El inspector de Hacienda que cazó a la trama Koldo evita hablar de nuevos informes fiscales
El compareciente se acoge a su deber de sigilo profesional para evitar referirse a cuestiones que se dirimen en la causa
Raúl Burillo durante su intervención en el Senado este lunes. | Eduardo Parra (Europa Press)
Raúl Burillo ha desesperado a la comisión del caso Koldo en el Senado. El inspector de Hacienda que cazó a la trama ha repetido en una veintena de ocasiones en la sesión vespertina de este lunes que se acogía a su deber de sigilo profesional. Sus señorías lo han entendido de buen grado, aunque han intentado sin éxito que revelara si existen otros informes, además del que se remitió al juzgado, que permita al instructor imputar un delito fiscal a los investigados por las adjudicaciones a Soluciones de Gestión. Por el momento, se les atribuye los de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, envió el pasado 2 de febrero a la Audiencia Nacional un informe que revelaba cómo el empresario Víctor de Aldama recurrió a Juan Carlos Cueto para articular un «negocio de las mascarillas» a través de una «estructura empresarial necesaria». Un movimiento que habría realizado después de que Koldo García le avanzara la necesidad de adquirir material sanitario que tenía el Ministerio de Transportes.
La sesión ha comenzado con la intervención de Burillo, que solicitó al presidente de la comisión del caso Koldo, el popular Eloy Suárez, realizar una serie de «consideraciones previas». De esa manera se ha alterado el sistema habitual de las sesiones, que consiste en un pautado engranaje de preguntas y respuestas. El inspector de Hacienda, destinado en Zaragoza desde 2010, ha reconocido durante un monólogo de casi 15 minutos que la investigación, de oficio, comenzó en abril de 2020.
El soplo de Koldo
«La iniciamos sobre una sociedad por su perfil y su entorno, aunque se convirtió en una larga actuación sobre otras empresas y personas», ha reconocido Burillo. La investigación se alargó durante casi cuatro años, hasta que el juez del caso Koldo le requirió cerrar el expediente y que le remitiera el informe. La actuación inicial se circunscribió a Soluciones de Gestión, que acababa de conseguir adjudicaciones por más de 53 millones de euros sin haber tenido actividad en el ejercicio anterior y no haberse dedicado jamás al sector sanitario.
El inspector de Hacienda ha insistido a sus señorías que no fue objeto de ninguna limitación ni sugerencia: «Actué con libertad». La única restricción que se encontró fue la del juez, al que asegura que ha enviado «todo el material». Eso podría suponer que le llame a declarar en la Audiencia Nacional en calidad de testigo en las próximas fechas. Por recomendación de su abogado, ha señalado que se acogía al deber de sigilo profesional.
«La investigación no se inició como consecuencia de una denuncia particular, sino por criterios internos. No conocíamos a las personas [que forman parte de la trama Koldo] ni que acabaría en una implicación política. Era una actuación más y plenamente tributaria», ha subrayado Burillo. El inspector de Hacienda ha sacado entonces el capote para driblar las preguntas de María del Mar Caballero, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), y de Gerardo Camps (PP), que se ha mostrado especialmente insistente.
Camps ha comenzado su intervención recordando al compareciente que su nombre aparece en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Las intervenciones telefónicas revelan que Aldama contó al comandante que colaboraba con la trama Koldo, Rubén Villalba, que le investigaba desde su etapa en Baleares (donde el inspector estuvo destinado entre 2004 y 2010) y que era necesario buscarle «amantes y debilidades». Burillo ha asegurado que no conocía al empresario ni a ninguno de los imputados.
«Una coincidencia extraña»
«¿Ha hecho más informes aparte del que conocemos?», ha preguntado Camps al inspector, que no ha querido mojarse. El senador popular ha concluido que «no podemos descartar nuevos informes». Ha interrogado a Burillo sobre si el inspector jefe y la delegada territorial estaban al tanto de sus averiguaciones y que si ese fue el motivo por el que fueron cesados antes de que interpusieran la preceptiva denuncia, que figuraba entre sus competencias. «Es una coincidencia extraña», ha insistido Camps. El popular ha insinuado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, podía estar al tanto de las pesquisas.
Burillo fue el máximo responsable de la Agencia Tributaria en Baleares cuando se investigó el caso Palma Arena, en cuya pieza separada número 25 derivo en el caso Nóos, por el que fue condenado Iñaki Urdangarín cuando aún era yerno del rey Juan Carlos I. Destinado en Zaragoza desde 2010, constató en un informe que «el negocio de las mascarillas» lo inició Aldama, que se habría embolsado 6,7 millones de euros, gracias a la ayuda financiera de Cueto.
«El reparto de beneficios se articuló al atribuir al señor Aldama unos porcentajes por mascarillas vendidas y transporte realizado que supusieron la tercera parte de los beneficios totales del negocio, [de 16 millones de euros]. Estos porcentajes se contratan como intermediación en la compra/venta de mascarillas y su transporte», insistió el inspector en el informe en poder del juez. Además, advertía de que los tapabocas se vendieron a organismos públicos gobernados por el PSOE al doble de su precio inicial.
Aldama y Cueto se conocían de años atrás, ya que coincidieron en «negocios de restauración». La única actividad hasta las adjudicaciones a Soluciones de Gestión fue la construcción de ingeniería en Angola. «Es importante advertir que este país africano ha sido uno de los países más corruptos de África», subrayó Burillo en su informe, donde recordó que Cueto estaba pendiente de ser juzgado en la Audiencia Nacional por el caso Defex.
