Los fiscales progresistas creen que investigar a García Ortiz es «un ataque sin precedentes»
La UPF acusa a otra asociación personada en la causa de participar en una «caza de brujas»
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. | Carlos Castro (Europa Press)
Los fiscales progresistas vuelven a salir en defensa de Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo ha citado este lunes al fiscal general para que declare como imputado el próximo 29 de enero en la causa que le investiga por revelación de secretos. La Unión Progresistas de Fiscales (UPF) manifiesta en una nota a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE su «disconformidad y perplejidad» con la decisión porque supone «criminalizar» el funcionamiento del Ministerio Público. En su opinión, se trata de «un ataque sin precedentes» contra la institución y acusa a otra asociación de participar en una «caza de brujas».
García Ortiz está siendo investigado por el Supremo por la filtración de datos privados del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El juez que instruye el caso, Ángel Hurtado, ha dictado este lunes un auto en el que cita al fiscal general a declarar el 29 de enero al considerar que existen «apuntalados indicios» de que la citada filtración partió de la Fiscalía. Así lo acreditan las diligencias practicadas, especialmente los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El magistrado también ha citado para el día 30 a la otra investigada, la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y ha imputado a otro colaborador de García Ortiz, Diego Villafañe. El número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado tendrá que acudir al Supremo a declarar el 5 de febrero. La UPF considera que la resolución de Hurtado no argumenta indicios incriminatorios, sino que describe «el funcionamiento normal y ordinario de la institución».
Proteger a García Ortiz
La asociación, en la que García Ortiz actuó de portavoz, considera que el auto vislumbra una «absoluta» falta de indicios que «deberían llevar de forma inmediata al archivo de este procedimiento». No es la primera vez que lo pide. En un comunicado similar publicado principios de diciembre, la UPF ya mostró su «profunda inquietud y preocupación» por el desarrollo procesal al considerar que se han desarrollado acciones «injustificadas, innecesarias y gravemente desproporcionadas».
En esta ocasión da un paso más y asegura que esta decisión les lleva a pensar que nos encontramos antes «un ataque sin precedentes a la institución del Ministerio Fiscal, al trabajo diario de los fiscales y al Estado de Derecho». Además, subraya que en esta «auténtica caza de brujas» se haya contado con «la entusiasta participación» de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular. Estos aseguran que se personaron ante la inacción de la Fiscalía en el caso.
La UPF hace un llamamiento «solemne» a la carrera fiscal al considerar que se está atacando el funcionamiento de la institución. «Cualquiera de nosotros podemos ser llamados por nuestro jefe a dar cuenta de nuestro trabajo y no se nos puede investigar por dar cuenta de nuestro trabajo. La sociedad española debe saber que la autonomía del Ministerio Fiscal, pieza fundamental de la Justicia democrática, está en verdadero peligro».
«Queremos recordar y subrayar que los principios de la unidad de actuación y dependencia jerárquica son el ADN del Ministerio Fiscal y están consagrados en el artículo 124 de la Constitución, que establece: El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad». La resolución, insiste, ignora una norma «esencial» que rige la actuación de la Fiscalía, el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Órdenes a subordinados
Este precepto subraya que «el fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos. Cuando dichas instrucciones se refieran a asuntos que afecten directamente a cualquier miembro del Gobierno, el fiscal general deberá oír con carácter previo a la Junta de Fiscales de Sala». El cónclave se mostró dividido sobre la continuidad de García Ortiz.