La Fiscalía pide investigar a la pareja de Ayuso por el pago de una «comisión encubierta»
Pone el foco en la compra de una empresa a la mujer del presidente de Quirón Prevención por medio millón de euros
Alberto González Amador sigue en la diana. La Fiscalía pone el foco en el presunto pago de medio millón de euros que habría realizado a la pareja del presidente de Quirón Prevención por una operación en la que observa una posible «comisión encubierta». En su opinión, se debe investigar para aclarar si cometió un delito de corrupción en los negocios. El novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha centrado sus esfuerzos en que la juez que instruye el caso cerrara cualquier línea sobre el supuesto uso de una sociedad pantalla para facturar al grupo sanitario. El Ministerio Público también ha pedido citar al empresario por defraudar 350.000 euros, ya que el próximo marzo se cumple el límite de un año de instrucción.
La Fiscalía de Madrid afea la estrategia del novio de Ayuso, al que acusa de «desdeñar» los indicios de delito observados por la instructora de las actuaciones de la inspección tributaria. La juez investiga a González Amador desde el pasado marzo por un delito de falsedad documental y otros dos delitos fiscales que su defensa ya reconoció por email al fiscal de Delitos Económicos Julián Salto. Se trata del polémico correo electrónico por cuya filtración se investiga en el Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
«Es muy llamativa la falta de explicación alguna respecto a lo que parece ser el pago de una comisión encubierta de medio millón de euros, conducta que es susceptible de constituir un delito de corrupción en los negocios», especifica el texto de la Fiscalía. El escrito pide a la Audiencia Provincial de Madrid que desestime el recurso del novio de Ayuso y avale la creación de una pieza separada sobre esta nueva línea de investigación. La defensa de González Amador había solicitado que cerrara las pesquisas al respecto.
La defensa de Ayuso
El fiscal pone el foco en una operación por la que el empresario compró en 2020 a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, la empresa Círculo Belleza, dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética, por casi medio millón de euros. Según un informe de la Inspección Tributaria, esta sociedad no tenía inmuebles o empleados y su activo material se limitaba a un ordenador portátil «sin valor» y tres aparatos de depilación y remodelación corporal. Es decir, subraya el fiscal, «carecía de valor».
La sociedad pasó a llamarse Masterman & Whitaker. El fiscal sospecha que el novio de Ayuso usó dicha empresa de forma interpuesta y simulada en la facturación de unos servicios a Quirón Prevención para conseguir un «ahorro fiscal». La Fiscalía defiende que «no es una decisión irrazonable» pensar que la compra de la empresa «en realidad encubría el pago encubierto de una comisión ilícita» del que la defensa «no ha dado explicación alguna» y que podría constituir un delito de corrupción en los negocios.
El Ministerio Público reconoce en su escrito que, aunque el interés patrimonial de Quirón Prevención «no se ha visto menoscabado por el cobro por la esposa de su presidente de lo que parece ser una comisión de medio millón de euros», el bien que sí está afectado es «el orden socioeconómico». Para el fiscal, los precios en el mercado se deben formar «mediante la limpia confluencia de oferta y demanda, y no mediante el pago de sobornos».
La Fiscalía no ve rastro de ninguna investigación prospectiva contra González Amador, como esgrimió el novio de Ayuso, y recuerda que esta no se inició por «informaciones más o menos contrastadas, más o menos creíbles, más o menos interesadas», sino por un informe de la Inspección tributaria.
Ahorro fiscal y facturas ficticias
Dicho informe calificó como «claro» que el investigado buscó «un verdadero ahorro fiscal» al utilizar una sociedad interpuesta para emitir facturas por servicios que en realidad prestó su otra empresa (Maxwell Cremona). Los expertos también destacan que el novio de Ayuso habría emitido «facturas ficticias de gasto». Un «actuar simulado y ficticio» con el que consiguió decidir en cuál de sus empresas quiso tributar por los beneficios obtenidos por Quirón Prevención.
La posición del Ministerio Público choca con los intentos del Gobierno de la Comunidad de Madrid de presentar a González Amador como una víctima de una cacería política para perjudicar a Ayuso. Una estrategia a la que también se ha referido el jefe de Gabinete de la presidenta regional, Miguel Ángel Rodríguez. Durante su declaración como testigo del caso García Ortiz en el Tribunal Supremo el pasado 8 de enero, apuntó en esa línea y llegó a acusar al presidente del Gobierno de estar detrás de las maniobras.
La Fiscalía de Madrid ya instó a la juez a que cite a declarar al novio de Ayuso para evitar que corran los plazos de instrucción. Esta petición se produce porque en marzo se cumple un año desde que se abrió el caso, el límite legal para hacerlo. El escrito amplía la solicitud para otros cuatro empresarios, cuyas comparecencias se han suspendido hasta en tres ocasiones.
Ninguno de ellos ha dado, por tanto, explicaciones ante la magistrada. En noviembre, González Amador demandó la suspensión de la sesión hasta que la Audiencia de Madrid resolviera su recurso contra la ampliación de la causa para investigar sus negocios con Quirón Prevención.