Ábalos puede esquivar la investigación del Tribunal Supremo si dimite como diputado

El Tribunal Supremo podrá investigar a José Luis Ábalos. El Congreso dará luz verde este miércoles al suplicatorio que solicitó a mediados de diciembre para averiguar el papel que desempeñó el exministro de Transportes en el denominado caso Koldo. Pero el antiguo secretario de Organización del PSOE aún puede esquivar las pesquisas del Alto tribunal si dimite como diputado del Grupo Mixto. La causa volvería al juzgado original, la Audiencia Nacional. Los juristas afirman que esa maniobra le permitiría dilatar los plazos y ganar un par de instancias judiciales.

El suplicatorio es el mecanismo a través del cual los jueces piden permiso al Congreso para suspender la inmunidad parlamentaria de un diputado, que solo puede ser investigado por el Supremo. El juez Leopoldo Puente lo solicitó el pasado 18 de diciembre con el objetivo de avanzar en las pesquisas. Los investigadores otorgan a Ábalos «un papel principal» en la organización que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia. Sus miembros se referían a él como «el jefe», según se desprende de las conversaciones intervenidas.

Ábalos ha tratado de frenar la investigación por varias vías, aunque sin éxito. A pesar de que se apruebe el suplicatorio, el exministro aún dispone de una bala para esquivar las pesquisas en el Supremo. Para eso tiene que abandonar el acta de diputado que consiguió en las elecciones del 23 de julio de 2023, cuando formó parte de la candidatura del PSOE en la provincia de Valencia. En febrero del año pasado, la dirección socialista le reclamó el acta tras saltar el caso Koldo, pero él decidió integrarse en el Grupo Mixto para defender su «honorabilidad».

Las maniobras de Ábalos

Los juristas consultados por THE OBJECTIVE sostienen que con esa maniobra Ábalos buscaba ganar tiempo. Una fórmula que podría repetir ahora y que supondría esquivar el Supremo. Pablo Martínez, abogado penalista en GovCom, destaca que si el exministro deja su acta de diputado, el Alto tribunal pierde las competencias para investigarle. «En esa situación, el procedimiento vuelve a la Audiencia Nacional, que es el juzgado de origen».

Debe ser el propio Ábalos quien informe de que ya no dispone de aforamiento, aunque el Supremo tiene que confirmarlo preguntando al Congreso. «Con esa maniobra dilata el proceso, gana tiempo y un par de instancias», explica el mismo letrado. En esa misma línea se pronuncia el abogado y doctor en Derecho Penal Luis Romero. En su opinión, con esa estrategia el exministro puede ganar tiempo, pero advierte de que la jugada puede disgustar a los jueces, que lo verían como «una falta de seriedad».

«El Supremo es muy garantista, no impone prisión provisional. Pero no tiene segunda instancia, por lo que en caso de una sentencia desfavorable hay que acudir al Tribunal Constitucional o a Estrasburgo. En cambio, la Audiencia Nacional tiene la Sala y luego el Supremo en casación», señala Romero. Rafael Fontán, profesor de Derecho Penal en la Universidad Europea, relata que a finales de los años noventa ya se discutió un tema similar, aunque en esa ocasión la pérdida del acta de diputado fue por resolución judicial, no por una renuncia del acta.

En la Sentencia 22/1997, el Constitucional afirmó que cuando se ha iniciado una causa contra un parlamentario, si este de forma sobrevenida pierde su condición de aforado, «la interpretación de la legalidad procesal aplicable a los efectos de determinar si la Sala de lo Penal del Supremo debía mantener su competencia (…) debe resolverse a favor de la devolución de la causa al juez natural». Eso, siempre que los hechos no estuvieran relacionados con el ejercicio de su cargo, extremo que cumple Ábalos. Fontán sostiene que ese escenario supondría devolver la causa a la Audiencia Nacional.

Competencias del Supremo

Fontán advierte de que esa sentencia tuvo un voto particular que opinó lo contrario. Esa estimación divergente abogaba por que el Supremo continuara con la causa pese a la pérdida de la condición de diputado del encausado en función de una interpretación sistemática del artículo 71.3 de la Constitución, que establece que «las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Supremo».

Otro prestigioso penalista que prefiere mantener el anonimato señala que el Pleno de la Sala de lo Penal acordó en 2014 que, en las causas con aforados, la apertura de juicio oral «constituye el momento en que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento», aunque se pierda tal condición con posterioridad. «El Supremo citará a declarar a Ábalos en cuanto obtenga el suplicatorio, así que si quiere esquivarlo tiene que abandonar el acta cuanto antes», sostiene este jurista.

Ábalos ya declaró en el Supremo el pasado 12 de diciembre, aunque a petición propia. El exministro rechazó la verosimilitud del testimonio y los documentos que aportó el empresario Víctor de Aldama, que le acusó de recibir comisiones por adjudicar contratos públicos a empresas amigas. Además, descargó cualquier responsabilidad en su asesor, Koldo García, en quien, aseguró, había delegado la búsqueda de mascarillas durante la pandemia.

El exministro ha intentado parar la investigación. La primera vez lo hizo presentando un recurso ante el Supremo, que rechazó las tesis que esgrimía para evitar su encausamiento. El juez Puente ratificó la petición y siguió adelante con el suplicatorio. El magistrado subrayó que existen «indicios bastantes» de su vinculación con la trama Koldo. Ábalos arguyó que se habían vulnerado sus derechos como diputado. Incluso denunció a la Guardia Civil por intervenir su teléfono e «interceptar correspondencia privada» siendo aforado.

Denuncia contra la Guardia Civil

Los investigadores captaron la conversación durante las escuchas a Koldo García, que se comprometió a enviarle una documentación que había recibido del entonces subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez. La información se trasladó a través del hermano del asesor, Joseba García, que fue interceptado por los agentes el 4 de noviembre de 2023 mientras viajaba a Valencia. La Guardia Civil localizó un sobre en la parte delantera del vehículo que, según denunció Ábalos, estaba cerrado, extremo que desmiente el atestado policial.

El que fuera número tres de los socialistas también solicitó amparo al Congreso al considerar que la tramitación del suplicatorio se trata en realidad de una operación para incriminarle en el cobro de comisiones por la concesión de contratos públicos. En esta ocasión, Ábalos tampoco tuvo éxito.

El martes la Comisión del Estatuto del Diputado aprobó tramitar el suplicatorio, primer paso para retirarle la inmunidad. La última palabra la tiene el Pleno del Congreso, aunque Ábalos tiene pocas posibilidades de evitar el Supremo. Especialmente después de que su antiguo partido, el PSOE, haya anunciado su voto favorable. La Cámara baja ha aprobado hasta ahora 33 suplicatorios y ha rechazado 14, aunque la última negativa data de 1988.

Ábalos tiene aún una posibilidad de esquivar el Supremo, a diferencia del fiscal general. Álvaro García Ortiz está siendo investigado por revelación de secretos tras la denuncia por filtración de datos reservados que interpuso Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La causa contra el máximo exponente del Ministerio Público se seguiría desarrollando en el Alto tribunal porque, a diferencia del exministro, García Ortiz no pierde su condición de aforado al ser fiscal de Sala.