El juez imputa a tres gerentes del SAS por los contratos de emergencia de Andalucía
Investiga la adjudicación supuestamente fuera de norma de unos 300 millones de euros a clínicas privadas
El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, comparece ante la prensa | Alberto Ortega (Europa Press)
El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado como investigados a la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, Valle García Sánchez, y a sus dos antecesores en el puesto, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, por la causa que investiga el abuso de contratos de emergencia por parte de la Junta entre 2020 y 2023.
El magistrado, en un auto, cita a los querellados «para cualquier día hábil de este mes de noviembre al objeto de informarles de sus derechos y darles traslado de la querella». Su declaración, señala el auto, se realizará «en un momento posterior», según ha adelantado Cadena Ser.
El juez ha informado a los tres que van a ser investigados en una causa judicial sobre un posible delito de prevaricación, a resultas de una querella interpuesta por el PSOE que denuncia tres delitos más: malversación de fondos, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
La resolución judicial relata que la treintena de parlamentarios del PSOE-A interpuso una denuncia en los juzgados de Sevilla contra los dos citados exgerentes del SAS Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas «por posibles irregularidades en la contratación a través del procedimiento de urgencias por el Servicio Andaluz de Salud en los años 2021-2023».
El citado juzgado acordó, el pasado 1 de octubre, incoar diligencias previas «por la existencia de un posible delito de prevaricación administrativa». Posteriormente, «por escrito de 11 de octubre de 2024 se presentó querella por parte de la treintena» de parlamentarios socialistas «solicitando ser tenidos en calidad de acusación popular previo ofrecimiento de fianza». El juzgado fijó en 5.000 euros la cuantía de esa fianza, que los diputados socialistas consignaron, lo que ha servido para que estos pasen a tener la consideración de «acusación popular» en este caso.
Asimismo, el pasado 11 de noviembre se presentó por parte de dichos diputados una «ampliación de querella» por «posibles irregularidades en la contratación a través de procedimiento de urgencias por el Servicio Andaluz de Salud en el año 2024» contra la actual directora gerente del SAS, Valle García, según recoge Europa Press.
El juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha entendido que dicha querella y su posterior ampliación reúnen «los requisitos exigidos por el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», y los relatos que se exponen en ella revisten «los caracteres de un presunto delito de prevaricación administrativa, sin perjuicio del resultado de la investigación», por lo que ha acordado su admisión y citar a los tres querellados para que comparezcan ante el juzgado «en hora de audiencia cualquier día hábil del mes de noviembre de 2024 al objeto de informarles de sus derechos conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como darles traslado del escrito de querella y ampliación mediante copia de las mismas y demás diligencias practicadas, acordándose su declaración en un momento posterior».
La Fiscalía Anticorrupción asumió a principios de noviembre la investigación en la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla en torno a la denuncia presentada por el Grupo socialista del Parlamento andaluz contra el Gobierno andaluz del popular Juanma Moreno, por presunta malversación y prevaricación en la adjudicación supuestamente fuera de norma de unos 300 millones de euros a clínicas privadas, mediante contratos de emergencia sanitaria realizados por el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia de coronavirus Covid-19.
La Fiscalía Anticorrupción asumió a principios de noviembre la investigación en la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla en torno a la denuncia presentada por el Grupo socialista del Parlamento andaluz contra el Gobierno andaluz del popular Juanma Moreno, por presunta malversación y prevaricación en la adjudicación supuestamente fuera de norma de unos 300 millones de euros a clínicas privadas, mediante contratos de emergencia sanitaria realizados por el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia de coronavirus Covid-19.
