Las investigaciones al fiscal y a Begoña Gómez aceleraron el asalto de Sánchez a Telefónica

No es casualidad que el Gobierno forzara el cambio en la cúpula de Telefónica solo 72 horas antes de que un representante de la operadora tenga que declarar como testigo por la realización del software del que sospecha que se habría apropiado indebidamente Begoña Gómez. Una citación que se conoció hace un mes y que finalmente se producirá este miércoles 22 de enero. Éste es uno de los cuatro delitos por los que se investiga a la mujer del presidente del Gobierno en el marco de las dos cátedras de la Universidad Complutense de las que era responsable.

Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE confirman que los casos judiciales que acosan el entorno de Pedro Sánchez fueron un importante detonante para que se acelerara la salida de José María Álvarez Pallete este fin de semana y que se le sustituyera por Marc Murtra, un directivo afín. El asalto se ha venido cocinando desde hace muchos meses y, entre otras cosas, dependía del apoyo de Criteria Caixa -que se consiguió la semana pasada-, de los movimientos del Partido Socialista de Cataluña (PSC) y de que se encontrara a un sustituto del agrado de los socios mayoritarios de la operadora.

Sin embargo, hay coincidencia entre las fuentes consultadas en que las motivaciones judiciales aceleraron y detonaron un asalto que se certificó en menos de 24 horas, las que pasaron entre la encerrona de las 17.30 horas del viernes en La Moncloa, en la que Manuel de la Rocha le dijo a Pallete que debía abandonar Telefónica, y la reunión del consejo de administración de la compañía que a las 18.00 horas del sábado designó a Marc Murtra como su sustituto.

Pallete y Telefónica

Una operación que se hizo de manera atropellada, como demuestra que el sábado por la mañana la mayoría de los consejeros de la teleco no supiesen nada del recambio y que nadie en Indra estuviese preparado para activar el relevo de Murtra, certificado de urgencia el domingo por la noche. Y es que Telefónica se ha convertido en un inesperado protagonista, no solo de la investigación que cerca a Begoña Gómez, sino que también de las pesquisas relacionadas con el fiscal general, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos.

Este diario publicó a comienzos de enero que García Ortiz contactó con altos directivos de Telefónica para lograr antes que el juez su listado de llamadas. La operadora es una de las dos compañías (junto con Vodafone) con las que el fiscal contrató una línea telefónica y es clave para la investigación conocer este detalle de estas comunicaciones para comprobar quién más pudo estar involucrado en la supuesta filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La actuación de Telefónica y las declaraciones de sus directivos en estos dos casos pueden inclinar la balanza del lado de la acusación o, por el contrario, reforzar la defensa de los acusados -el fiscal general y Begoña Gómez-, por lo que el Gobierno y su equipo de confianza quieren tener la absoluta certeza de que la actuación de la compañía pueda favorecer sus intereses y la única manera de hacerlo era quitando a su presidente ejecutivo, José María Álvarez Pallete.

Begoña Gómez

Hasta la fecha, Pallete ha mantenido a Telefónica al margen de las investigaciones judiciales y había intentado desmarcarse de sus posibles implicaciones por el riesgo que podrían significar para la gobernanza de la cotizada. Es decir, que había dado la orden de que la compañía se centrase exclusivamente en explicar su versión de la manera más aséptica posible y circunscrita solamente a temas técnicos.

En el caso de Begoña Gómez, el juez Juan Carlos Peinado le investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. En cuanto a Telefónica, se indaga la apropiación indebida que podría haber realizado de un software que la operadora, junto con Indra y Google, realizaron de forma gratuita para una de las cátedras que la acusada dirigía en la Universidad Complutense. Se intenta determinar si Gómez se quedó con la herramienta que era para el centro de educación superior y si obtuvo lucro con ello.

En estos momentos, la gran interrogante es saber quién representará a Telefónica en la declaración de este miércoles y -lo que es más importante- si esta designación habría variado respecto de la que se hizo antes de que Pallete fuese destituido. Las fuentes cercanas a esta investigación consultadas por este diario sospechan que si hay cambios repentinos en la elección del testigo hay motivos suficientes para pensar en que la declaración pueda favorecer a los intereses de Moncloa.

Fiscal general

En el caso del fiscal general, la intervención de Telefónica es menos directa, pero igual de clave. Este diario ya publicó hace poco más de una semana que Álvaro García Ortiz había contactado con un miembro de la cúpula de Telefónica para obtener información asociada a su línea móvil y reconstruir a quién llamó durante los días clave de la filtración de los datos reservados del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La compañía de telecomunicaciones y el Ministerio Público negaron estas informaciones.

A comienzos de año, el magistrado del Supremo Ángel Hurtado solicitó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intentara recuperar los mensajes eliminados de su teléfono. Si se conociese íntegro el registro de llamadas de esos días se podría confirmar no solo la filtración de secretos (si es que ésta efectivamente se ha producido), sino quiénes estuvieron involucrados en la supuesta orquestación de este movimiento. Tener un presidente afín en Telefónica podría allanar el camino de la defensa del fiscal general.