Exmagistrados del Supremo denuncian al rey emérito por cinco delitos de fraude fiscal
Exfiscales de Anticorrupción e intelectuales firman la querella que impugna también su regularización con Hacienda
El rey emérito, Juan Carlos I. | A. Pérez Meca (Europa Press)
Un grupo de juristas e intelectuales ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el rey Juan Carlos I. Exmagistrados del Alto Tribunal y exfiscales de Anticorrupción acusan al emérito de cinco delitos de fraude fiscal y, además, impugnan su regularización ante Hacienda realizada en 2021; la Fiscalía la dio por buena en su momento y sirvió para cerrar la investigación sobre él.
«Nos mueve la defensa del interés general en cuanto que estimamos que exigen delitos contra la Hacienda Pública que vulneran no sólo los preceptos del Código Penal que invocaremos sino también los principios de igualdad y solidaridad, además de obligaciones legales y éticas, exigibles especialmente a aquellas personas que ostentan cargos públicos de relevancia constitución, en este caso, la Jefatura del Estado», han explicado en el escrito que ha adelantado eldiario.es.
La querella, que consta de 20 páginas, desgrana los cinco delitos que los firmantes atribuyen a Juan Carlos I en las fechas comprendidas entre 2014, cuando abdicó, y 2018, y que consideran que no han prescrito. A la vez, tratan de desmontar los criterios que hicieron que la Fiscalía diera por buena la regularización que hizo ante Hacienda en 2021, cuando ya sabía que estaba bajo investigación por elusión de impuestos.
Algunos de los firmantes del escrito que pretenden ejercer de acusación popular, según el citado medio, son los exfiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, así como los exmagistrados del Supremo José Antonio Martín Pallín y Clemente Auger. Además, juristas como Javier Pérez Royo, Blanca Rodríguez Ruiz, Joaquín Urías y Eduardo Ranz Alonso e intelectuales como Josep Ramoneda y Pilar del Río y el periodista Miguel Mora.
Los hechos que denuncian están relacionados con el uso de instrumentos opacos, entre los que recogen las fundaciones Zagatka y Lucum (que tienen sedes en Liechtenstein y en Suiza) para «ocultar o dificultar la cuantía de la cantidad defraudada». Así, los querellantes alegan que esa conducta debería estar tipificada como un fraude fiscal agravado con pena de entre dos y seis años de prisión y no prescribe hasta una década después. Por tanto, según sus cuentas, ninguno de los cinco hechos denunciados estarían prescritos –ni siquiera el de 2014, ya que el plazo de este para declarar finalizó el 1 de julio de 2015–.
Por tanto, concluyen que el Supremo debe investigar los delitos fiscales y piden que el rey Juan Carlos I declare en calidad de imputado. Además, la comparecencia como testigos de su primo, Álvaro de Orleans, que sufragó vuelos privados y armas al anterior monarca, el abogado que ha representado al emérito en su investigación tributaria, Javier Sánchez-Junco, y algunos de los nombres que han manejado las finanzas del rey en Suiza como Arturo Fasana y Dante Canónica.
También solicitan citar como testigo al empresario mexicano Allen Jesús Sanginés-Krause, que presuntamente abonaba parte de los gastos del rey emérito y familiares, así como de representantes de bancos suizos, empresas y agencias de viajes. El grupo firmante de la querella pide al Supremo, así, que se fije una fianza simbólica de un euro, porque su propósito es «potenciar el valor superior de la Justicia, los principios generales del Estado de Derecho y la igualdad ante la ley».
El último punto de la querella propone que, una vez llegado el momento procesal oportuno, si hay condena, se fije el mínimo posible en la pena privativa de libertad, «teniendo en cuenta la edad del querellado, pero que la multa sea de la cuantía máxima fijada por ley».
