Recurren la decisión del juez de no citar a la mujer que denunció pagos en la sede del PSOE
Iustitia Europa no entiende cómo es posible que se rechace un testimonio de tanto valor como el de Carmen Pano
Carmen Pano. | TO
Iustitia Europa, una de las acusaciones populares personadas en la causa Koldo, ha recurrido la negativa del juez Ismael Moreno a citar a Carmen Pano, la empresaria que denunció en una entrevista con THE OBJECTIVE pagos irregulares en la sede del PSOE en Ferraz. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional encargó a la UCO de la Guardia Civil que verifique si hay mensajes en los móviles de los implicados en la trama que permitan acreditar esta acusación, pero desestimó por el momento citarla como testigo y resolvió, además, unificar las distintas acusaciones en una sola defensa.
Estas dos últimas medidas vulneran, según Iustitia Europa, los derechos fundamentales. Por ello, el partido político presidido por Luis María Pardo ha presentado dos recursos legales, uno en el citado juzgado y otro de apelación contra un auto del Tribunal Supremo. En los recursos, a los que ha accedido este medio, la organización reclama la citación de Carmen Pano y Leonor González, «cuyas declaraciones son clave para esclarecer un posible entramado de corrupción, cohecho y blanqueo de capitales vinculado supuestamente al PSOE».
La formación también cuestiona la personación del PSOE como acusación popular en el caso, ya que cree que esta estrategia «podría responder a un intento de desviar la atención de su posible implicación en los hechos investigados». En el segundo recurso, refuta «la imposición de una dirección unificada bajo el control exclusivo del Partido Popular, que anula la capacidad de las demás acusaciones populares para actuar con independencia».
Iustitia Europa hace estas peticiones con el objetivo de «fortalecer la transparencia y la confianza en nuestro sistema judicial». Considera que la dirección unificada politiza el procedimiento al reducir las voces independientes y diversas de las acusaciones populares, de las que destaca que tienen intereses divergentes, de modo que de forma desagrupada se refuerza la causa al contar con las distintas sensibilidades.
El juez Santiago Pedraz ya tumbó en octubre la querella que presentó el PP contra el PSOE por financiación ilegal. El magistrado señalaba en el auto que, para admitirla, debe analizarse si los datos ofrecidos de forma anónima en la información periodística que invocaban los populares «tiene la virtualidad suficiente como para iniciar la investigación». La acción judicial se originó tras la confesión de Pano, socia del empresario Víctor de Aldama en el sector de los hidrocarburos.
En el auto recurrido, Moreno ordenó que se librase un oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) para buscar en los dispositivos telefónicos y digitales «algún dato que permita corroborar las manifestaciones efectuadas». El magistrado de la Audiencia Nacional también rechazó la declaración de Pano, que cuantificó los pagos en 90.000 euros: «No procede en este momento procesal acceder a la solicitud de diligencias planteada por las representaciones procesales de las acusaciones populares Iustitia Europea y PP», aseguró.
