Aldama pide al juez uno de sus teléfonos para aportar pruebas contra el Gobierno
El comisionista dice disponer de chats que comprometen al ministro Torres y la vicepresidenta de la Comisión Ribera
Víctor de Aldama. | Isaac Buj (Europa Press)
El empresario y presunto comisionista de la ‘trama Koldo’, Víctor de Aldama, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que le devuelva uno de sus teléfonos móviles requisados el pasado 7 de octubre. En un escrito de su abogado, dirigido al Tribunal Supremo, ha explicado que ese dispositivo contiene conversaciones que acreditarían la información que lleva desvelando desde hace unas semanas.
El documento de 37 páginas, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, señala directamente a una serie de personas sobre las que Aldama dice tener evidencias de su implicación en la trama. Entre ellos están la vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; el director ejecutivo de Correos, Juan Manuel Serrano Quintana; el jefe de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno; y el hijo del exministro José Luis Ábalos, entre otros.
«En todos los contactos a que hemos hecho referencia se contienen comunicaciones por la vía de WhatsApp, relevantes para la presente causa especial y que corroborarán muchos de los extremos relatados por don Víctor de Aldama en su declaración», ha explicado en el escrito.
Sin embargo, ha incidido en que «resulta necesario poder acceder al terminal del teléfono intervenido», que tiene restringido el acceso porque está protegido con una contraseña. Aldama se ofrece a desencriptar el dispositivo y pide el volcado del mismo para «acreditar las múltiples conversaciones que se contienen con altos cargaos del Gobierno», como los ya mencionados.
El empresario no ha empleado este documento únicamente para solicitar el teléfono y mencionar a sus contactos, sino que también ha lanzado una serie de nuevas acusaciones que van más allá del cobro de las comisiones por la compra de material sanitario. Ha añadido, por ejemplo, el pago de donaciones a cambio de adjudicaciones en el campo de la construcción o compras de casas como garantía de estas adjudicaciones.
Además, Aldama ha señalado a Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes, como participante en las gestiones del piso en la Castellana que el empresario iba a regalar a su padre. Este estaba valorado en 1,9 millones de euros, era propiedad de Aldama y fue una de esas garantías de que ciertas empresas pagarían comisiones a cambio de recibir contratos, amañados, de obra pública. El empresario ha asegurado que intercambió mensajes con Víctor Ábalos sobre este asunto y que las pruebas de ello están en «el móvil número +34 XXX XX6202, intervenido en el registro del pasado día 7 de octubre».
Este mismo móvil sería también clave para acreditar qué tipo de relación tenía con el ministro Ángel Víctor Torres, según ha explicado en el escrito. Aldama ha declarado que el expresidente de Canarias le pidió una comisión de 50.000 euros a cambio de contratar a sus socios para suministrarles material sanitario durante la pandemia. Cada mención de una persona va acompañada de un pantallazo del teléfono con el contacto al que se hace referencia.
«El WhatsApp con el que se mantenían las comunicaciones con el entonces presidente de Canarias es de ‘Ángel Víctor Canarias Psoe Secretario General’. Como podrá observarse, es el mismo contacto WhatsApp que se contiene en el teléfono móvil de don Víctor de Aldama, y que se ha reflejado más arriba. A este WhatsApp le envió mensajes a Torres Tapia, socio de don Víctor de Aldama», ha precisado en el documento.
El móvil que ha solicitado fue intervenido, según ha explicado el empresario, por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Este es el magistrado al frente de la investigación sobre el fraude de los hidrocarburos que llevó a Aldama a prisión a principios de octubre. El dispositivo ahora solicitado se une a otros cinco teléfonos y un ordenador personal que la UCO se llevó de su casa en San Sebastián de los Reyes en febrero, cuando fue detenido por primera vez en el marco del ‘caso Koldo’.
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