A juicio una familia por explotar a trabajadores y vender carne caducada en su local en Mallorca
La acusación destaca que manipulaban el etiquetado de los productos para alterar las fechas de caducidad
Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. | Archivo
Este lunes comienza en Palma de Mallorca un juicio que se extenderá durante toda la semana, centrado en una familia acusada de graves infracciones sanitarias y laborales en su establecimiento alimentario en Santa Ponsa. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca es el escenario donde se desarrolla este proceso legal, que pone en la mira a una familia cuyo patriarca, junto a sus cuatro hijos, enfrenta acusaciones severas.
La fiscalía ha propuesto penas que suman 25 años de prisión para los cinco miembros de la familia, detallando que cada uno podría ser condenado a dos años por delitos contra la salud pública, un año por estafa, otro por falsedad en documento mercantil y un año más por delitos contra los derechos de los trabajadores. Estas acusaciones se sustentan en una serie de prácticas ilícitas llevadas a cabo entre 2015 y 2018.
En el transcurso de esos tres años, los acusados habrían cometido numerosas irregularidades sanitarias relacionadas con los productos cárnicos que vendían. La acusación destaca que manipulaban el etiquetado para alterar las fechas de caducidad y ofrecían comidas preparadas sin las autorizaciones necesarias, además de despiezar carne sin estar habilitados para ello, comprometiendo la trazabilidad y seguridad de los alimentos que ofrecían a sus clientes.
25 años de prisión
Además de las infracciones sanitarias, la fiscalía ha puesto de manifiesto la explotación laboral en el establecimiento. Se acusa a los propietarios de imponer jornadas extenuantes a sus trabajadores, sin respetar los descansos necesarios ni remunerar las horas extraordinarias que estos realizaban, lo que agrava aún más la situación legal de la familia.
Para concluir, el Ministerio Público ha solicitado no solo las condenas penales, sino también el cierre del negocio durante cinco años como medida cautelar para prevenir futuras infracciones. Este juicio no solo busca sancionar a los responsables de estos actos ilícitos, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia de cumplir con las normativas sanitarias y laborales en el sector alimentario.
