Dos fiscales niegan al juez el protocolo en el que se excusó García Ortiz para borrar mensajes
La UCO encontró «cero mensajes» en el terminal y la Fiscalía lo achacó a una norma que aconseja el borrado cíclico
El fiscal Julián Salto, a su llegada este jueves al Tribunal Supremo. | Alberto Ortega (Europa Press)
La declaración de dos fiscales ponen a su jefe contra las cuerdas. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, han negado este jueves en el Tribunal Supremo que exista un protocolo de borrado de mensajes, como aseguró la Fiscalía para excusar que los investigadores no encontraran ninguno en el teléfono de Álvaro García Ortiz. De confirmarse, el fiscal general no podrá justificar por qué borró sus conversaciones, que podrían arrojar luz a la filtración de datos personales por parte del Ministerio Público que denunció el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El volcado del teléfono de García Ortiz reveló que existían «cero mensajes» en su terminal entre el 8 y el 14 de marzo, los días clave en los que habría tenido lugar la filtración de datos del novio de Ayuso, Alberto González Amador. Un informe de la Guardia Civil demuestra que se borraron, ya que el análisis de otros terminales incautados constata que existieron conversaciones con diferentes subordinados, entre ellos la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada.
El fiscal general también se comunicó con Almudena Lastra, que aportó los mensajes al inicio de la investigación. La fiscal superior de Madrid y Salto han comparecido este jueves en el Supremo en calidad de testigos para poner en tela de juicio la explicación que ofreció el delegado digital de la Fiscalía General del Estado, que aseguró que los mensajes se borraban cada cierto tiempo por una cuestión de protocolo. Un extremo que han negado ambos comparecientes, según las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE.
El borrado de García Ortiz
Fuentes del Ministerio Público explicaron hace semanas que García Ortiz eliminó personalmente los mensajes referidos a ese periodo temporal. No obstante, aclararon que no lo hizo de forma específica, sino como parte de un protocolo. Lastra ha señalado que los mensajes no se borran aunque exista un cambio de terminal, sino que la información se traslada al nuevo móvil. «No se borra absolutamente nada en el proceso», ha insistido ante el juez.
Una versión que ha ratificado Salto. El fiscal de Delitos Económicos, que investigó al novio de Ayuso por delitos fiscales, ratificado este jueves la versión que ofreció el pasado junio ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Como ya narró, la noche del pasado 13 de marzo tuvo que salir de un partido de fútbol para atender la demanda de la fiscal jefe de Madrid, que le requirió los correos intercambiados con el abogado de González Amador con «urgencia» porque «el fiscal general no puede esperar».
La Fiscalía defiende que realiza un borrado cíclico del contenido de teléfonos, ordenadores y otros dispositivos por razones de seguridad, tanto del fiscal general como del resto de miembros de la institución, justificando de esta manera que la UCO no encontraran mensajes en el terminal. De hecho, insistieron, existen normas internas sobre protección de datos que aconsejan no almacenarlos «indefinidamente», entre ellas la instrucción 2/2019.
En un informe posterior, la UCO determinó que García Ortiz había cambiado de teléfono móvil el 23 de octubre. Esa fecha coincide con la semana en la que el Supremo imputó al fiscal general por una presunta revelación de secretos. El juez solicitó a la Guardia Civil a principios de enero que intentara recuperar todos los mensajes borrados y que se le hiciera llegar «los datos de llamadas emitidas y recibidas».
Días más tarde, García Ortiz contactó con la cúpula de Telefónica para lograr el listado de llamadas antes que el juez. La intención sería reconstruir lo que sucedió durante los días claves de la filtración para preparar su defensa, ya que está citado a declarar como imputado el próximo 29 de enero. Fuentes de la compañía y del Ministerio Público negaron cualquier contacto, aunque este diario ha podido certificar que tuvo lugar.
