La juez mantiene la declaración de David Sánchez y niega una investigación prospectiva
La magistrada rechaza el recurso de la Fiscalía y considera que existen indicios que justifican el interrogatorio
David Sánchez tendrá que declarar ante la juez el próximo 9 de enero. Beatriz Biedma ha rechazado el recurso de la Fiscalía, que pedía dejar sin efecto la citación del músico y del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. La magistrada reprocha al Ministerio Público que haya recurrido la resolución del hermano del presidente del Gobierno cuando ni siquiera lo han hecho las defensas. Además, le recuerda que la Audiencia Provincial ya resolvió que su investigación no es prospectiva y que lo habitual es llamar a declarar a un imputado «sea quien sea».
«Diariamente acuden a los Juzgados de Instrucción personas de toda índole, desde delincuentes habituales a profesionales de cualquier ámbito técnico o jurídico, todo ello en aplicación del principio de igualdad ante la ley. Toda persona, sea quien sea y se dedique a lo que se dedique, a la que se le atribuya la comisión de un hecho que pueda tener relevancia penal, es citada a declarar como investigado», subraya el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
La juez recrimina a la Fiscalía que salga en defensa de David Sánchez. Biedma considera que «es absolutamente extraordinario que se recurra una resolución donde se acuerda la declaración como investigados, y menos aún por quien no ostenta la defensa letrada de los mismos. Es más, en el presente caso, a pesar de que los argumentos del recurso del Ministerio Fiscal han resultado muy acertados a las defensas, quienes evidentemente se han adherido al mismo, ninguna de ellas ha recurrido expresamente el auto dictado, ni en reforma, ni en apelación».
El abogado de David Sánchez
La Fiscalía solicitó que Sánchez y Gallardo no acudieran a declarar el próximo 9 de enero porque la juez no detalla en su auto los comportamientos «con trascendencia penal» que justifican tal decisión. «No hay en la causa, ni por remisión a otras actuaciones previas, una singularización de comportamientos con trascendencia penal para cada uno de los investigados», alegó el Ministerio Público. En su opinión, tampoco se indican los delitos concretos que se investigan.
El abogado del hermano del presidente del Gobierno se adhirió a la petición. En su escrito insistió en determinar los hechos que se imputan a David Sánchez y al resto de investigados, así como «los indicios de criminalidad en los que se basan». En su opinión, «al día de la fecha el proceso no se sostiene». Una consideración con la que no está de acuerdo la magistrada.
Biedma sostiene que la instrucción realizada hasta el momento, como el calendario de declaraciones previstas, «han ido determinando detalladamente los hechos investigados y la supuesta participación de los investigados». La juez agrega que ninguna de sus decisiones había sido recurrida antes por la Fiscalía y que sus decisiones han sido confirmadas por la Audiencia Provincial «que expresamente ha descartado la existencia de una investigación prospectiva».
La magistrada cita los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como principales indicios de la investigación. En ellos se analizan los correos electrónicos intervenidos a Sánchez, Gallardo y otros siete trabajadores de la Diputación de Badajoz que elaboraron las necesidades del área de Cultura. En esos emails no se hace mención expresa a la creación de un puesto de alta dirección. Incluso el presidente del ente provincial se quejó del excesivo personal que se pedía, aunque cambió de parecer en seis días.
La maniobra del abogado
El abogado de David Sánchez, Emilio Cortés Bechiarelli, se ha guardado un as bajo la manga. Ha comunicado a la juez que tiene señalado el 10 de enero en el Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres la continuación de un juicio oral, por lo que solicita la suspensión de las diligencias de la causa que investiga al hermano del presidente del Gobierno por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y contra la hacienda pública.
Sánchez está citado en el juzgado 9 de enero, el mismo día que el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. La juez que instruye el caso citó en torno a ese día a otras siete personas como investigadas por las supuestas irregularidades en la contratación del hermano del presidente del Gobierno por la Diputación de Badajoz. En ese auto, la magistrada también instó al BBVA a aclarar si el músico cuenta con 1,4 millones en acciones, pese a que su salario anual es de 55.000 euros. La Guardia Civil no ha encontrado evidencias de que disponga de esa cantidad y lo achaca a «un error de cálculo».