La Justicia valenciana insta al CGPJ a nombrar tres jueces de refuerzo por la DANA
Las autoridades han detenido a 140 personas por robos y pillaje y una veintena se encuentra en prisión provisional
Voluntarios retiran agua este lunes en el IES de Picaña, convertido en almacén tras el paso de la DANA. | Matias Chiofalo (Europa Press)
La Justicia valenciana se enfrenta a una avalancha de peticiones tras la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). La situación que vive la región ha motivado que la Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), reunida de urgencia este lunes, haya acordado por unanimidad elevar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una propuesta para el nombramiento de tres jueces sustitutos que refuercen los partidos judiciales de Torrente, Requena y Catarroja.
El TSJCV fundamenta la propuesta en la «imperiosa necesidad» de dotar las tres demarcaciones de efectivos judiciales con los que poder «atender las necesidades que van surgiendo» por los efectos de la DANA, que azotó Valencia el pasado martes y que, por el momento, ha dejado más de 200 muertos. Muchos ciudadanos han aprovechado la situación para lucrarse. Las autoridades han detenido 140 personas por robos y actos y pillaje y una veintena se encuentra en prisión provisional.
Las medidas de refuerzo, una para cada partido judicial, tendrían una duración de seis meses prorrogables. La Sala de Gobierno del TSJCV demanda que lleven aparejados el nombramiento de los respectivos letrados de la Administración de Justicia y de cuatro funcionarios (un gestor, dos tramitadores y un auxilio), informan a THE OBJECTIVE fuentes judiciales. El secretario de gobierno del TSJCV, Rafael Lara, ya ha iniciado las gestiones con el Ministerio de Justicia y la Dirección General de Justicia de la Generalitat.
Los efectos de la DANA
El CGPJ ha recogido el guante y ha solicitado al departamento que dirige Félix Bolaños la preceptiva autorización económica para realizar los nombramientos. En la reunión celebrada este lunes, los dirigentes del TSJCV también han acordado que el juzgado de guardia de Catarroja continúe prestando su servicio en las dependencias habilitadas en la Ciudad de la Justicia de Valencia. La sede habitual se encuentra «impracticable», por lo que se espera que el Gobierno regional reubique a todos los órganos judiciales y servicios comunes de la demarcación.
En relación a este partido judicial, insisten las fuentes judiciales, la Sala de Gobierno propone al CGPJ que ratifique que todas las notificaciones y comunicaciones remitidas por el sistema Lexnet se entiendan notificadas el primer día hábil en que los juzgados reinicien su actividad. Por tanto, los días que transcurrieran hasta ese momento quedarían excluidos del cómputo de plazos procesales.
Una vez que se pueda reiniciar la actividad judicial de Catarroja con normalidad, la propia Sala acordará el reinicio del cómputo de los plazos y la efectividad de las notificaciones. De esa forma quedaría levantada, por tanto, la suspensión de la actividad judicial y procesal.
Muchos ciudadanos están aprovechando la tragedia para lucrarse. Las autoridades policiales han detenido unas 140 personas, mientras que los juzgados valencianos han decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para una veintena de personas en la última semana, tras la situación de emergencia provocada por la DANA. Los jueces les considera autores de un delito agravado de robo con fuerza en establecimiento abierto al público.
Prisión provisional y sin fianza
Los magistrados creen que para realizar estos saqueos aprovechan un accidente o la «existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión impune del delito». Se habrían aprovechado de la impunidad que les proporcionaba el hecho de que las fuerzas de seguridad estuvieran atendiendo la situación de emergencia generada por la DANA.
El artículo 234.1 del Código Penal castiga el hurto con la pena de prisión de seis a 18 meses a quien cometa un robo cuya cuantía supere los 400 euros. Cuando la cuantía sea inferior a esa cantidad, la pena será de uno a tres meses de multa. Sin embargo, la Fiscalía apunta a que los saqueos que se están produciendo tras la DANA están relacionadas con un abuso de la situación de desamparo que encajan en las circunstancias mencionadas en el artículo 235, lo que permite elevar las penas a entre uno y tres años de prisión.
