El juez que investiga a García Ortiz abre la puerta a citar a sus contactos en Moncloa
El magistrado apunta que el ‘email’ del novio de Ayuso tuvo «salida de la Fiscalía y destino Presidencia de Gobierno»
Conexión directa entre la Fiscalía y Moncloa. El juez que investiga a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos subraya que los datos filtrados del novio de la presidenta madrileña salieron del Ministerio Público y tuvieron como destino «Presidencia del Gobierno» antes de saltar a un medio de comunicación. El magistrado ha citado a declarar como imputado al fiscal general el 29 de enero. Los días siguientes lo harán la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe. El auto anticipa nuevos señalamientos y apunta al entorno de Pedro Sánchez.
Hurtado considera que las diligencias practicadas, especialmente los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, «aportan una información de peso» que viene a «apuntalar» la presunta participación de García Ortiz y Rodríguez en la filtración investigada. En su último auto, dictado el pasado lunes, imputa a Villafañe, al que los investigadores atribuyen una «participación preeminente» en la filtración de los correos electrónicos del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Estas tres citaciones son solo el preludio de lo que vendrá a continuación, indican las fuentes jurídicas consultadas. En su opinión, la resolución de Hurtado abre la puerta a citar a los colaboradores con los que pudo contar el fiscal general en Moncloa para filtrar información reservada de Alberto González Amador a los medios de comunicación. «Pilar Sánchez Acera y los ex secretarios de Estado de Comunicación Ion Antolín y Francesc Vallès son testigos potenciales», admiten las mismas fuentes a THE OBJECTIVE.
El papel de García Ortiz
En los emails, el novio de Ayuso admitía ser autor confeso de dos delitos fiscales y proponía al representante del Ministerio Público un pacto de conformidad para evitar el juicio. El magistrado considera que existen «apuntalados» indicios de que García Ortiz «dirigió los pasos» que hicieron posible la filtración. Lo hizo «aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición». Rodríguez y Villafañe, presuntos cómplices, le habrían asistido de manera coordinada.
Hurtado, que no menciona la filtración de otro email por parte del jefe de Gabinete de Ayuso, relata en el escrito el «trasiego» de mensajes que se intercambiaron el fiscal general y Rodríguez entre las 21.59 y las 23.51 horas del 13 de marzo del año pasado, momento en el que se publica en la Cadena SER el correo fechado el 2 de febrero en el que González Amador reconoce los delitos. La mañana del 14 de marzo, insiste el auto, se difundiría una información reservada y confidencial «que no debió divulgarse».
El auto revela que el correo del 2 de febrero circuló por Moncloa «con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno». De ahí saltó al diario El Plural. El Gobierno califica de «elucubración» vincular al entorno de Sánchez con el caso del novio de Ayuso. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, afirmó este martes que «no hay ninguna base documental» que lo sustente.
«Llegando a Presidencia del Gobierno, se puso a disposición del testigo Juan Lobato al objeto de que hiciera uso de él con una clara finalidad política en la intervención que tendría la mañana del 14 de marzo en la Asamblea de Madrid», insiste el juez Hurtado en su última resolución. El antiguo líder del PSOE madrileño planteó sus dudas de que la información se hubiese publicado en algún medio y desistió de utilizarla.
Lobato acude al notario
El magistrado sostiene que, «ante estas circunstancias, desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación en El Plural del correo de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal, donde aparece, pero con los datos personales tapados, que es el que muestra en la Asamblea Lobato y que no estaban en el correo que con anterioridad había recibido él de Presidencia».
Lobato acudió meses más tarde a un notario para registrar las conversaciones que mantuvo sobre el email del novio de Ayuso con miembros de Moncloa, según avanzó el diario ABC. Las comunicaciones a través de WhatsApp se produjeron con Pilar Sánchez Acera, que ejercía como directora de Gabinete de Óscar López, entonces jefe de gabinete de Sánchez y ahora ministro de Función Pública y líder del PSOE de Madrid.
Sánchez Acera, exdiputada regional, instó al antiguo secretario del PSOE de Madrid a las 08.29 horas del 14 de marzo a usar la información reservada de González Amador, que desconfió de sus explicaciones. La primera publicación apareció a las 09.46 horas en El Plural, medio afín al PSOE. La información fue reproducida minutos más tarde por la Cadena SER y La Sexta. Lobato quería garantías de que el email que iba a utilizar contra Ayuso había sido divulgado, algo que le eximiría de cualquier responsabilidad.
Hurtado citó a Lobato a declarar en calidad de testigo el 29 de noviembre. El antiguo secretario general de los socialistas madrileños entregó al magistrado el acta notarial y su teléfono móvil para que lo analizara la UCO. El informe del terminal reveló que Moncloa accedió al email del novio de Ayuso antes de que este se publicara, por lo que «su procedencia no puede ser la publicación en medios».
Los mensajes de Sánchez Acera
El informe, al que tuvo acceso este diario, detalla la cadena de mensajes que intercambiaron Lobato y Sánchez Acera. La mano derecha de Óscar López envió al antiguo líder del PSOE madrileño los mensajes que se intercambiaron el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, y abogado del novio de Ayuso, que buscaba un pacto de conformidad para su cliente.
La Guardia Civil incide en que Sánchez Acera no le envía a Lobato el enlace a una noticia de Internet para hacerle llegar el correo electrónico, «sino que le remite una captura de la imagen de dicha misiva». Los investigadores recalcan que el email aparece «íntegro» con «todos los datos personales que en las noticias de prensa se suelen tapar para cumplir con la legalidad como, por ejemplo, el teléfono del abogado (que sí sale oculto en el artículo publicado posteriormente en El Plural)».
Los agentes también subrayan que Sánchez Acera indicó a Lobato que el correo electrónico iba a «salir» antes de que el líder socialista compareciera públicamente. La jefa de Gabinete de Óscar López dijo que le avisaría cuando estuviese publicado en la prensa. «Es decir, no está en los medios, según ella transmite, pero tiene la certeza de cuándo se publicará», señala el informe de la UCO.
Los investigadores apuntan que también conocían el documento otros miembros del PSOE y del Gobierno, que habrían presionado a Lobato para divulgar la información. «Los días 13 y 14 de marzo, distintos escalones directivos, a nivel regional y nacional, están al tanto de las informaciones que se publican sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intentando coordinar actuaciones». La UCO señala al entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, y al director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín.
Vallès y Antolín
«Dice Francesc Vallès que estés en guardia permanente porque va a ir esto a más», avisa Sánchez Acera a Lobato el pasado 13 de marzo. Los investigadores entienden que se refiere a «lo relacionado con las informaciones relacionadas con la pareja de la presidenta madrileña». Insisten en que ese día y el siguiente, Lobato y el ex secretario de Estado de Comunicación solo trataron informaciones relacionadas con el novio de Ayuso a través de WhatsApp.
De ese polémico email también habrían tenido conocimiento Laura Sánchez Espada, directora de Comunicación de la ministra de Vivienda, y el director del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, David del Campo, que habría aconsejado a Lobato que no hiciera público el documento que le habría facilitado Sánchez Acera.