Apartada una juez de San Sebastián por tener más de 200 sentencias judiciales sin dictar
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha informado de la necesidad de repetir los cerca de 200 juicios
La jueza sustituta del Juzgado de lo Social número 5 de San Sebastián ha sido apartada de su cargo por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debido a los retrasos en la emisión de cerca de 200 sentencias, situación que ha generado la necesidad de repetir estos juicios. El juez decano de Donosti, Santiago Romero Buck Arstad, ha informado que la jueza accedió a este puesto tras la jubilación del titular, mientras se esperaba la cobertura definitiva de la plaza.
Desde su incorporación, la jueza comenzó a acumular una cantidad significativa de retrasos, a pesar de haber sido requerida en varias ocasiones para que se pusiera al día con sus responsabilidades. Las partes afectadas por estos retrasos presentaron numerosas quejas al juez decano, quien trasladó estas inquietudes al Consejo General del Poder Judicial. Este órgano procedió a abrir varios expedientes disciplinarios ante la gravedad de la situación.
La profesional no solo ignoró los requerimientos para mejorar su desempeño, sino que también omitió presentarse a dar explicaciones ante las autoridades judiciales. Ante esta actitud, y la acumulación de casos sin resolver, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidió apartarla de la lista de jueces sustitutos y nombrar a un nuevo juez para hacerse cargo de las 198 sentencias pendientes.
El nuevo juez asignado tendrá la tarea de repetir los juicios de los casos pendientes de sentencia. Además, deberá gestionar el trabajo acumulado que ha dejado la jueza apartada. Santiago Romero Buck Arstad ha señalado que esta jueza también ha dejado causas pendientes en otros juzgados de la provincia de Guipúzcoa, donde desempeñó funciones de sustituta. Es probable que varias vistas también deban ser repetidas en estos lugares.
La decisión de apartar a la jueza no solo busca solucionar el cúmulo de casos sin resolver, sino también restaurar la eficiencia y la confianza en el sistema judicial de la región. Este caso ha resaltado la importancia de la responsabilidad y la diligencia en el desempeño judicial, aspectos cruciales para el mantenimiento de la justicia y la legalidad en la sociedad.