Ábalos aporta facturas del chalé que alquiló en Cádiz para negar el cobro de comisiones
El exministro entrega al Supremo el contrato del inmueble de La Alcaldeisa y los pagos que efectuó antes de abandonarlo
El exministro José Luis Ábalos a su llegada el pasado jueves al Supremo. | Mariscal (EFE)
José Luis Ábalos niega que cobrara comisiones a través de Víctor de Aldama. Para demostrarlo ha entregado en el Tribunal Supremo cuantiosa documentación, entre la que destacan las facturas del chalé que alquiló en La Línea de la Concepción (Cádiz), a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El exministro aporta el contrato que suscribió el 1 de julio de 2021 con la propietaria de la comercializadora de hidrocarburos Have Got Time y por el que se comprometía a abonar por adelantado dos meses de fianza (5.000 euros) y 2.500 de euros al mes por el arrendamiento.
Ábalos solo pagó una mensualidad, ya que decidió no seguir adelante con el alquiler porque sus condiciones personales cambiaron. El exministro explicó el pasado jueves en el Supremo que se separó de su esposa y que dejó de ser ministro, circunstancias que le hicieron desistir del contrato. Aldama explicó ante el juez que el chalé de La Alcaldeisa, valorado 665.000 euros, habría sido parte de las mordidas que habría recibido el exnúmero dos del PSOE como contraprestación por sus servicios.
La administradora de la sociedad que firma el contrato con Ábalos es Leonor, hija de la empresaria Carmen Pano, ambas detenidas esta semana por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la investigación por un presunto fraude con el IVA de los hidrocarburos. Pano aseguró en ese diario que llevó bolsas con 90.000 euros a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz por encargo de Aldama.
Las circunstancias de Ábalos
El exministro recibió en octubre de 2021 un burofax por parte del abogado de Have Got Time donde le requería los pagos correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre. «Mediante la presente, le invito a que se ponga al día abonando las referidas rentas de alquiler pendientes en el plazo de dos semanas», le insistió el letrado Ramón Sáez Martínez. El exdirigente socialista mantuvo silencio durante meses.
Ábalos contestó el 1 de febrero de 2022 para comunicarle que «dadas las circunstancias sobrevenidas que me han impedido cumplir con las rentas de alquiler pendientes, deseo acogerme a la alternativa de resolución de arrendamiento y condonación de la deuda pendiente que usted me ofrece». Esta fórmula consistía en devolverle la posesión de la vivienda en un plazo de 20 días. Además, el montante de la fianza habría servido para cubrir parte de la deuda.
La UCO apunta que detrás del chalé en la costa gaditana estaban Aldama y su socio Claudio Rivas, que pretendían usar el inmueble como contrapartida para pagar el favor de Ábalos para conseguirles una licencia de operador de hidrocarburos. El asesor del exministro, Koldo García, les habría conseguido una reunión a través del comisionista de la trama de las mascarillas. Los investigadores sostienen que el exdirigente socialista pretendía realquilar la vivienda.
Un escenario que desmiente Ábalos, que sostiene que existe un cruce de correos. En la documentación aportada al Supremo, en la que incluye pantallazos de Whatsapp en el que pide a Koldo García en julio de 2021 copias de las llaves de la vivienda «para Víctor (su hijo) y Manu a ver si lo pueden alquilar a turistas». El exministro afirma que se estaba hablando de otra vivienda situada en Marbella (Málaga), a la que ese amigo de Víctor Ábalos invitaba al asesor a pasar unos días.
Ábalos incluye en la documentación los informes del Tribunal de Cuentas que analizan los contratos de emergencias que firmaron varias entidades vinculadas a Transportes durante la pandemia. El órgano fiscalizador concluyó que no contenían «irregularidades esenciales». También entrega una auditoría que él mismo encargó para desmontar el informe que presentó Óscar Puente en agosto y que le señala por la compra de cubrebocas.
El Supremo también ha requerido este miércoles al Congreso el suplicatorio para suspender la inmunidad de Ábalos, diputado del Grupo Mixto desde finales de febrero, cuando fue expulsado del PSOE. El juez Leopoldo Puente cree haber encontrado «indicios bastantes» de la posible comisión de al menos cuatro delitos (integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación) por parte del exministro, que el pasado jueves en el Alto tribunal negó haber cobrado comisiones, como señala Aldama.
