La juez cita a la pareja de Ayuso el 7 de febrero para que declare como investigado por fraude
La citación se produce días después de que la Fiscalía instara a hacerlo antes de que se agote el tiempo de instrucción

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso y su novio, Alberto González Amador.
Alberto González Amador acudirá el 7 de febrero a declarar como investigado por fraude fiscal. La citación se produce solo días después de que la Fiscalía de Madrid solicitara a la magistrada Inmaculada Iglesias que tomará ya declaración al novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. El Ministerio Público advirtió en un escrito la necesidad de que se produjera esta diligencia al agotarse la instrucción el próximo mes de marzo.
El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid interrogará al novio Ayuso por dos delitos de fraude fiscal que él mismo reconoció al fiscal de Delitos Económicos, y otro de falsedad documental que le atribuyen por eludir el pago de más de 350.000 euros a Hacienda por los beneficios que obtuvo por intermediar en la compraventa de mascarillas durante la pandemia de coronavirus. González Amador trató de alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público para evitar llegar a juicio.
Iglesias suspendió el pasado noviembre la declaración del novio de Ayuso prevista para el 29 de ese mes. González Amador solicitó que lo hiciera hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resolviera un recurso interpuesto por su abogado contra la apertura de una pieza separada por la supuesta comisión de otros posibles delitos.
La oposición de Ayuso
Las acusaciones populares, ejercidas por PSOE y Más Madrid, solicitaron que se le investigara por administración desleal y corrupción en los negocios, extremos a los que inicialmente se negó el fiscal Diego Lucas. Una opinión que cambió el pasado 8 de enero, cuando envió a la juez un nuevo escrito en el que solicita investigar al novio de Ayuso por corrupción en el negocio tras el presunto pago de una «comisión encubierta».
El fiscal pone el foco en una operación por la que el empresario compró en 2020 a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, la empresa Círculo Belleza, dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética, por casi medio millón de euros. Según un informe de la Inspección Tributaria, esta sociedad no tenía inmuebles o empleados y «carecía de valor».
La sociedad pasó a llamarse Masterman & Whitaker. El fiscal sospecha que el novio de Ayuso usó dicha empresa de forma interpuesta y simulada en la facturación de unos servicios a Quirón Prevención para conseguir un «ahorro fiscal». La Fiscalía defiende que «no es una decisión irrazonable» pensar que la compra de la empresa «en realidad encubría el pago encubierto de una comisión ilícita» del que la defensa «no ha dado explicación alguna» y que podría constituir un delito de corrupción en los negocios.
El Ministerio Público reconoce en su escrito que, aunque el interés patrimonial de Quirón Prevención «no se ha visto menoscabado por el cobro por la esposa de su presidente de lo que parece ser una comisión de medio millón de euros», el bien que sí está afectado es «el orden socioeconómico». Para el fiscal, los precios en el mercado se deben formar «mediante la limpia confluencia de oferta y demanda, y no mediante el pago de sobornos».
Ahorro fiscal
González Amador ha pedido a la Audiencia de Madrid que cierre las nuevas líneas de investigación. Lucas le afea la estrategia y acusa al novio de Ayuso de «desdeñar» los indicios de delito observados por la instructora de las actuaciones de la inspección tributaria. «Es muy llamativa la falta de explicación alguna respecto a lo que parece ser el pago de una comisión encubierta de medio millón de euros, conducta que es susceptible de constituir un delito de corrupción en los negocios», insiste en el texto.
Un informe de la Inspección Tributaria determinó que González Amador buscó «un verdadero ahorro fiscal» al utilizar una sociedad interpuesta para emitir facturas por servicios que en realidad prestó su otra empresa (Maxwell Cremona). Los técnicos también destacan que habría emitido «facturas ficticias de gasto».
Para la inspección, se trata de un «actuar simulado y ficticio» con el que consiguió decidir en cuál de sus empresas quiso tributar por los beneficios obtenidos por Quirón Prevención. Ayuso acusó el miércoles al Gobierno de intentar «destruir» a su pareja, «un ciudadano» que «se está defendiendo con sus medios».
La Fiscalía de Madrid instó hace unos días a la juez a que citara a declarar al novio de Ayuso para evitar que corran los plazos de instrucción. Esta petición se produce porque en marzo se cumple un año desde que se abrió el caso, el límite legal para hacerlo. El escrito amplía la solicitud para otros cuatro empresarios, cuyas comparecencias se han suspendido hasta en tres ocasiones. Ninguno de ellos ha dado, por tanto, explicaciones ante la magistrada.