Las acusaciones del 'caso Koldo' advierten de su posible nulidad por las trabas del Supremo
Las organizaciones consideran que impedir el acceso a las declaraciones vulnera derechos fundamentales
Representantes de las acusaciones populares este jueves durante una rueda de prensa. | The Objective
Las acusaciones populares del caso Koldo están preocupadas. Consideran que la decisión del juez del Tribunal Supremo de unificarlas bajo la dirección letrada del PP maniata su actuación. Leopoldo Puente ha impedido que sus representantes participen en las declaraciones y acordado que las notificaciones se realicen a través del procurador de los populares. Este jueves han anunciado que presentarán recursos, pedirán amparo al Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y que llegarán hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En su opinión, la «insólita» resolución del magistrado vulnera derechos fundamentales y puede llevar a la nulidad del procedimiento.
«Es una cuestión que tenemos que pedir nosotros. No queremos que la nulidad redunde en beneficio de las defensas. No queremos decir con esto que sean culpables, pero hay que investigar», ha explicado Francisco Montiel, abogado de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), una de las organizaciones personadas en el caso Koldo.
La nulidad es una medida excepcional que se puede solicitar cuando alguna de las partes demuestre que se han cometido irregularidades o violaciones de derechos fundamentales en el desarrollo del proceso, en este caso la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 de la Constitución.
Avances del caso Koldo
Las acusaciones populares del caso Koldo se quedaron fuera de la esperada declaración de José Luis Ábalos el pasado jueves en el Supremo. Puente solo permitió estar presente en el interrogatorio al PP, que dirige la acusación popular. Así lo acordó el juez en un auto por ser la primera en personarse en la causa contra el exministro debido a la falta de acuerdo. Una medida que ha continuado esta semana con las declaraciones del empresario Víctor de Aldama y el asesor del exministro, Koldo García.
Las acusaciones populares han organizado este jueves una rueda de prensa en el Hotel Meliá Princesa de Madrid para advertir de que esta práctica de unificarlas supone «un atentado grave contra la iniciativa ciudadana». Así lo ha indicado Javier María Pérez-Roldán, abogado de Hazte Oír. En su opinión, es necesario acabar con «el mercadeo» que supone otorgar la representación letrada a la primera organización que se persone.
En la mesa le ha acompañado Luis María Pardo, de Iustitia Europa, y el mencionado Montiel. Estaban invitadas el resto de organizaciones, que no han podido acudir por diversos motivos. Entre ellas, Liberum, que ya ha presentado sendos recursos ante el Supremo y pedido amparo al ICAM. También ha solicitado al Consejo General del Poder General (CGPJ) que revoque la decisión de Puente para que se les permita acceder a los interrogatorios y recibir las notificaciones de manera directa.
«La unificación lleva al fracaso», ha reconocido Pardo. En su opinión, las acusaciones populares realizan «un trabajo encomiable» con recursos limitados, por lo que descargar todo el trabajo en un solo abogado imposibilita su labor. Estos han subrayado que la decisión de negarles la entrada a las declaraciones la tomó de oficio el juez que instruye el caso Koldo en el Supremo. En la Audiencia Nacional, en cambio, lo pidió la Fiscalía.
Puente, que investiga la contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia en el Supremo, acordó el pasado 11 de noviembre unificar la representación de las acusaciones populares personadas. Designó para dirigirlas al PP, por ser la primera que se personó y ante la falta de acuerdo entre las partes. Una decisión salomónica que tomó antes de que acabara el plazo para llegar a un pacto, denuncian el resto de acusaciones.
Un día más tarde, los abogados de las acusaciones populares se personaron en el Supremo para asistir a la declaración de Ábalos, pero el juez decidió que solo pasara a la sala el representante del PP, que ostenta la dirección letrada. El resto de acusaciones critica que el auto no decía nada al respecto. El magistrado les reunió para advertirles de su resolución, motivo por el que comenzó con demora el interrogatorio del exministro. Las acusaciones siguen molestas porque les calificara «de público».
