La Audiencia investiga cuatro casos de fraude en hidrocarburos como el que cerca a Aldama
Una de las causas que se indagan afecta al empresario Claudio Rivas, socio del comisionista de la trama de mascarillas
El empresario Víctor de Aldama. | Ilustración de Alejandra Svriz
La Audiencia Nacional investiga cinco casos de fraude con el IVA en el sector de los hidrocarburos. Las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE explican que estas estafas han crecido en los últimos años y cifran el agujero al fisco en más de 1.000 millones de euros. Uno de esos casos motivó el ingreso en prisión de Víctor de Aldama por defraudar presuntamente 182 millones. El tribunal también indaga un caso anterior de su socio, el empresario Claudio Rivas, y otro posible impago de impuestos del Grupo Buran, actualmente en liquidación.
Las fuentes jurídicas afirman que cinco de los seis juzgados de la Audiencia Nacional instruyen casos relacionados con el fraude en el IVA de los hidrocarburos. Desde la institución confirman que existen al menos tres, todos ellos bajo secreto de sumario. De hecho, la semana pasada fueron prorrogados los relacionados con la causa de Buran y el que sigue el magistrado Santiago Pedraz en el Juzgado Central de Instrucción número 5 contra Aldama y Rivas.
En el mundo del petróleo hay muchos negocios. El principal es el del operador de hidrocarburos. En la actualidad existen unos 200. Para serlo, hasta mediados del año pasado solo se necesitaba una licencia que otorgaba el Ministerio de Transición Ecológica (antes Industria) y que permitía importar crudo e inyectarlo en el depósito fiscal para venderlo. Mientras se encuentre en el depósito, la operadora no paga ningún impuesto (ni especiales ni IVA), pero cuando se sale para vender a un distribuidor (principalmente gasolineras) hay que liquidar los impuestos.
El papel de Aldama
A partir de un real decreto aprobado a principios de 2023 es necesario solicitar a la Agencia Tributaria el Redef (Registro de Extractores de Depósitos Fiscales). La medida supuso un pequeño obstáculo al fraude. Aun así, hay operadores que prefieren no tener ese permiso porque su negocio funciona vendiendo in tank (dentro del depósito) a otro operador para sacar beneficio con la subida y bajada del precio o por medio de su alquiler a Cores (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos).
Durante el procedimiento se cometen varios fraudes. Con los impuestos especiales es muy difícil, pero dentro del depósito fiscal existen una serie de empresas llamadas subcuentas que venden a distribuidores que revenden el producto a un cliente final y a empresas comercializadoras, donde se producía el fraude de IVA. Estas venden entre ellas el combustible desde que sale de un operador hasta que llega a un cliente. En dicha operación podían actuar hasta ocho empresas intermedias, que no declaraban el impuesto al valor añadido.
Ese sería el modus operandi seguido por la operadora de hidrocarburos Villafuel, por lo que fueron detenidos Aldama y Rivas. La trama habría defraudado 182 millones de euros en los ejercicios fiscales 2022 y 2023, aunque recientemente la Guardia Civil ha detectado nuevas irregularidades por valor de 45 millones en las cuentas de 2021. Para atajar el problema, el Congreso aprobó en noviembre a propuesta de PSOE y PNV, una iniciativa para modificar la liquidación del IVA en el sector de hidrocarburos. La propuesta entrará en vigor en las próximas semanas.
Villafuel es una de las grandes conocidas dentro del sector. Fue dada de baja en el Redef en 2024 por fraude del IVA y también en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En cifras, pasó de facturar 59 millones de euros en 2022 a ingresar 815 millones el año pasado. Y eso, con ocho trabajadores y una sola gasolinera situada en un polígono industrial de Albacete y alejada del tráfico de vehículos.
La licencia de Villafuel
La compañía registró el año pasado un aumento espectacular de sus beneficios, que se multiplicaron por 20 respecto al ejercicio anterior. De unas ganancias de 1,2 millones de euros pasó a casi 21 millones, presumiblemente gracias a la obtención de una licencia de operadora de hidrocarburos que habría conseguido presuntamente gracias a comisiones ilegales. Aldama y Rivas están siendo investigados en la Audiencia Nacional por fraude, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.
De este permiso se valió la trama para lograr montar una operadora y cobrar a otros empresarios que buscaban conseguir esta codiciada licencia. «Te daban la licencia sin tener los tres millones de euros que se exige», aseguran conseguidores y fuentes expertas en ingeniería financiera para empresas del sector de hidrocarburos. La Guardia Civil sostiene que Aldama tiró de Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos, para organizar un encuentro entre el director de Gabinete de Industria (dirigido entonces por Reyes Maroto) y Rivas.
Villafuel obtuvo la licencia de operador de hidrocarburos en septiembre de 2022. La Guardia Civil sostiene que la trama habría comprado un chalé en la costa gaditana para compensar la intermediación de Ábalos. Una operación que habría solicitado Koldo García a través de Aldama, que maniobró «para que terceras personas negociaran las condiciones de compra, el pago de la señal y la firma del contrato de arras» del inmueble. Entre ellas, Carmen Pano, la empresaria que denunció haber llevado bolsas con 90.000 euros a la sede del PSOE.
Aldama fue detenido el pasado 7 de octubre por el presunto fraude en el sector de hidrocarburos. Ingresó en prisión preventiva días más tarde, aunque fue puesto en libertad el 22 de noviembre al colaborar con la Justicia, aunque en otro caso, el de la adjudicación de las mascarillas al inicio de la pandemia a Soluciones de Gestión. Una causa en la que también está imputado como presunto conseguidor de la trama. Su socio Claudio Rivas fue excarcelado semanas más tarde, el 17 de diciembre, aunque con medidas cautelares.
El caso de Buran
El Juzgado Central de Instrucción número 6 instruye otro caso antiguo de Rivas relacionada con el IVA en el sector de los hidrocarburos. La Audiencia Nacional también investiga al Grupo Buran, actualmente en liquidación, por un presunto fraude de 133 millones de euros. El holding consiguió sobrevivir en julio de 2020 a la inhabilitación de la joya de la corona tras la aparición de la empresa Marillion, que tomó el relevo en la compraventa de hidrocarburos, el grueso del negocio.
Fuentes conocedoras del caso apuntan a Marillion como la empresa que llevó a cabo la mayor parte del presunto fraude del IVA en la venta de hidrocarburos. Días después de ser detenidos Aldama y Rivas, el Ministerio del Interior notificó que se había desarticulado otra organización criminal por un fraude de 133 millones contra la Hacienda Pública durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. Los investigadores subrayaron que los millonarios beneficios eran transferidos a cuentas bancarias en el extranjero.
