Begoña Gómez niega que todas las cuentas bancarias sean suyas y que el saldo sea 40,25
La esposa de Pedro Sanchez pide al juez Peinado que anonimice sus datos bancarios
La defensa de Begoña Gómez, investigada por cuatro delitos, ha remitido un escrito al juzgado en el que niega que los datos sobre cuentas bancarias en posesión del juez Peinado pertenezcan a la mujer del presidente del Gobierno, según las alegaciones remitidas este lunes al juzgado, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Asimismo, niega que dichas cuentas tengan un saldo cero. La defensa incide en que los datos deben anonimizarse para evitar que trasciendan informaciones erróneas.
«El contenido de la citada información es absolutamente erróneo tanto en cuanto a la identificación de las cuentas de la que es titular, puesto que aparecen cuentas que no son en la actualidad titularidad de la misma y, sobre todo, es errónea en cuanto a los saldos. Puesto es que es totalmente incierto que estas cuentas tengan casi todas ellas un saldo 0″, asegura el escrito firmado por la procuradora Felisa González, en representación del abogado Antonio Camacho.
«Por otro lado, la información que ha sido remitida por el Punto Neutro Judicial ha sido unida al procedimiento con todos los datos que han sido remitidos, incluyendo por ello la identificación del numero de cuenta de los que mi representada, en algunos casos, es titular incumpliendo con ello principios básicos en materia de protección de datos personales y con ello normas esenciales en la tramitación de los procedimientos penales», prosigue el escrito.
Un saldo de 40,25 euros
Las alegaciones han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde se investiga a la mujer del presidente del Gobierno por presuntas irregularidades en el acceso a su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Los presuntos delitos por los que está imputada Gómez son corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional.
El juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por cuatro delitos recibió la semana pasado, a través del Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una lista «incompleta» con 11 cuentas bancarias de Begoña Gómez. Todas las cuentas arrojaban un saldo de 40,25 euros, repartidos en dos de las 11.
El listado incluye cinco cuentas en las que Begoña Gómez tiene condición de titular, dos en las que aparece en calidad de autorizada y otras cuatro como representante. Las únicas que reflejan algún saldo son dos en las que tiene la condición de titular: una con 40,10 euros y otra con 0,15 euros. El primer depósito es del Banco Santander, mientras que el segundo pertenece a ING Direct. Otras nueve cuentas, todas ellas del BBVA, tienen un total de cero euros.
Peinado solicitó esta información de Begoña Gómez el pasado 19 de noviembre a través de una providencia. El juez ordenó a la policía judicial «consultar la numeración de las cuentas corrientes en las que figure como titular» la esposa del presidente del Gobierno, a quien investiga por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.
«Viola el Derecho»
La relación de dichas cuentas va desde diciembre de 2019 al pasado 18 de noviembre, aunque las fuentes jurídicas consultadas en su momento por este periódico admitieron que se trata de una información parcial que deberá ampliarse en las próximas fechas. El magistrado solicitó hace unas semanas estos datos y pidió al Registro Civil que emitiera un certificado literal de matrimonio de la imputada con sus «anotaciones marginales».
«La forma en la que a lo largo de este procedimiento se están aportando datos al procedimiento, como la numeración de las cuentas bancarias presuntamente de mi representada ya que todas ellas no los son, viola el Derecho que corresponde a mi representada de que dichos datos personales y reservados no estén en posesión de terceros y en ocasiones publicados por la prensa«, ha protestado la defensa de Gómez.
«A la vista de lo expuesto esta parte interesa que se proceda a anonimizar todos aquellos datos que, no siendo necesarios a efectos de la investigación, afectan a Derechos que nuestro Ordenamiento reconoce a todos los ciudadanos y, por ello, también con relación a las personas sujetas a una investigación judicial».