del caso de los hidrocarburos, Santiago Pedraz, para investigar a los políticos y asesores del Gobierno de Pedro Sánchez implicados presuntamente en la causa del fraude del IVA.
Reunión con el jefe de Gabinete de Reyes Maroto
En el sumario del caso Koldo consta un mensaje enviado por la aplicación de mensajería instantánea, el 28 de diciembre de 2020, en el que el asesor de Ábalos le comunica al jefe de Gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, que reciba a varios empresarios relacionados con la empresa Villafuel, investigada tras conseguir una licencia para vender combustible y no declarar el 21% del impuesto sobre el valor añadido.
«Van a montar una comercializadora, Villafuel», escribe Koldo a Bidart, al mismo tiempo que le remite los datos de los empresarios para que les reciba en el Ministerio de Industria, ya que junto al ministerio de Transición Energética son los encargados de conceder las licencias que permite la venta de combustible. «¿Qué necesitas?», le responde el jefe de Gabinete de Maroto. «Nada, nada. Solo que les veas y se presenten. Si me dejas voy yo y te los presento y me marcho», responde el asesor de Ábalos.
El testigo protegido, que declaró en exclusiva para THE OBJECTIVE, confirmó esta reunión antes de desvelarse el informe de la UCO que revela las comunicaciones entre los implicados. Tal y como adelantó este periódico el 8 de octubre, los asistentes a la cita pretendían el favor de Koldo y Aldama para obtener una licencia de operadora de hidrocarburos que les permitía comprar combustible sin pagar el IVA y venderlo con el gravamen incorporado, lo cual suponía un enriquecimiento del 21% en la transacción comercial. La citada licencia les permitía esquivar el pago de este tributo. En esa primera reunión participaron Koldo, Aldama y Claudio Rivas, otro de los detenidos este lunes en la macrooperación por el fraude de 180 millones de euros en dos años. También estuvo presente una persona más. Los empresarios solicitaron la intervención del ministro Ábalos para mediar con los dos ministerios responsables de conceder las licencias, entonces dirigidos por Reyes Maroto (Industria) y Teresa Ribera (Transición Energética).
Los asistentes se personaron en el Paseo de la Castellana 160 a las 17 horas. Fue Koldo García el que bajó las escalinatas del ministerio para recibir a los interesados, entre los que se encontraba el socio de Aldama, Claudio Rivas. El asesor de Ábalos les acompañó hasta la sala de juntas, donde les esperaba el propio Bidart a la cabeza de una «mesa kilométrica» y donde se unieron dos técnicos del departamento. Tras exponer Koldo las intenciones de los visitantes a los que él mismo introducía, el jefe de gabinete de Maroto le dio su tarjeta profesional a los empresarios y les instó a mandar toda la documentación. «Nos dijo que nos tendrían en cuenta porque íbamos recomendados por el ministro Ábalos», aseguran a este periódico. La entrevista duró dos horas, hasta las 19 horas de la tarde. Con posterioridad a esa reunión, los empresarios enviaron la solicitud de la mercantil directamente al jefe de gabinete de la ministra.
600.000 euros y un chalé
Sin embargo, según ha ratificado el testigo ante notario, esta gestión tenía un coste: 600.000 euros (de los cuales 90.000 euros se llevaron a Ferraz en bolsas) y un chalé para el ministro Ábalos en la urbanización La Alcaidesa, en Cádiz. Uno de ellos, ante las cámaras, pero manteniendo su anonimato por temor a represalias, ha relatado los primeros pagos, 90.000 euros entregados en efectivo y en bolsas de plástico y cartón en Ferraz, la sede del PSOE. Después, se produjeron segundas y terceras entregas de dinero hasta completar la cifra exigida por Aldama en la segunda reunión (600.000 euros) a cambio de que el Gobierno les concediese una licencia para operar como comercializadora de hidrocarburos.
Las cantidades las pagaba Claudio Rivas a Aldama «mediante transferencias y dinero en efectivo» y, posteriormente, este último entregaba a algún colaborador cercano al entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en Ferraz, como el mismo cabecilla de la trama aseguró a sus socios y estos revelan a este periódico. A diferencia de la entrega de los dos pagos de 45.000 euros en octubre de 2020, que narra en primera persona el empresario que efectúa directamente el pago, el socio de Aldama se refiere al resto de los pagos en tercera persona, sin tener constancia directa de los mismos.
Sin embargo, el tercer pago es clave en la investigación y por ello se recoge en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Se trata del chalet de la urbanización de La Alcaidesa, en Sotogrande (Cádiz), que centra una parte nuclear del informe del Instituto Armado. Como adelantó este diario, el inmueble constituye un «regalo encubierto» al entonces titular de Fomento, José Luis Ábalos, en pago a sus gestiones con los ministerios de Industria y Transición Energética a cambio de la obtención de una licencia de operadora de hidrocarburos.
