Giro del fiscal del 'caso Ayuso': pide investigar a su novio por corrupción tras negarse dos veces

Cambio de criterio del fiscal que lleva el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. En su último escrito, y en contraste con la línea que había seguido hasta ahora, Diego Lucas pide a la juez que abra una pieza separada e investigue si Alberto González Amador cometió un delito de corrupción en los negocios en una operación en la que advierte una posible «comisión encubierta». El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid abrió el pasado marzo una causa contra él por los delitos de fraude tributario y falsedad. La acusación pretendía ampliar los ilícitos, pero el representante del Ministerio Público lo rechazó en dos ocasiones.

En el nuevo escrito, fechado el 8 de enero, Lucas pone el foco en el presunto pago de medio millón de euros que habría hecho el novio de Ayuso a la mujer del presidente de Quirón Prevención por la compra de una empresa dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética en diciembre de 2020. El fiscal considera que la operación fue en realidad una «comisión encubierta». Un informe de la Inspección Tributaria aseguró que dicha sociedad no tenía inmuebles o empleados y su activo «carecía de valor».

La sociedad pasó a llamarse Masterman & Whitaker. El fiscal sospecha que el novio de Ayuso usó la empresa de forma interpuesta y simulada en la facturación de unos servicios a Quirón Prevención para conseguir un «ahorro fiscal». Defiende que «no es una decisión irrazonable» pensar que la compra «en realidad encubría el pago encubierto de una comisión ilícita» del que la defensa «no ha dado explicación alguna» y que podría constituir un delito de corrupción en los negocios.

La oposición a Ayuso

Es la primera vez que se refiere a ello. En dos ocasiones anteriores, Lucas negó ampliar la investigación a aquellas cuestiones que escaparan a los asuntos por los que la juez abrió diligencias: fraude tributario y falsedad documental. PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular contra el novio de Ayuso, plantearon ampliar el catálogo de delitos a administración desleal y corrupción en los negocios, extremos que rechazó Lucas el 8 de julio en un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Lucas se negó entonces a que se abriera una nueva línea de investigación porque eran hechos que «no se refieren al objeto de la causa». Su intención era no complicar el procedimiento de manera «excesiva» dilatándolo en el tiempo. La juez Inmaculada Iglesias abrió diligencias contra el novio de Ayuso en marzo, después de que trascendiera un email en el que reconocía a la Fiscalía haber cometido dos delitos fiscales con la intención de llegar a un pacto de conformidad para evitar el juicio.

«El fiscal se opone a la práctica (…) porque no se refieren al objeto de la presente causa y una eventual extensión del objeto de la misma está vedada por el artículo 17.3 in fine de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim)», detalló Lucas. El representante del Ministerio Público alegó que extender los hechos que solicitaba la acusación popular conllevaría extender «el objeto procesal», lo que impediría «el pronto enjuiciamiento de los delitos fiscales y el delito de falsedad que sí son objetos en este procedimiento».

La juez que instruye la causa, en línea con el fiscal, rechazó el 31 de julio las diligencias que reclamaban PSOE y Más Madrid. Los partidos pretendían ampliar la investigación contra el novio de Ayuso. Ambas formaciones recurrieron la decisión de la magistrada. Lucas volvió a emitir su opinión el 24 de septiembre en un escrito en el que volvió a rechazar las pesquisas contra González Amador por administración desleal y corrupción en los negocios.

Negativa a piezas separadas

El representante del Ministerio Público se opuso a que se abrieran piezas separadas. «Conforme al artículo 762.6ª de la LeCrim, para enjuiciar los delitos conexos comprendidos en este título, cuando existan elementos para hacerlo con independencia, y para juzgar a cada uno de los encausados, cuando sean varios, podrá acordar el juez la formación de las piezas separadas que resulten convenientes para simplificar y activar el procedimiento. Para que se abra una pieza separada, por tanto, exige la ley la existencia de una pluralidad de investigaciones, lo que no concurre en este caso», concluyó Lucas.

Apenas cuatro meses después, el fiscal da un giro de 180 grados. En su último escrito, del 8 de enero, Lucas sostiene que no existen indicios del delito de administración desleal que las acusaciones populares achacan al novio de Ayuso. No obstante, el representante del Ministerio Público aprecia posibles irregularidades por corrupción en los negocios. Y afirma: «La defensa no ha dado explicación alguna de por qué el investigado pagó medio millón de euros a la esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, por una empresa que carecía de valor».

La Fiscalía de Madrid afea la estrategia del novio de Ayuso, al que acusa de «desdeñar» los indicios de delito observados por la instructora de las actuaciones de la inspección tributaria. Lucas pide a la Audiencia Provincial de Madrid que desestime el recurso de González Amador y avale la creación de una pieza separada sobre esta nueva línea de investigación. Su defensa había solicitado que no se abrieran pesquisas al respecto.

El Ministerio Público reconoce en su escrito que, aunque el interés patrimonial de Quirón Prevención «no se ha visto menoscabado por el cobro por la esposa de su presidente de lo que parece ser una comisión de medio millón de euros», el bien que sí está afectado es «el orden socioeconómico». Para el fiscal, los precios en el mercado se deben formar «mediante la limpia confluencia de oferta y demanda, y no mediante el pago de sobornos».

«Facturas ficticias»

Ayuso aseguró este miércoles que el Gobierno intenta «destruir» a su pareja. «Debe ser la única inspección fiscal que hay en España, porque veo que todos los poderes del Estado y todos los ministros están muy centrados en intentar destruir a un ciudadano que solo se está defendiendo de todo ello, con sus medios», contraatacó la presidenta de la Comunidad de Madrid durante una rueda de prensa en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Un informe de la Inspección tributaria determinó que González Amador buscó «un verdadero ahorro fiscal» al utilizar una sociedad interpuesta para emitir facturas por servicios que en realidad prestó su otra empresa (Maxwell Cremona). Los técnicos también destacan que el novio de Ayuso habría emitido «facturas ficticias de gasto». Un «actuar simulado y ficticio» con el que consiguió decidir en cuál de sus empresas quiso tributar por los beneficios obtenidos por Quirón Prevención.