Un juez de la asociación de jueces 'indepes' se presenta para presidir la Justicia catalana
El nuevo candidato en liza, miembro de Ágora Judicial, impugna las bases de la convocatoria
El juez Guillem Soler.
La carrera para encabezar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) cuenta con un nuevo actor en liza de última hora. Este lunes, a pocas horas de culminar el plazo para concurrir, el juez Guillem Soler, titular de un juzgado de primera instancia de Barcelona, ha presentado su candidatura para presidir la Justicia catalana, según ha avanzado El Nacional. La presidencia de la máxima institución judicial catalana tiene un mandato de cuatro años y será el CGPJ, tras una entrevista, el que elegirá entre los candidatos.
Este magistrado forma parte de la asociación Ágora Judicial, la única que defendió la ley de amnistía para los líderes independentistas y que tiene entre sus objetivos «democratizar la alta judicatura española» y velar por que se respeten los derechos en Cataluña, especialmente entre los acusados y procesos por su participación en el referéndum secesionista de 2017. Entre sus propuestas también está la de aumentar la presencia del catalán en los juzgados de Cataluña.
El resto de asociaciones judiciales, desde las llamadas de corte progresista a las conservadoras, mostraron sus dudas sobre la ley del olvido penal. Ninguna de las cuatro principales -la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- la defendió abiertamente. Alertaron incluso de que podía quebrar la independencia judicial y rechazaron el documento suscrito entre Junts y ERC «por las referencias al llamado ‘lawfare o judicialización de la política’ y sus consecuencias».
Barrientos, de salida
El magistrado Guillem Soler quiere relevar al actual presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, miembro de la asociación judicial Francisco de Vitoria, que ya declaró que no quería continuar en este cargo. La presidencia de la máxima instancia judicial catalana estaba pendiente de renovación desde 2021, debido a la falta de entente entre PP y PSOE para renovar el Consejo del Poder Judicial.
Barrientos, como informó este periódico, cuestionó públicamente la ley de amnistía y criticó -de forma más velada- el pacto de «desjudicialización» entre ERC y el PSOE en un discurso del acto de apertura del año judicial cuando afirmó que «nadie puede estar por encima de la ley ni pretender eludir las consecuencias de su vulneración».
A la espera de que se conozca si la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria dentro del colectivo, ha presentado candidato, la favorita en esta pugna para presidir el TSJC es la magistrada Mercè Caso, de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia.
La Justicia, «demasiado independiente»
Según fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE, la candidatura de Soler es una forma más de querer ganar influencia en un sector que consideran alejado de los intereses del nacionalismo. Lo hace la asociación que nació en el regazo del procés, en 2018, cuando el fracaso del plan rupturista coincidió con el inicio de las consecuencias judiciales para sus máximos responsables.
Es la primera vez que se presenta el magistrado y nuevo candidato en liza. Soler es abiertamente crítico con la mayoría de resoluciones del Tribunal Supremo relativas al procés independentista. En 2022 elaboró un informe en el que acusaba al sistema judicial español de haber combatido la tentativa de secesión de Cataluña con una «excepcionalidad jurídica» sostenida en el tiempo que había afectado a diversos ámbitos sociales.
En la misma línea, Soler ha criticado en su perfil de redes sociales que, frente a lo que se dice desde el independentismo de que la justicia española es muy «dependiente» del poder político, el problema podría ser el contrario: que es «demasiado independiente» y que «no responde ante nadie».
Ganar influencia en la magistratura
De acuerdo con El Nacional, junto a su candidatura, presentó un recurso de reposición contra las bases de la convocatoria al entender que «tienen muchas deficiencias» y pidió que la renovación de la presidencia del TSJC se detenga hasta que el CGPJ no lo resuelva. La convocatoria, que se publicó en el BOE del pasado 5 de noviembre, puede impugnarse hasta el 5 de diciembre.
Los cuatro puntos que impugna el miembro de Ágora Judicial son los de limitar a 10 minutos (antes eran 60) el tiempo de la comparecencia de los candidatos ante la comisión de calificación del CGPJ; excluir la posibilidad de hablar en esta comparecencia del programa de actuación, en contra de lo establecido en el reglamento aplicable, y la obligación de centrarse sólo en los méritos, así como el no valorar el conocimiento de idiomas extranjeros.
Como informó este periódico, la reforma del sistema judicial en Cataluña es uno de los puntos pendientes de las principales fuerzas independentistas. Se busca iniciar una federalización del sistema o contar con jueces «comprometidos» con Cataluña. La anterior Consejería de Justicia, de ERC, lanzó una convocatoria de 200 plazas con el fin de crear una nueva generación de togados con «arraigo» en la región y con el nivel C1 de catalán.
