Los abogados del Estado lo tienen claro: «La competencia de la catástrofe es de Sánchez»
La previsión constitucional del estado de alarma se justifica porque son seis las comunidades autónomas afectadas
Pedro Sánchez. | Gustavo Valiente / Europa Press
Los abogados del Estado consultados por THE OBJECTIVE no tienen dudas sobre quién posee las competencias para decretar el estado de alarma ante una catástrofe natural como la que ha ocurrido en Valencia. Explican que «esta cuestión es crucial e independiente del nivel de emergencia que declare el presidente de una comunidad autónoma. La razón de ello es que la situación afecta a más de una región».
Los expertos señalan que «el instrumento jurídico adecuado para gestionar una situación de esta magnitud (como la catástrofe natural sufrida en Valencia) se denomina estado de alarma, y está claramente previsto en la Constitución española». De hecho, la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio recoge como primera opción que el Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución podrá declarar el estado de alarma en casos de «catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud».
Este estado de alarma permite la adopción de medidas excepcionales, incluyendo la limitación de la circulación. Sin embargo, señalan que «es importante señalar que dichas limitaciones no pueden extenderse de manera prolongada». De esta manera, no se volvería a repetir la ilegalidad que cometió el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia provocada por la covid-19 al prolongar de manera injustificada la prohibición de libre circulación de los ciudadanos, vulnerando así un derecho fundamental. Una treta que emplearon desde el Ejecutivo para no declarar el estado de excepción, puesto que necesitaban el apoyo del Congreso. Sin embargo, en un caso como el actual, el de una catástrofe natural, el estado de alarma –que tiene una duración inicial de 15 días– «es una herramienta jurídica idónea», manifiestan.
«Las limitaciones impuestas bajo el estado de alarma son muy específicas y, en especial, breves. Esta brevedad es un aspecto esencial, ya que el estado de alarma no está diseñado para ser prolongado. Si es necesario extender las medidas, se debe considerar el paso a un estado de excepción. Por lo tanto, para una catástrofe de esta naturaleza, el estado de alarma es, sin duda, la herramienta jurídica más apropiada», añaden las fuentes consultadas.
Coordinar a las regiones afectadas
La razón principal para utilizar el estado de alarma radica en que «es una previsión constitucional». Esta situación, subrayan, es competencia nacional porque afecta a varias comunidades autónomas. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de coordinar su respuesta ante la emergencia. «Las circunstancias actuales superan la capacidad de respuesta de las seis comunidades autónomas implicadas (Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia, Andalucía, Cataluña y Aragón), por lo que no se prevé que estas comunidades se reúnan para establecer convenios entre ellas para abordar esta situación. En este contexto, interviene el Gobierno central, que tiene la autoridad y la responsabilidad de actuar en este tipo de situaciones», aseguran los abogados del Estado consultados por este periódico.
Además, es importante considerar que, en circunstancias extremas en las que se requiere movilizar recursos significativos, el Gobierno es el único que puede activar el «músculo del Estado». Por lo tanto, es fundamental que se celebre de manera inmediata una reunión del Consejo de Ministros con el objetivo de declarar, antes de cualquier otra acción, la zona catastrófica. La declaración de una zona catastrófica es un paso fundamental que permite habilitar recursos y movilizar ayudas necesarias para mitigar los efectos de la catástrofe.
Las mismas fuentes que forman parte de los servicios jurídicos del Estado concluyen que «lo adecuado en este caso es que se declare el estado de alarma junto con la declaración de zona catastrófica. Esta combinación permite una respuesta rápida y efectiva a la emergencia, garantizando que se implementen las medidas necesarias para proteger a la población afectada».
