Aldama comenzó a intermediar en contratos públicos y petróleo en la era de Zapatero
Puso en marcha dos empresas para este fin en 2010 y con una de ellas intentó comprar el Córdoba FC en 2011
Víctor de Aldama, el comisionista de la ‘trama Ábalos’, es un viejo conocido de las instituciones públicas desde hace tiempo, no solo por sus trabajos durante la fase del Gobierno de Pedro Sánchez y por los que está imputado por el caso de las adjudicaciones de mascarillas durante la covid y por el fraude de los hidrocarburos. De acuerdo con los datos recabados por THE OBJECTIVE, el líder de la red supuestamente corrupta inició sus primeros pasos empresariales en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los principales mentores del Ejecutivo socialista actual y hombre próximo al régimen venezolano de Nicolás Maduro.
Corría el año 2010 cuando Aldama constituyó sus primeras empresas en nuestro país. Los datos del registro mercantil indican que en 2010 creó Grupo Signum Inversiones y Grupo Aurum Inversiones, dos sociedades cuyo objeto social precisamente eran «la promoción desarrollo y explotación de compañías de intermediación en adjudicaciones de obras civiles y en la compra venta de petróleo». Ambas actividades están en el centro de atención de las investigaciones judiciales abiertas contra el comisionista en la actualidad.
Se da la circunstancia de que Aldama ha acusado entre otras cosas al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, de haber recibido comisiones ilegales por la concesión de diferentes licitaciones de obra civil. El departamento que dirigía Ábalos en 2020 fue además el encargado de distribuir las adjudicaciones de las mascarillas, por las que una firma del líder de la trama, Soluciones de Gestión, se llevó un contrato de 53 millones.
Además, Ábalos habría sido el enlace dentro del Gobierno para que Aldama pudiera obtener varias licencias de hidrocarburos con diferentes socios, uno de ellos en prisión, con las que habría defraudado a Hacienda 182 millones de euros.
Intento de compra del Córboba FC
En 2010 era presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero. En marzo, el líder de la trama registró una de sus empresas, y en abril de ese mismo año la segunda. Meses después, ya en el inicio de 2011 y a través de una de ellas, Signum, Aldama llegó a un acuerdo para adquirir el equipo de fútbol Córdoba FC, una operación que finalmente no se materializó porque los accionistas dieron marcha atrás.
Prácticamente un decenio después, el cabecilla de la red cumplía su sueño de tener un equipo de fútbol de su propiedad cuando, ya instalado en el Ministerio de Transportes, se hizo con el Zamora FC. El club lo vendió este verano tras el estallido del escándalo.
Desde los comienzos y poco a poco, Aldama fue construyendo un imperio tanto dentro como fuera de España, con compañías de todo tipo, entre las que destacan las inmobiliarias. Hoy, algunas de ellas han desaparecido, bien por dificultades económicas o bien por cuestiones de otra índole. Así, por ejemplo, Signum, con la que pretendió comprar el Córdoba CF, fue liquidada en 2016 por orden judicial.
Gobierno de Sánchez y Delcy Rodríguez
Dos años después de esta liquidación fue cuando el comisionista inició una estrecha colaboración con el Gobierno actual, mediando con empresas como Air Europa y Duro Felguera y, según él, para que otras compañías pudieran conseguir adjudicaciones vinculadas al Ministerio de Transportes. Además, durante esta etapa mantuvo una relación profesional con la vicepresidenta del Ejecutivo de Venezuela, Delcy Rodríguez. Gracias a su intermediación, según el sumario judicial por el que se le investiga, la política venezolana habría podido pisar suelo español en 2020, en el episodio conocido como Delcygate.
Ábalos, que está imputado también en la causa, negó el pasado jueves haber cobrado comisión alguna, descargando cualquier tipo de responsabilidad en el que fuera su mano derecha Koldo García, que está siendo investigado por la justicia. El exministro de Transportes y el exsecretario general del PSOE, de acuerdo con las acusaciones, no habría respondido ante el juez a más de 300 preguntas que le fueron planteadas para aclarar el caso. Algunos de estos interrogantes tienen que ver con los supuestos pagos que recibió de Aldama o el origen de la relación que este tenía con Delcy Rodríguez.
En los años de mandato de Sánchez, el cabecilla de la red ha creado junto a sus socios un entramado corporativo que a día de hoy él sigue moviendo y que se expande por otras latitudes como Portugal, Delaware y República Dominicana. La Guardia Civil se ha desplazado a la isla caribeña para conocer de primera mano las propiedades que Aldama y su entorno tienen allí. En los últimos ejercicios ha creado unas 14 empresas con las que habría lavado el dinero conseguido de manera ilegal en nuestro país. Los investigadores asimismo intentan aclarar los 59 vuelos que ha realizado el Falcon presidencial a República Dominicana.