La Abogacía del Estado pide sin éxito al juez una copia del móvil del jefe de Gabinete de Ayuso
La encargada de formular la solicitud fue la abogada que presentó la querella contra el juez Peinado, Zaida Fernández
Miguel Ángel Rodríguez en un acto con el director de 'El Mundo', Joaquín Manso. | Europa Press
El juez Ángel Hurtado, instructor de la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos relacionado con el novio de Isabel Díaz Ayuso, ha frenado en seco las pretensiones de la Abogacía del Estado. Esta solicitó, de manera insólita, volcar el teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que declaró este miércoles como testigo. Las fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE afirman que la medida es desmesurada, especialmente cuando se trata de un testigo y no de un investigado. Las mismas fuentes añaden que la solicitud podría vulnerar derechos fundamentales.
La solicitud fue presentada por la jefa del área penal de los servicios jurídicos del Estado, Zaida Fernández, la abogada del Estado que ejerce la representación legal de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada por el Tribunal Supremo por la filtración de datos personales del novio de Ayuso.
Fernández trasladó la petición al instructor, pero la respuesta del juez fue clara y contundente. Hurtado argumentó que, en el caso de otros implicados, como el ex secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, la situación era diferente, ya que existían «circunstancias concretas» que justificaban las medidas tomadas, y, además, Lobato consintió voluntariamente la intervención. De este modo, la petición de volcar el móvil del jefe de Gabinete de Ayuso se consideró excesiva y desproporcionada.
La declaración de Rodríguez
Zaida Fernández no ha estado exenta de controversias. Se trata de la abogada que presentó la querella contra el juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó de plano. Fernández, como ya adelantó este medio, ascendió a jefa del área penal poco antes de esa querella, un nombramiento que, según fuentes internas de la Abogacía del Estado, generó cierto malestar.
A pesar de haber aprobado la oposición en 2016, su ascenso no fue bien recibido por muchos de sus compañeros, quienes consideraban que existían otros profesionales con más experiencia en el cargo. «Eligieron a alguien que pudiera ser más dócil», aseguran algunas voces dentro de la institución.
Fuentes judiciales apuntan que el volcado del teléfono móvil de Rodríguez comprometería información confidencial que, si llega a manos del Gobierno de Pedro Sánchez, «podría ser utilizada para fines políticos». Esta perspectiva fue una de las razones principales por las que Hurtado decidió frenar la solicitud.
En su lugar, el juez autorizó que Rodríguez entregara su teléfono únicamente a la letrada de la Administración de Justicia, pero bajo una estricta limitación: el único fin sería cotejar la hora exacta de los dos mensajes de WhatsApp enviados por el jefe de Gabinete de Ayuso a través de dos grupos de difusión de periodistas. Uno de estos grupos tiene más de 50 profesionales de medios nacionales, mientras que el otro se limita a un ámbito local.
Petición insólita
Esta decisión subraya el cuidadoso equilibrio entre la necesidad de esclarecimiento en el proceso judicial y la protección de datos sensibles, lo que ha llevado al juez a imponer estrictas restricciones en cuanto a la información que se puede obtener del teléfono móvil de Rodríguez. A pesar de que el juez rechazó pedirle su teléfono, le solicitó que aportara los mensajes para acreditar la hora en que envió los mensajes, algo que asegura haber hecho después de que El Mundo publicara la noticia que originó la polémica.
El jefe de Gabinete de Ayuso declaró como testigo en el Supremo este miércoles durante 45 minutos. En ese tiempo respondió a las preguntas de la Fiscalía, los abogados del fiscal general y de la fiscal jefe de Madrid, ambos imputados en la causa. El juez tuvo que intervenir en varias ocasiones para reprobar las preguntas del Ministerio Público por ser «poco profesionales» y «no procedentes», ya que no guardaban relación con el objeto de la causa, según las fuentes consultadas.
Un ejemplo de este tipo de preguntas fue la que se realizó al periodista de El Mundo Esteban Urreiztieta, que también estaba citado a declarar este miércoles en calidad de testigo. Durante la sesión le interrogaron sobre cómo diferenciaba una información de un bulo, una cuestión claramente ajena a los hechos que se investigan.
A su salida del interrogatorio, el jefe de Gabinete de Ayuso señaló a la prensa que el fiscal general debía ser juzgado. Y no solo eso: «Tiene que ser condenado de manera ejemplar para que nunca más nadie dé a conocer un expediente secreto de un español». Rodríguez también aseguró que el creador de la trama es el presidente Sánchez, y que no se pueden usar datos privados, «menos aún como un ataque político».
«El presidente del Gobierno ha decidido atacar a Ayuso y eso le va a llevar también a él al juzgado», señaló Rodríguez. El jefe de Gabinete de la presidenta madrileña llegó al Supremo minutos antes de su declaración. Lo hizo acompañado de varias personas, pero sin asistencia letrada, dado que declaraba como testigo. Antes de acceder al tribunal, recordó a los periodistas que estaba obligado a decir la verdad. Preguntado sobre si temía acabar imputado tras su declaración, fue tajante: «¿Por qué? No hay datos para eso».
