El despacho de Garzón se ofreció a defender a Carmen Pano para controlar su declaración
La estrategia se une a los contactos de Santos Cerdán con algunos empresarios de la trama para ofrecerles un pacto
Carmen Pano y Baltasar Garzón. | Alejandra Svriz
El Gobierno, el PSOE y sus aliados multiplican sus movimientos. No solo para intentar desacreditar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, encontrar errores procesales y anular las causas judiciales que les afectan directamente, sino también para acallar a los testigos y empresarios implicados y, en último término, para controlar la causa y evitar la fuga de información. Fue precisamente el PSOE el que solicitó al juez que instruye la causa de los hidrocarburos que no llamara a declarar a la testigo de THE OBJECTIVE, Carmen Pano, la mujer que desveló haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz y que compró el chalé de La Alcaidesa para el ministro José Luis Ábalos; y ahora es el despacho del exjuez Baltasar Garzón -estrechamente vinculado al PSOE- el que se habría ofrecido a llevar su asistencia letrada para controlar la causa y silenciar a esta denunciante, según relatan fuentes directas del ofrecimiento.
Garzón habría utilizado a intermediarios para sondear a esta empresaria implicada en la causa de los hidrocarburos que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Ocurrió hace 15 días, a principios de año, cuando el exmagistrado habría hecho llegar a Carmen Pano que se pondría en contacto con ella para ofrecerle llevar su defensa en la investigación judicial. En ese momento, Pano no disponía de abogado tras haber prescindido de los servicios del anterior letrado, que compartía con el cabecilla de la red de los hidrocarburos, Claudio Rivas.
Hace un mes, Garzón -pareja de la exministra de Justicia y ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado- manifestó en una entrevista al diario El País sus «dudas más que razonables sobre el sistema judicial español», entre otras cosas por la «investigación prospectiva» contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, cuya imputación consideró que no cuenta con una «consistencia mínima». «Las investigaciones prospectivas son tremendas. Yo discrepo de lo que está ocurriendo con la investigación del juez Peinado y la aquiescencia parcial de la Audiencia Provincial».
Intentos de controlar la causa
La comunicación por persona interpuesta de Garzón se produjo días después de que Carmen Pano y su hija, Leonor González Pano, fueran detenidas por la UCO y puestas en libertad tras prestar declaración. En los días posteriores, se bloquearon todas sus cuentas bancarias y las de algunos de sus familiares cercanos: la de la hermana de la empresaria, la de su marido, con quien está casada en separación de bienes, y la pareja de Leonor, pese a no estar más que como autorizada.
Unos hechos que las afectadas interpretaron como una forma de «asfixiarles económicamente» para silenciarlas y evitar más fugas de información sobre la causa que afecta a varios altos cargos del Gobierno que participaron en la concesión de una licencia de operadora de hidrocarburos a cambio de determinados favores al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, su asesor, Koldo García, y el comisionista, Víctor de Aldama. También participaron otros altos cargos, como el jefe de gabinete de la ministra de Industria, Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, quien se vio en dos ocasiones con Claudio Rivas en Industria, como desveló recientemente THE OBJECTIVE.
Estos movimientos coinciden con otros intentos de controlar la causa y desacreditar a los investigadores buscando errores procesales para anular la investigación judicial. Este lunes, este periódico adelantó las maniobras del PSOE poniéndose en contacto con empresarios de la causa de los hidrocarburos, a quienes se les estaría ofertando un trato favorable de la Fiscalía: si cooperan y ayudan a desacreditar a los agentes de la UCO, podrían lograr una rebaja de su pena.
Según ha adelantado THE OBJECTIVE, el entorno del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, es el que habría transmitido este mensaje a uno de los empresarios imputados para ofrecerles una reducción de penas a cambio de su colaboración en desacreditar a los agentes de la UCO. De acuerdo con la estrategia planteada, estos empresarios tendrían que proporcionar testimonios que cuestionaran la imparcialidad y objetividad de los investigadores, con el fin de frenar las investigaciones, debilitar la credibilidad de las pruebas obtenidas y, en último término, anular la causa.
Una estrategia que ya intentó el propio José Luis Ábalos cuando anunció una querella contra la UCO por, presuntamente, interceptar sus comunicaciones pese a estar aforado, extremo que desestimó el propio Tribunal Supremo por considerar que su investigación no se basa en meras sospechas, sino en «indicios bastantes» sobre su pertenencia a una «organización criminal» que se infiltró en el Gobierno socialista. Fuentes cercanas a la investigación han revelado que en este intento de manipulación de las investigaciones, los miembros del PSOE buscarían también involucrar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sugiriendo que las pesquisas estarían siendo impulsadas por unas supuestas «cloacas del Estado». De esta forma, el objetivo sería desviar la atención sobre la corrupción que afecta al PSOE y sembrar dudas sobre la imparcialidad de los cuerpos de seguridad que investigan la trama.
