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La declaración de García Ortiz en el Supremo genera un conflicto de interés en la Fiscalía

Los fiscales le piden renunciar porque ningún subordinado puede enfrentarse a su jefe en una institución jerárquica

La declaración de García Ortiz en el Supremo genera un conflicto de interés en la Fiscalía

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el pasado noviembre. | Eduardo Parra (Europa Press)

El último movimiento del Tribunal Supremo pone en un brete a los fiscales. El juez ha citado a declarar el 29 de enero a su jefe, Álvaro García Ortiz, investigado por un delito de revelación de secretos. Miembros del Ministerio Público han mostrado a THE OBJECTIVE su preocupación porque la declaración genera un conflicto, ya que cualquier fiscal, subordinado suyo, «tiene un interés directo o indirecto en el resultado del pleito». Especialmente su número dos, María Ángeles Sánchez Conde, encargada del caso. Las fuentes consultadas insisten en que la única solución pasa por la renuncia del fiscal general, algo que este descarta.

«El conflicto de interés existe desde el principio, cuando un subordinado del fiscal general asume el caso», denuncian los miembros del Ministerio Público. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada en el caso, y la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) pidieron a García Ortiz que dimitiera tras su imputación para evitar disonancias. El fiscal general siguió en el cargo argumentando que era la decisión «más prudente para la institución a medio y largo plazo» y suponía «reforzar» su independencia.

El artículo 2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) establece que la Fiscalía «ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad». El 25 señala que el fiscal general puede dar «órdenes e instrucciones a sus subordinados». Un extremo que subraya el auto del juez, que considera que García Ortiz usó su jerarquía para conseguir los correos electrónicos filtrados del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Subordinados de García Ortiz

El caso recayó en Sánchez Conde, teniente fiscal en el Supremo, que ya dio instrucciones a una fiscal para que informara a favor de archivar la denuncia que interpuso el novio de Ayuso, Alberto González Amador. Lo hizo antes de que el asunto llegara al Alto tribunal, que el 16 de octubre acordó abrir una causa. Días más tarde, la número dos de García Ortiz se posicionó a favor de su jefe en el Consejo Fiscal. El fiscal general logró el apoyo mayoritario del cónclave, pero encontró más reticencias en la Junta de Fiscales, muy dividida.

«La Fiscalía no está ejerciendo su labor: no existe ni independencia ni imparcialidad. Nadie va a actuar contra su propio jefe, que tiene la capacidad de premiar o castigar y hasta de decidir sus vacaciones», lamenta un prestigioso fiscal. Considera que con este modus operandi García Ortiz ni siquiera necesita abogado, ya que la Fiscalía no va a cumplir su papel como acusación. «¿Qué preguntas le va a hacer Sánchez Conde el 29 de enero? Este caso es una tomadura de pelo», insiste.

«Si García Ortiz dice que no hay delito y existe jerarquización y unidad de acción, ¿qué puede decir un subordinado?», se queja un fiscal crítico. Este afirma que «cualquier fiscal tiene obligación de abstenerse de participar», aunque señala que Sánchez Conde no va a dar un paso atrás el próximo 29 de enero. «Está muy contaminada. Se ha implicado desde el principio», asegura otro veterano fiscal.

Un extremo que apunta otro compañero: «No solo ha estado en contacto con García Ortiz, sino que incluso le vieron departiendo con él durante el registro de su despacho». Un fiscal del Supremo aseguró haber visto al fiscal general «revisando» su móvil con su número dos ese 30 de octubre. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha determinado que el jefe del Ministerio Público borró mensajes de su teléfono, ya que estos se encontraron en el terminal de la fiscal jefe de Madrid, también imputada.

Cambios en la ley

El juez que instruye el caso ha solicitado a los agentes que traten de recuperar los mensajes desaparecidos. «Lo único oportuno es la renuncia de García Ortiz. Seguir en el cargo nos coloca en una situación imposible porque ningún subordinado es libre de ejercer su función con independencia», insiste otro fiscal. Este revela que el EOMF no prevé la situación actual, por lo que no hay ningún instrumento para apartar del puesto al fiscal general.

Las fuentes consultadas afirman que los fiscales obedecen al mismo reglamento disciplinario que los jueces. Explican que si se abre juicio oral contra García Ortiz, este sería suspendido en virtud al artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Otras voces discrepan. Rechazan que pueda ser apartado incluso en ese escenario. «El fiscal general no forma parte de la carrera, es un servicio especial», señala un veterano miembro del Ministerio Público.

Para que eso ocurra, habría que incluir en el artículo 44 del EOMF una nueva causa de suspensión para los fiscales. En la actualidad, están incapacitados para ejercer las funciones aquellos que «no tengan la necesaria aptitud física o intelectual»; los que hayan sido condenados por delito doloso y no hayan obtenido rehabilitación; los concursados no rehabilitados y aquellos que pierdan la nacionalidad española. Sin embargo, ni el Gobierno ni sus socios parecen dispuestos al cambio legislativo.

El Ejecutivo reiteró este lunes su confianza en García Ortiz a pesar de que el Supremo considera que existen «apuntalados indicios» de su participación en la filtración. Podemos ve detrás de la citación del fiscal general un caso más de lawfare, mientras que PP y Vox reclaman su dimisión.

La oposición apunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que el auto señala que el correo electrónico filtrado salió de la Fiscalía y tuvo como destino Moncloa, que hizo gestiones para que acabara publicado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no comparte la citación porque «lo único» que hizo la Fiscalía fue «contestar a un bulo».

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