El rector de la UCM ha contratado un abogado particular, pero lo está pagando la universidad
La universidad paga 13.915 euros a un letrado para que defienda a Joaquín Goyache en el ‘caso Begoña’
Rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache. | Alejandra Svriz
El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, imputado en el caso Begoña Gómez, ha contratado a un abogado particular para que le defienda en dicho procedimiento. Sin embargo, este gasto se lo ha pasado a la universidad para que lo sufrague con fondos públicos, pese a que la UCM cuenta con unos servicios jurídicos propios para realizar dicha labor, según ha podido saber THE OBJECTIVE.
El pasado 22 de julio, el juez Juan Carlos Peinado imputó al rector de la Universidad Complutense de Madrid en el marco del caso Begoña Gómez, después de que declarase en sede judicial como testigo y admitiera que se reunió con la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa para tratar la creación de la Cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva (TSC). Así, el instructor le citó a declarar como investigado el 29 de julio.
Ante esta situación, Goyache eligió al abogado Manuel Ollé, con el objetivo de que le defendiera en la causa, y contrató sus servicios a través del procedimiento de contrato menor de suministros y servicios adjudicado por la UCM. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, se firma el 27 de julio, dos días antes de la citación del imputado. El mismo establece la «necesidad administrativa a satisfacer» y expone que: «Con fecha 22 de julio de 2024 el Rectorado de la Universidad Complutense ha tenido conocimiento de que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha dictado providencia en cuya virtud atribuye al Rector de esta Universidad la condición de investigado en el seno de las Diligencias Previas número 1146/2024 que se siguen en dicho órgano».
Adjudicación directa
La UCM justifica la necesidad de realizar una contratación externa subrayando que existe una sobrecarga de trabajo en el departamento jurídico de la universidad pública y, por ello, tramitan un expediente de contratación menor –cuyo importe del servicio debe ser superior a 5.000 euros e inferior a 15.000 euros– que permite adjudicar el servicio sin la necesidad de realizar un concurso público.
Concretamente, argumenta que «para el estudio y preparación» de la causa «resultan incompatibles con los medios personales y materiales de que dispone la Asesoría Jurídica de la UCM en el momento en que se produce la necesidad de atender a la situación procesal instada por el Juzgado, en particular, teniendo en cuenta que, por comparación a otros años naturales, la carga de trabajo de este servicio se ha incrementado ya un 28%, encontrándose los efectivos que conforman el Servicio de Asesoría Jurídica ante un volumen de trabajo muy por encima de lo normal y considerando la prematura deriva de los plazos en que debe personarse el rector en calidad de investigado (29 de julio)».
De esta manera, la universidad contrata al letrado de Goyache, Manuel Ollé, por 13.915 euros (IVA incluido). La UCM manifiesta que se rechazan el resto de ofertas recibidas porque «en la elección del abogado por un poder adjudicador hay un claro elemento de confianza (entre letrado y cliente) que debe prevalecer frente al de la competencia». Aun así, al tratarse de un contrato de adjudicación directa, la UCM se compromete a que el mismo «no tendrá una duración superior de un año, ni será objeto de prórroga y su objeto no se está alternando con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos en el procedimiento de adjudicación».
La UCM liquida la cátedra de Begoña Gómez
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha liquidado la Cátedra de Transformación Social Competitiva y ha reclamado a la esposa del presidente del Gobierno que entregue el software que puso en marcha con recursos públicos y por el que está siendo investigada. Así consta en el acta de la reunión de Comisión Mixta de Seguimiento celebrada este lunes, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. La mujer del dirigente socialista no acudió alegando «problemas de agenda», ya que esta semana se encuentra acompañando a Pedro Sánchez en una visita oficial a la India.
Y es que el juez, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno desde abril ha ampliado la causa este martes con los delitos de intrusismo profesional y apropiación indebida. Begoña Gómez tendrá que volver a declarar en los juzgados de la Plaza de Castilla el próximo 18 de noviembre, después de que el magistrado haya ampliado los delitos que le imputa tras una querella de una acusación popular. La asociación presentó una nueva querella contra ella tras las revelaciones periodísticas sobre el software.
Peinado ha dado este paso después de que hace unas semanas la Audiencia Provincial de Madrid concluyera que era el competente para investigar la querella relativa al software como instructor del denominado caso Begoña Gómez. La querella la recibió un juzgado distinto, que se inhibió en favor del que ya tenía un procedimiento abierto contra la esposa del presidente. La Fiscalía se opuso y elevó el asunto a una instancia superior, que finalmente desestimó su recurso de apelación.
