La ley que propone el PSOE habría impedido investigar los casos 'Gürtel' y 'Bárcenas'

El PSOE ha registrado este viernes una proposición de ley que busca restringir el papel de la acusación popular en los procesos judiciales en España, así como la validez de las denuncias basadas en recortes de prensa. Bajo el título de «Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas», la propuesta reforma esta figura procesal, limitándola a las fases de juicio oral y a la formulación inicial de querellas, excluyéndola de la instrucción. Según los socialistas, la ley pretende evitar el uso abusivo de esta herramienta con fines políticos, aunque irónicamente fue explotada por su partido en casos como la trama Gürtel, cuyo desarrollo judicial permitió destapar una de las mayores redes de corrupción vistas en el país.

La propuesta no llega en un momento cualquiera, sino que se produce tras lo que podría calificarse como un annus horribilis judicial para el entorno de Pedro Sánchez, con la imputación de su esposa Begoña Gómez a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, basada principalmente en recortes de prensa. Este caso, unido a otro similar que afecta al hermano de Sánchez, ha sido señalado como el detonante de una reforma que, para la oposición y diversas voces críticas, parece diseñada ad hoc para proteger los intereses del entorno más cercano al presidente. Sin embargo, lo que esta reforma también pone en cuestión es el papel histórico de la acusación popular como herramienta clave en la lucha contra la corrupción en España.

Esta relevancia histórica de la acusación popular también ha sido destacada desde el ámbito judicial. María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), principal asociación de jueces en España, reconoció que «se ha hecho un uso abusivo del ejercicio de la acción popular, un uso abusivo que se ha hecho por parte de todos los partidos políticos. También por quien ahora presenta esta proposición de Ley Orgánica». No obstante, subrayó su importancia en casos de corrupción, afirmando que «en muchas ocasiones este uso de la acción popular ha permitido la condena por delitos relacionados con la corrupción política, que a lo mejor, sin ser ese inicio de la actuación judicial con la acusación popular, no lo hubiéramos conocido». Del Barco destacó además que esta figura es esencial para evitar que posibles inactividades del Ministerio Fiscal obstaculicen la acción penal.

El caso Gürtel, uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país, ilustra de manera clara la importancia de esta figura jurídica. Sin la acusación popular, liderada por asociaciones como la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), muchas de las investigaciones que destaparon el entramado vinculado al Partido Popular probablemente nunca habrían prosperado. La implicación directa del partido en tramas de financiación ilegal, los contratos adjudicados de manera fraudulenta y el enriquecimiento ilícito de sus responsables salieron a la luz gracias a la insistencia de estas organizaciones, que mantuvieron vivo el caso cuando otras partes no estaban dispuestas a actuar.

La sentencia del caso Gürtel, emitida en 2018, marcó un punto de inflexión en la política española, provocando la moción de censura que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy. Este desenlace no habría sido posible sin el papel desempeñado por la acusación popular, que permitió mantener el foco en los detalles de una trama que afectaba a las más altas esferas del poder político. Sin embargo, bajo las limitaciones que propone el PSOE en su nueva ley, el avance de este caso podría haberse visto seriamente obstaculizado.

El caso Gürtel no es el único ejemplo de la relevancia de esta figura procesal en la lucha contra la corrupción. Otros casos emblemáticos, como el caso Nóos, donde el sindicato Manos Limpias también jugó un papel crucial para lograr la imputación de la infanta Cristina, habrían quedado en el tintero bajo las restricciones que ahora se plantean. En este caso, las acusaciones iniciales se basaron en indicios documentales que, de acuerdo con las nuevas normas propuestas, podrían haber sido desestimados en etapas tempranas por falta de pruebas concretas o por considerarse «meras hipótesis sin fundamento creíble».

El caso Bárcenas es otro ejemplo significativo. Este escándalo surgió a raíz de informaciones que apuntaban al cobro de sobresueldos en el Partido Popular, publicadas inicialmente por El Mundo, así como de los denominados «papeles de Bárcenas», divulgados poco más tarde por El País. Los documentos detallaban supuestos pagos en negro a altos cargos del partido llevados a cabo durante años. Dado que la denuncia inicial que llevó a la apertura del caso estuvo basada en las mencionadas investigaciones periodísticas, dicha denuncia podría no haberse llevado a trámite de haber estado en vigor esta Ley.

La propuesta del PSOE introduce además una medida que prohíbe la actuación de partidos políticos, sindicatos y fundaciones como acusación popular si tienen algún vínculo con el caso en cuestión. Esta restricción, presentada como una garantía de imparcialidad, podría haber dificultado investigaciones en casos como el de la Púnica o el caso Bárcenas, donde diversas asociaciones ejercieron de contrapeso frente a las estrategias defensivas de los acusados.

Las críticas a la reforma también han señalado su carácter paradójico. En marzo de 2023, el propio PSOE utilizó recortes de prensa para solicitar la reapertura de una pieza del caso Villarejo relacionada con supuestos espionajes al entorno familiar de Pedro Sánchez. Mientras que en este caso concreto los recortes de prensa se consideraron un indicio suficiente, ahora el partido propone que este tipo de evidencias no sean admisibles para iniciar procedimientos judiciales.

Con esta reforma, el PSOE justifica su propuesta en la necesidad de evitar procesos judiciales abusivos y políticamente motivados, pero no son pocos los que ven en esta medida una forma de blindaje personal frente a los escándalos que afectan a figuras del entorno de Pedro Sánchez. Si esta ley hubiera estado en vigor años atrás, casos como Gürtel, Nóos o los ERE podrían haber quedado archivados o incluso nunca haberse investigado. Según las voces críticas, lo que está en juego no es solo la regulación de una figura jurídica, sino el equilibrio entre la protección frente a abusos judiciales y el derecho de la sociedad a exigir responsabilidades ante los poderes públicos.