David Sánchez se mudó a Badajoz a los cuatro meses de llegar su hermano a la Moncloa
En octubre de 2018, Azagra alquiló una vivienda a un abogado pacense por 800 euros a 400 metros de la Diputación
Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. | EP
Los cambios de residencia del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez –músico de profesión–, han sido continuos desde 2017, año en el que consiguió un puesto en la Diputación de Badajoz como director de la Oficina de Artes Escénicas. Si bien en ese año, tras ganar la plaza, el hermano del presidente del Gobierno se mudó oficialmente a la localidad portuguesa de Elvas (a 20 kilómetros de Badajoz), un año después, en 2018, volvía a la ciudad extremeña para instalarse en una céntrica calle de Badajoz, a apenas 400 metros de la Diputación. Lo hizo cuatro meses después de que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa como presidente del Gobierno.
Así lo acredita uno de los correos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al músico, al que la juez ha citado a declarar como imputado el 9 de enero. La UCO destaca un correo electrónico que David Sánchez –conocido como David Azagra– mandó a su padre, Pedro Sánchez, con el contrato de arrendamiento de una vivienda en Badajoz. La firma consta con fecha del 26 de septiembre de 2018. El contrato se pacta por el plazo de un año, desde el 1 de octubre de 2018, prorrogable a tres años más. El 2 de junio de ese mismo año llegaba Pedro Sánchez al Gobierno, después de una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy.
Por la vivienda, ubicada en la calle San Pedro de Alcántara, a seis minutos de la Diputación de Badajoz, el hermano del presidente abonaba 800 euros al mes. La vivienda fue arrendada al abogado Hernán Ballesteros de Aguirre, que también le alquiló a Sánchez una plaza de garaje situada en la planta baja del domicilio. La vivienda, como consta en el documento, es destinada «a su uso particular» y se arrendó sin amueblar, a excepción de la cocina.
En Badajoz permaneció hasta 2020
Azagra desempeñaba por entonces el cargo de coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, por el que recibía un salario bruto de 3.435,93 euros al mes, según se desprende del contrato de alta dirección incluido en el informe de la UCO. No obstante, la Unidad Central Operativa destaca algunas diferencias al comparar dicho contrato con el aportado por la Diputación de Badajoz, como una disimilitud en los complementos del sueldo, indicándose en el adjunto al correo la cantidad de 2.304,58 euros y en el aportado al procedimiento la cantidad de 2.309.84 euros.
En Badajoz, Azagra permaneció hasta otoño de 2020, en plena pandemia, cuando la Diputación le concedió una excedencia voluntaria por un año. A partir de ahí, el hermano de Sánchez se fue a Tailandia, país al que llegó el 30 de agosto, con las fronteras cerradas por la covid-19. Tras el fin de la excedencia laboral, David Sánchez reclama su reingreso a la institución extremeña, como pone de manifiesto el informe de la UCO. Tras su readmisión al cargo, según los registros de sus declaraciones de bienes, se trasladó a Elvas de nuevo, a un hotel situado a la Rua de Olivenca. Desde ese momento, siempre ha tenido su residencia en dicho municipio de Portugal, aunque en ubicaciones diferentes.
El hermano del presidente del Gobierno tendrá que declarar como imputado. Lo hará el próximo 9 de enero, el mismo día que el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. La juez que instruye el caso en Badajoz ha citado a otras siete personas como investigadas por las supuestas irregularidades en la contratación de David Sánchez por la Diputación de Badajoz. La magistrada también insta al BBVA que aclare si el músico cuenta con 1,4 millones en acciones, pese a que su salario anual es de 55.000 euros. La Guardia Civil no ha encontrado evidencias de que disponga de esa cantidad y lo achaca a «un error de cálculo».
La decisión llega un día después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya entregado el informe a la juez que instruye el caso, cuyo contenido, la magistrada considera que existen «indicios racionales de criminalidad» sobre la presunta comisión de delitos contra la administración pública (prevaricación y tráfico de influencias) y contra la hacienda pública en la adjudicación de un puesto de trabajo al hermano de Sánchez en 2017.
