Los fiscales señalan a la jefa de Inspección por «tapar» la filtración del 'caso García Ortiz'

Los fiscales cargan contra la fiscal jefa de la Inspección fiscal. Critican que María Antonia Sanz Gaite no inició una investigación interna de oficio para depurar responsabilidades por la filtración de los datos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Le acusan de querer «tapar el escándalo» que cerca al fiscal general del Estado. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular en el Tribunal Supremo, ha pedido al juez que compruebe si cambió de número de teléfono tras el registro del despacho de Álvaro García Ortiz para obstaculizar las pesquisas. Mantiene que no habría sido la única.

El Supremo investiga a Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid, y a García Ortiz por un delito de revelación de secretos por la filtración de datos reservados de Alberto González Amador. La Fiscalía difundió en marzo una nota que trataba de contrarrestar una información errónea publicada en prensa que afirmaba que el Ministerio Público había ofrecido un pacto al novio de Ayuso. En realidad, fue su abogado quien trató de llegar a un acuerdo de conformidad para evitar el juicio por fraude.

Los fiscales consultados por THE OBJECTIVE denuncian que Sanz Gaite no inició una investigación interna de oficio cuando se produjo la filtración el pasado marzo. En su opinión, ese hecho evidencia que la encargada de la Inspección desde mayo de 2021 mostró desinterés en aclarar el caso que cerca a García Ortiz. Este diario no ha podido confirmar que se haya iniciado un procedimiento interno para depurar responsabilidades, aunque fuentes de la institución explican que la investigación administrativa queda en suspenso cuando se desarrolla otra judicial en paralelo.

Sin mensajes de García Ortiz

El informe de la Guardia Civil tras el volcado del móvil de García Ortiz encontró «cero mensajes». Ese hecho demostraría que se borraron las comunicaciones, ya que el análisis de otros terminales incautados constata que tuvo conversaciones con diferentes subordinados, entre ellos la fiscal jefe de Madrid. Un veterano miembro de la carrera ya denunció que vio al fiscal general «revisando» su teléfono el pasado 30 de octubre, mientras los agentes registraban la sede del Ministerio Público.

Una de las hipótesis que barajan los fiscales críticos con García Ortiz es que su jefe borrara los mensajes para dificultar su rastreo. La otra pasa por el cambio de terminal tras el registro que llevó a cabo la Guardia Civil en la calle de Fortuny. Los investigadores no hallaron ningún mensaje en su móvil entre el 8 y el 14 de marzo, fecha en la que se habría producido la filtración. Sin embargo, un informe anterior tras el análisis del terminal de Rodríguez evidencia que interactuó con ella.

APIF ha reclamado al juez que instruye el caso en el Supremo que investigue si García Ortiz u otros fiscales, como la fiscal jefa de la Inspección fiscal o el número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, cambiaron de número de teléfono tras los registros. Una conclusión a la que llega después de advertir en el chat de Sanz Gaite que la responsable de supervisar el buen funcionamiento de la institución había modificado su número.

La asociación incluye en su escrito una captura del whatsapp de Sanz Gaite con un mensaje que le envió un fiscal en excedencia el 23 de septiembre de 2021, aunque ella nunca contestó. El chat no vuelve a tener actividad hasta el pasado 1 de noviembre, el día siguiente a los registros. En esa fecha aparece un mensaje en la conversación anunciando que la fiscal jefa de la Inspección fiscal había cambiado de número, aunque una semana más tarde «pasa a manejar» el original.

Cambio de número

«María Antonia cambió su número de teléfono. Toca para enviar un mensaje al nuevo número», fue el mensaje que pudieron leer en el chat los contactos de Sanz Gaite. Los expertos señalan que, en caso de que se modifique el número y se use el mismo teléfono, se pueden mantener las conversaciones a pesar de que se elimine la cuenta de WhatsApp vinculada al número antiguo.

APIF afirma que no tiene manera de acreditarlo, pero que Sanz Gaite «no sería la única fiscal del entorno de García Ortiz que cambió de número en fechas inmediatamente siguiente al doble registro domiciliario. No es ocioso recordar que la investigada Pilar Rodríguez se refiere al Equipo Fortuny siendo extraño referirse como Equipo cuando supuestamente solo está hablando con Álvaro García Ortiz y Diego Villafañe (al que alude varias veces el informe de la UCO)».

La asociación solicitó el lunes nuevas diligencias, como conocer la identidad tras los terminales incautados en el registro. El juez acordó ese mismo día diversas medidas en ese sentido. La Fiscalía sostiene que los datos se eliminan de forma periódica: se hace un borrado cíclico del contenido de los dispositivos por razones de seguridad. Fuentes del Ministerio Público explican que existen varias normas internas que aconsejan no almacenar los mensajes de forma indefinida.

APIF pide llegar más lejos y solicita requerir al delegado de protección de datos de la Fiscalía los protocolos de borrado de datos que existen, incluyendo dispositivos particulares y corporativos. De momento deja fuera de la ecuación a Sanz Gaite, aunque hay fiscales que se decantan por citarla como testigo. Especialmente, después de las últimas decisiones del juez Ángel Hurtado.

El magistrado del Supremo ha llamado a declarar el próximo 16 de enero a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y al fiscal de delitos económicos, Julián Salto, que denunció por fraude al novio de Ayuso. Lastra ya acudió en junio al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que elevó el caso por la condición de aforado de García Ortiz. Sin embargo, no se le preguntó por la filtración del correo de González Amador. Hurtado también ha citado para el día 21 a dos responsables de comunicación de la Fiscalía.