El Tribunal de Cuentas archiva la investigación sobre los contratos covid en Andalucía
El PSOE llegó a afirmar que era un caso de «corrupción sanitaria» y un «auténtico escándalo»
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno | EP / María José López
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha archivado la investigación sobre los contratos de la Covid realizados por la Junta de Andalucía, que el PSOE calificó de «corrupción sanitaria» en esta Comunidad Autónoma. En un escrito con fecha de 22 de octubre, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el fiscal Manuel Martín-Granizo asegura que «en virtud de lo acordado en las diligencias procesales número 22/24, relativas al Informe de Fiscalización de cumplimiento de los contratos tramitados por la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, elaborado por la Cámara de Cuentas e incoado en esta Fiscalía para determinar si era procedente plantear alguna pretensión de responsabilidad contable, comunico que, con esta fecha, se ha procedido a su archivo».
El PSOE había denunciado en agosto de este año varios contratos de la Cámara de Cuentas de Andalucía confirmando, a juicio de los socialistas, «la corrupción sanitaria del Gobierno de Moreno Bonilla en su informe de fiscalización». Según aseguró en su día el coordinador de la Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Márquez, el máximo órgano de fiscalización autonómico «ha corroborado lo que los socialistas llevamos año y medio denunciando, y esto es solo la punta del iceberg».
Además, calificó como un «auténtico escándalo que gran parte de los contratos de emergencia sanitarios realizados por el Gobierno andaluz durante la pandemia tengan algún tipo de irregularidad, lo que confirma que el Gobierno de Moreno Bonilla ha regado con millones de euros públicos a la sanidad privada, sin controles, a dedo, sin publicidad y sin transparencia».
La Fiscalía Anticorrupción había asumido la investigación en la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla en torno a la denuncia presentada por el Grupo socialista del Parlamento andaluz contra el Gobierno andaluz del popular Juanma Moreno, por presunta malversación y prevaricación en la adjudicación supuestamente fuera de norma de unos 300 millones de euros a clínicas privadas, mediante contratos de emergencia sanitaria realizados por el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia de coronavirus Covid-19.
Según el PSOE andaluz, promotor de la denuncia que ha dado pie a estas diligencias y parte personada en la causa judicial, desde que «en la primavera del año 2021 las administraciones determinaron que ya no se podía utilizar ese procedimiento de contratación de emergencia» por la pandemia y que, por tanto, «había que comenzar a desarrollar de nuevo los procedimientos de contratación pública ordinarios», el Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Salud habría «hecho oídos sordos a esa derogación de la norma y había continuado exactamente igual, como si se siguiera en periodo» de emergencia sanitaria.
