García Ortiz pide citar a Miguel Ángel Rodríguez en el Supremo por el caso del novio de Ayuso
La Abogacía del Estado solicita que acudan a declarar como testigos periodistas de siete medios de comunicación
Miguel Ángel Rodríguez acompaña a Isabel Díaz Ayuso a un acto en Barcelona en diciembre de 2023. | Alberto Paredes (Europa Press)
El fiscal general del Estado mueve ficha. La Abogacía del Estado ha solicitado al Tribunal Supremo en nombre de Álvaro García Ortiz que cite a declarar como testigo a Miguel Ángel Rodríguez, director de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso. El alto tribunal sigue una causa contra el máximo exponente del Ministerio Público por revelación de secretos tras una denuncia del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Los servicios jurídicos del Estado también solicitan que testifiquen periodistas de siete medios de comunicación que informaron sobre el caso.
En un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Abogacía del Estado pide al juez que Miguel Ángel Rodríguez ofrezca su testimonio porque existen «indicios» de que accedió «cuando menos a una parte de los contenidos de los correos» en los que el abogado del novio de Ayuso, Alberto González Amador, ofrecía un pacto a la Fiscalía tras declararse autor confeso de dos delitos de fraude fiscal.
La respuesta de Miguel Ángel Rodríguez a la noticia, adelantada por La Vanguardia, no se ha hecho esperar. El jefe de Gabinete de Ayuso ha publicado dos tuits donde contraataca contra García Ortiz. «Fiscal general: si me llamas a declarar vas a ir pá’lante!!!», escribió a las 20.33 horas. Unos minutos más tarde, incidió en la red social X: «Y mañana Begoña va pá’lante».
La respuesta de Miguel Ángel Rodríguez
El Supremo investiga si García Ortiz filtró a la prensa un intercambio de correos entre el novio de Ayuso y la Fiscalía el pasado marzo. En principio, la causa analizaba si un comunicado del Ministerio Público incurría en revelación de secretos, pero el alto tribunal rechazó esa posibilidad porque la información ya había sido publicada en algunos medios. Una tesis que ha defendido la Fiscalía desde el momento en que saltó la polémica.
El Mundo fue el primer medio en publicar que existían conversaciones entre González Amador y el Ministerio Público para buscar un acuerdo de conformidad, lo que permitiría al novio de Ayuso eludir la cárcel. La información aseguraba que el ofrecimiento había partido de la Fiscalía, que al advertir la situación decidió emitir un comunicado con los detalles de las conversaciones. En la nota negaba que el diálogo se iniciara a petición de la institución que sigue dirigiendo García Ortiz.
La Abogacía del Estado sostiene que «la primera revelación de secretos fue de Miguel Ángel Rodríguez» y le acusa de difundir un «bulo» al propagar «información manifiestamente falsa». Los servicios jurídicos del Estado también solicita que testifiquen periodistas de siete medios de comunicación. El escrito defiende «el escrupuloso respeto del derecho al secreto profesional», pero considera que puede dilucidar si la filtración partió de García Ortiz o si esta se produjo antes de que recibiera los emails elaborar el comunicado.
El Supremo abrió el pasado 16 de octubre una causa contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra el novio de Ayuso. El fiscal general anunció ese mismo día que seguía en el puesto a pesar de que dos de las tres asociaciones profesionales solicitaron su dimisión. Argumentó esa decisión como «la más prudente para la institución a medio y largo plazo» porque «refuerza» su independencia.
Registro del despacho
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron el despacho del fiscal general el pasado 30 de octubre. El juez que instruye el caso decidió la semana pasada acotar el análisis de la información incautada desde el 8 al 14 de marzo, en lugar de los siete meses que acordó en el auto de entrada y registro. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular, ha solicitado este martes que no se limiten las pesquises y se analice todos los correos y mensajes intervenidos.
La Abogacía del Estado alerta de que esa fórmula entraña «un elevado riesgo de filtración de información sensible» que puede conllevar «un perjuicio irreparable», ya que entre las informaciones que contienen los dispositivos incautados a García Ortiz hay asuntos especialmente sensibles de todas las fiscalías del país, por lo que advierte que su filtración puede afectar a la seguridad nacional.
