Ábalos evita el choque con el Gobierno y alimenta las sospechas de un pacto con Koldo

El Gobierno respira tranquilo tras la declaración de José Luis Ábalos. El exministro de Transportes evitó hacer alusiones a sus miembros, lo que podría responder a un acercamiento a su antiguo partido. El exdirigente socialista aseguró este jueves en el Tribunal Supremo que nunca cobró comisiones ni adjudicó a empresas concretas. La búsqueda de mascarillas al inicio de la pandemia la delegó en Koldo García, que mantenía «una relación estrecha» con Víctor de Aldama. El abogado de su antiguo asesor evitó formularle preguntas durante las más de tres horas de interrogatorio, lo que ha levantado suspicacias.

Las partes sospechan que hay un acuerdo entre Ábalos y su asesor para que este último asuma la responsabilidad de las mascarillas, explican fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE. Dos entes vinculados a Transportes compraron cubrebocas por más de 36 millones de euros a la empresa representada por Aldama. En el primer contrato, el exministro firmó dos órdenes con apenas media hora de diferencia que duplicaba el número de unidades después de que Koldo García le advirtiera de que era «todo o nada».

La declaración de Ábalos se produjo este jueves a petición propia, después de que el magistrado declinara su intención de posponer la fecha prevista. La sesión estuvo marcada por la decisión del magistrado de impedir el acceso a la sala de las acusaciones populares, salvo el PP, designado por el juez como representante. El exministro declinó responder a las preguntas de su abogado.

Ábalos niega mordidas

Las acusaciones denuncian que Ábalos ha dejado 300 preguntas sin aclarar, a pesar de que a la salida del Supremo señaló que había tocado «todos los extremos ya conocidos y publicados» y que no se había dejado «nada en el tintero». «Creo haber dado las aclaraciones suficientes. Me he comprometido a dar hoy mismo la documentación que acredita lo que he dicho», insistió ante los medios de comunicación.

El exministro respondió a las preguntas del juez, las defensas y del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, que fue el más incisivo. Relevó en la tarea a Luis Pastor con una batería de preguntas que abordaban muchas de las cuestiones que cercan a Ábalos: su papel en la adjudicación de mascarillas a Soluciones de Gestión, el alquiler del lujoso piso que pagó la trama a Jésica Rodríguez o las mordidas que denunció Aldama en sede judicial.

Ábalos negó que recibiera comisiones de ningún tipo y descargó toda la responsabilidad en su antiguo asesor, que se «extralimitó» en sus funciones. El nombre de Koldo García fue el más repetido durante la declaración. A pesar de eso, su abogado no formuló ninguna pregunta al compareciente, lo que levantó suspicacias. La Fiscalía sospecha de la existencia de un acuerdo entre ambos para que el antiguo colaborador del exministro asuma las responsabilidades de la adjudicación de las mascarillas.

Las acusaciones populares también apuntan en esa dirección, aunque alguna va un paso más lejos. Consideran que Ábalos estaría derivando toda la responsabilidad hacia Koldo García para que este, a su vez, señale a Aldama como un impostor en su declaración del próximo martes en el Supremo y desactive así su tesis. Un día antes será el turno del comisionista de la trama, que mantendrá la hoja de ruta y seguirá señalando al exministro y a varios dirigentes del PSOE.

Teoría «infundada»

Koldo García respaldó este jueves en La Sexta la declaración de Ábalos en el Supremo, aunque discrepó de que su antiguo jefe le haya culpado a él de todo. El exasesor del Ministerio de Transportes insistió en que no tenía «ninguna responsabilidad para realizar adjudicaciones». En esa misma cadena, el exministro calificó de «infundada» la teoría de un pacto con su antiguo colaborador que mantienen tanto la Fiscalía como varias acusaciones populares.

Las partes llegan a esa conclusión por la poca credibilidad de sus respuestas, ya que los pagos de Aldama a Koldo García estén probados por los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Estas consideran que es necesario solicitar el suplicatorio al Congreso, donde Ábalos continúa siendo diputado del Grupo Mixto, para ahondar en el patrimonio del exministro. Este siempre ha defendido que no lo ha incrementado tras su paso por Transportes.

Aldama desveló el pasado 21 de noviembre en la Audiencia Nacional que había pagado a lo largo de varios años un total de 650.000 euros al exministro, 250.000 en concepto de comisiones por las mascarillas que adjudicó su departamento a Soluciones de Gestión al inicio de la pandemia. En ese tiempo había entregado otros 250.000 euros a Koldo García, 100.000 de ellos por la medicación en los contratos de los cubrebocas.

El comisionista de la trama también explicó que su ayuda resultó fundamental para que se licitaran diferentes contratos a empresas que se habían comprometido a pagar mordidas. Ábalos negó este jueves la mayor y aseguró que no había intervenido en ningún proceso. Aldama entregó al Supremo hace días unos documentos que incluían un contrato de arrendamiento de un piso en el Paseo de La Castellana con derecho a compra que había firmado con el exministro, aunque no llegó a ejecutarse.

El piso de Jésica

El inmueble, valorado en casi dos millones de euros, supondría la garantía para que este realizara adjudicaciones a favor de ciertas firmas. Ábalos ha asegurado que en ningún caso se trató de una contraprestación para adjudicar contratos a empresas concretas. Las fuentes consultadas explican que Ábalos explicó ante el juez que estaba buscando piso desde finales de 2018 y que Koldo García le dijo que un amigo [Aldama] le había conseguido uno barato en una buena localización.

El exministro explicó el contrato con Aldama en febrero de 2019, aunque debía esperar a que la vivienda quedara libre. No obstante, no conserva copia del documento porque fue un proyecto fallido. Las partes también consideran «inverosímil» que Ábalos no supiera quién pagaba el alquiler del lujoso piso de su pareja sentimental en el centro de Madrid y que la idea de contratarla en una empresa pública dependiente de Transportes partiera del hermano de su asesor, Joseba García.