Los venezolanos del 'caso Duro Felguera' propondrán que Moratinos declare en su juicio
Según los procesados, el acto de adjudicación de una central termoeléctrica contó con Hugo Chávez y el exministro
El exministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. | Zuma Press
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó, en abril de 2024, el procesamiento de la empresa asturiana Duro Felguera, de su expresidente Juan Carlos Torres, y de los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado, por su implicación en una presunta trama de sobornos relacionada con la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, varios de los venezolanos involucrados en el caso solicitarán en sus respectivos escritos de acusación, en las próximas semanas, que el exministro de Asuntos Exteriores del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Ángel Moratinos, comparezca como testigo en la vista oral.
La decisión de que los investigados se enfrenten a juicio está vinculada a delitos graves como corrupción internacional, falsificación de documentos mercantiles y blanqueo de capitales. Estos hechos se remontan a 2009, en plena crisis energética en Venezuela, un momento de profunda inestabilidad que llevó al gobierno de Hugo Chávez a declarar una «emergencia eléctrica» debido a las restricciones en el suministro de energía que afectaron a gran parte del país.
Contrato a Duro Felguera
En ese contexto de urgencia, y como parte de las medidas adoptadas para mitigar la crisis energética, las autoridades venezolanas decidieron la construcción de la central termoeléctrica Planta El Sitio, en Santa Lucía, estado de Miranda, cuyo propósito era garantizar el abastecimiento eléctrico a la Gran Caracas, una región densamente poblada con más de 4,5 millones de habitantes. La central se convirtió en uno de los proyectos más relevantes de infraestructura de la era chavista.
Según la investigación del juez Ismael Moreno, el entonces ministro de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, facilitó la adjudicación de este importante contrato a la empresa española Duro Felguera, lo que, presuntamente, según el juez, estuvo condicionado a la entrega de sobornos a funcionarios públicos venezolanos. Los pagos ilícitos habrían sido realizados con el fin de asegurar que la obra fuera adjudicada a la empresa asturiana, en detrimento de otros posibles oferentes.
Moreno explica que Duro Felguera, para ejecutar la construcción de la planta, operó bajo el nombre de UTE Termocentro, una unión temporal de empresas que firmó una serie de contratos con entidades y personas venezolanas. Estos contratos habrían tenido como objetivo ocultar los pagos de sobornos a funcionarios públicos del gobierno venezolano, quienes intervinieron en la adjudicación del proyecto. Los fondos ilícitos fueron desviados a través de «sociedades interpuestas», una maniobra para disfrazar la verdadera naturaleza de las transacciones y evitar su rastreo.
El flujo de dinero
De acuerdo con los detalles aportados por el juez, al menos 105 millones de dólares fueron canalizados hacia el exviceministro Villalobos. Estos pagos, realizados a través de una compleja red de empresas fachada, habrían servido para garantizar que la empresa española obtuviera el contrato para ejecutar el proyecto Termocentro, cuyo valor total ascendía a unos 1.500 millones de dólares.
Este esquema de corrupción internacional involucró a funcionarios de alto rango en Venezuela, así como a intermediarios y personas vinculadas al sector empresarial español. Las investigaciones apuntan a que, a través de este «trato preferencial» obtenido mediante sobornos, Duro Felguera no solo consiguió el contrato, sino que además pudo superar la competencia y llevar adelante la obra sin mayores obstáculos.
El papel del Gobierno de Zapatero
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en el desarrollo del caso es la relación entre este proyecto y el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero. Según diversas fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, el acto formal de adjudicación de la obra se celebró en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, y contó con la presencia tanto del presidente Hugo Chávez como la de Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores en ese momento. Este hecho ha llevado a los abogados de los venezolanos implicados en el caso a solicitar que Moratinos sea llamado a declarar como testigo en el juicio, al considerar que su presencia en dicho evento resulta «imprescindible» para aclarar la dimensión política y diplomática de la adjudicación del proyecto.
Las fuentes aseguran que las gestiones de algunos miembros del gobierno español fueron clave para la concreción de acuerdos empresariales con el régimen de Chávez, lo que implica una posible complicidad, o al menos un conocimiento directo de las operaciones ilícitas que se habrían realizado. Fuentes solventes explican a este periódico que las gestiones de políticos españoles del entonces Gobierno socialista fueron claves para cerrar acuerdos empresariales con el chavismo. De hecho, el ex secretario general de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), Juan Carlos Márquez, manifestó ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que vio a «muchos otros políticos españoles» acudir al despacho del ministro y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Después de esa declaración, el investigado pidió al juez que le volviese a citar para «contar todo lo que sabía», pero dos días antes de su cita en la Audiencia Nacional apareció ahorcado.
