El caso del fiscal Álvaro García Ortiz explicado para ‘dummies’

El caso de la filtración de correos electrónicos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en uno de los más mediáticos y complejos del último año. Al tratarse de un caso que implica al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a Presidencia del Gobierno y al entorno de Díaz Ayuso, y ante la sobrecarga informativa generada por las recientes novedades en el proceso judicial, THE OBJECTIVE ha recopilado las claves del caso para entender su relevancia y sus implicaciones legales.

El origen, un pacto frustrado

El 2 de febrero de 2024, a las 12.45 horas, el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, envió un correo electrónico a quien entonces ocupaba el cargo de fiscal de Delitos Económicos de Madrid, Julián Salto (ahora fiscal de Tecnología), proponiendo un acuerdo para admitir dos delitos fiscales. La propuesta buscaba que González Amador reconociera los hechos a cambio de una reducción en su condena, evitando así ir a juicio.

Sin embargo, la manera en que se desarrollaron los hechos a partir de entonces impidió llevar este acuerdo a término. El 12 de marzo de 2024, a las 6.01 horas, el medio Eldiario.es publicó el contenido del correo antes de que González Amador fuera notificado oficialmente de la denuncia, algo que ocurrió ese mismo día a las 08.50 horas. Esto desató sospechas de una posible filtración desde la Fiscalía General del Estado, lo que generó preocupación sobre la privacidad y la profesionalidad en la gestión de información confidencial en este tipo de procedimientos judiciales.

El terremoto mediático

El 13 de marzo de 2024, a las 13.11 horas, Isabel Díaz Ayuso ofreció una rueda de prensa para desmentir que su pareja tuviera una deuda de 350.000 euros con Hacienda. Más tarde, a las 15.45, un periodista de la Cadena SER, citado posteriormente a declarar ante el Tribunal Supremo, afirmó haber comprobado personalmente la existencia de un correo en el que el abogado de González Amador proponía al fiscal Julián Salto un acuerdo de conformidad. Otro periodista de Eldiario.es declaró que ya había tenido acceso al correo días antes, concretamente el 6 de marzo.

Ese mismo día, a las 21.29 horas, el diario El Mundo publicó una noticia en la que afirmaba que había sido la Fiscalía quien ofreció un pacto a González Amador. La publicación desencadenó una reacción inmediata: García Ortiz pidió explicaciones entre sus subordinados y, a las 21.59 horas, recibió en su correo electrónico por primera vez los intercambios entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto. Según las informaciones disponibles, fue Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid, quien reenvió estos correos a García Ortiz tras ordenar al fiscal del caso que se los remitiera.

A las 22.10 horas, LaSexta desmintió la información publicada por El Mundo, asegurando que fue el abogado de González Amador quien inicialmente ofreció el pacto al fiscal, asumiendo la culpabilidad por dos delitos fiscales. La cadena publicó esta noticia en su página web, aunque no incluyó el contenido completo del correo fechado el 2 de febrero.

Poco después, a las 22.27 horas, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, compartió en un grupo de WhatsApp con varios periodistas un correo en el que Salto informaba al abogado de González Amador sobre la inminente presentación de la denuncia y reiteraba que no habría impedimento en alcanzar un acuerdo. Rodríguez admitió posteriormente, el 8 de enero de 2025, durante su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo, haber filtrado este correo para contrarrestar las versiones contradictorias que circulaban en los medios. Conocido como ‘MÁR’ en redes sociales, justificó su acción como un intento de ofrecer claridad ante la creciente especulación.

La imputación del fiscal general

El caso dio un giro crucial el 16 de octubre de 2024, cuando el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, imputó al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos. Según el juez, el correo confidencial enviado por el abogado de González Amador habría salido de la Fiscalía General y llegado a Presidencia del Gobierno, desde donde se habría gestionado su publicación en medios afines.

El delito de revelación de secretos implica la difusión de información reservada y podría acarrear inhabilitación o prisión. García Ortiz deberá comparecer como investigado el próximo 29 de enero de 2025. Otros altos cargos de la Fiscalía, como Pilar Rodríguez y Diego Villafañe, también declararán durante los próximos días.

Juan Lobato y la conexión con Moncloa

El caso tomó una nueva dimensión cuando se reveló la implicación de Juan Lobato, entonces secretario general del PSOE de Madrid, y de Pilar Sánchez Acera, ocupaba el cargo de jefa de gabinete de Óscar López, quien en ese momento era el director del Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El 14 de marzo de 2024, a las 8.29 horas, Sánchez Acera envió a Lobato un mensaje de WhatsApp con una captura del correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador proponía un acuerdo al fiscal. En el mensaje, Sánchez Acera sugirió que Lobato utilizara esta información en el pleno de la Asamblea de Madrid para cuestionar a Ayuso, añadiendo: «Cuidado con los datos personales».

Lobato, sorprendido, preguntó sobre la procedencia del documento, a lo que Sánchez Acera respondió: «Lo tienen los medios». Sin embargo, la publicación de esta información en ElPlural.com no se produjo hasta las 9.06 horas de ese mismo día, lo que sugiere que Sánchez Acera ya tenía acceso al correo antes de que fuera divulgado públicamente. Esto ha llevado a especular que Sánchez Acera pudo haber intentado utilizar a Lobato para que fuera él quien hiciera pública la información en el pleno, desmarcando así a Moncloa de cualquier responsabilidad en la filtración.

El 26 de noviembre de 2024, Lobato ofreció una rueda de prensa en la que denunció ser víctima de un «linchamiento» orquestado por algunos dirigentes de su partido y sectores de la derecha, aunque también dio fe de su confianza absoluta en la legitimidad de la palabra de Sánchez Acera en relación al origen de la filtración: «No contemplo que fuera falso lo que se me dijo, que el origen de esa documentación eran los medios de comunicación, porque eso sería bastante grave».

Dicho linchamiento se intensificó el 28 de noviembre de 2024, cuando se hizo público que Lobato había acudido el 6 de noviembre a una notaría en Madrid, donde registró el intercambio de mensajes con Sánchez Acera y dejó constancia de que había recibido la información desde el gabinete de Pedro Sánchez. Este gesto fue interpretado por ciertos sectores del PSOE como una maniobra para desvincularse de cualquier responsabilidad en la filtración.

La tormenta política había alcanzado su punto álgido un día antes, el 27 de noviembre, cuando Lobato dimitió como secretario general del PSOE de Madrid. Justificó su decisión aludiendo a diferencias con la dirección. Según fuentes cercanas, su salida era inevitable, ya que había pasado de ser una figura clave en la oposición madrileña a convertirse en una fuente de incomodidad para Moncloa. El 29 de noviembre, apenas dos días después de la publicación sobre su paso por la notaría, Lobato fue llamado a declarar como testigo ante el Tribunal Supremo. En su comparecencia, aportó su teléfono móvil y el acta notarial que respaldaba su relato.

La dimisión de Lobato se percibió como la eliminación de una voz crítica dentro del partido, incapaz de alinearse con las dinámicas de poder lideradas por Pedro Sánchez. Otro de los implicados en la filtración, Óscar López, fue el encargado de ocupar su lugar como secretario general del PSOE madrileño, en un movimiento visto por algunos sectores como una decisión estratégica de Pedro Sánchez para cerrar filas en torno a su figura.

Las filtraciones bajo la lupa

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identificó dos filtraciones clave:

• La revelación inicial del correo confidencial, difundido el 12 de marzo por Eldiario.es.
• La difusión del correo por parte de Miguel Ángel Rodríguez el 13 de marzo, presuntamente para contrarrestar las primeras informaciones.

El informe también señaló la ausencia de mensajes en el teléfono de García Ortiz, sugiriendo que estos pudieron haber sido borrados. Mientras Sánchez defiende al fiscal, la oposición pedía explicaciones sobre la posible implicación de Moncloa en las filtraciones.

Las últimas novedades

Esta semana, el caso ha avanzado significativamente con la citación del fiscal general el próximo 29 de enero como investigado por un posible delito de revelación de secretos. A pesar de que varios periodistas declararon haber accedido al correo antes que él, el juez del Supremo ha decidido seguir adelante con la investigación, manteniendo el foco en determinar responsabilidades específicas sobre la filtración de la información confidencial.

El pasado jueves, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, reveló que preguntó directamente al fiscal general si había filtrado el correo en cuestión, recibiendo como respuesta: «Eso ahora no importa». Este comentario ha generado especulaciones sobre su posible implicación, aumentando las dudas sobre la gestión de los correos y el origen de la filtración.

Además, se han presentado nuevas conversaciones que cuestionan la veracidad de las declaraciones del jefe de gabinete de Ayuso. Los mensajes muestran contradicciones respecto a cómo guardaba en su agenda a González Amador («Alberto Quirón», un apelativo que ha levantado suspicacias dadas las acusaciones que recayeron sobre la pareja de Ayuso en relación con un contrato de venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid) y revelan la difusión de información errónea sobre un supuesto acuerdo con la Fiscalía. Estas pruebas refuerzan la complejidad del caso y apuntan a la necesidad de esclarecer las responsabilidades.