Aldama trasladó su inmobiliaria al pueblo del exchófer de Sánchez días antes de ser detenido
Mudó la empresa en enero de 2023 a Peñarroya-Pueblonuevo, un municipio donde los Corvillo tienen su pequeño imperio
El empresario Víctor de Aldama rodeado de Ábalos, Sánchez y Koldo García. | Ilustración de Alejandra Svriz
Víctor de Aldama trasladó la sede de Pilot Real Estate, una inmobiliaria clave en la trama Koldo, a un pequeño pueblo cordobés solo tres semanas antes de ser detenido en febrero del año pasado. La localidad elegida para localizar una empresa ahogada por las deudas de Hacienda fue Peñarroya-Pueblonuevo. Allí se encuentran las sedes de las sociedades de los hermanos Corvillo, militantes socialistas vinculados a José Luis Ábalos y a Pedro Sánchez. Uno de ellos, Cristian Corvillo, se desempeñó como chófer particular del presidente del Gobierno durante su vía crucis para acceder a la Secretaría General del PSOE.
Los vínculos entre los Corvillo (Cristian y Rubén) y diferentes tramas protagonizadas por Aldama son patentes. Así se recoge en distintos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. También lo es su afinidad, reconocida, con el exministro Ábalos y su estrecha relación con Sánchez y el comisionista detenido en dos ocasiones el año pasado. En febrero, por el caso Koldo, y en octubre por la trama de hidrocarburos, que le llevó a prisión de forma provisional.
Pilot Real Estate tuvo su primera sede en Leganés, un municipio situado a 14 kilómetros de la capital. Con la entrada de Aldama en la sociedad se desplazó a Alcobendas y más tarde a la calle de Alfonso XII de Madrid. Desde enero del año pasado, la sede social se encuentra en un polígono del municipio cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo, de apenas 10.000 habitantes. La localidad de los hermanos Corvillo.
Socios de Aldama
Cristian Corvillo ha sido fotografiado en diferentes actos del PSOE junto al presidente del Gobierno. La relación entre ambos es anterior al desembarco de Sánchez en Moncloa. El empresario cordobés, a diferencia de su hermano Rubén, ha fracasado en los diferentes negocios que ha impulsado. Sus empresas, ahora liquidadas, estuvieron centradas en el ámbito social (servicios a discapacitados y ancianos) y diferentes reparaciones. Ahora trabaja con su hermano, que creó Corvillo Energy, vinculada a la trama de hidrocarburos de Aldama.
Como ha informado THE OBJECTIVE, Rubén Corvillo es administrador solidario de Drive Business junto a César Moreno, uno de los socios de Aldama. El domicilio social de esta matriz coincide con el despacho del comisionista en la calle Antonio Maura registrado por la Guardia Civil y en el que se ha incautado diversa documentación y ordenadores.
La nueva ubicación de Pilot Real Estate, una empresa que gestionó movimientos de inmuebles, se encuentra en un polígono industrial de Peñarroya-Pueblonuevo con gasolineras low cost, talleres y concesionarios. El traslado se hizo el 24 de enero de 2023, según los registros mercantiles consultados por este diario. Curiosamente, Aldama fue detenido por su vinculación con la trama de las mascarillas semanas más tarde, el 21 de febrero.
La inmobiliaria de Aldama ha jugado un papel importante en el traspaso de inmuebles y ha protagonizado los contactos del comisionista con los responsables de Hacienda para aplazar una deuda millonaria. El comisionista aseguró el pasado noviembre en la Audiencia Nacional que entregó 25.000 euros a Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ambos negaron de forma contundente los hechos, incluso en sede parlamentaria.
«Acusaciones infundadas»
Moreno rechazó el pasado miércoles en la comisión del caso Koldo en el Senado las acusaciones, aunque se negó a responder a las preguntas de sus señorías para «no perjudicar las acciones legales» que ha emprendido. El jefe de Gabinete de Montero se quejó de que había sido víctima de «acusaciones graves e infundadas» y lamentó que «la pena de telediario» que sufre «ya no tiene reparación».
El supuesto pago a Moreno se hizo en una cafetería ubicada al lado del Ministerio de Hacienda. Aldama justificó la operación por una gestión que habría realizado para aplazar un embargo a Pilot Real Estate, una de las decenas de empresas del comisionista. La inmobiliaria debía un millón de euros y sobre el empresario se cernía un posible embargo.
A instancias de Koldo García, asesor del ministro Ábalos, Moreno habría organizado una reunión entre responsables de la Agencia Tributaria y Aldama para que el comisionista lograra aplazar la deuda de su empresa. El Español avanzó que el jefe de Gabinete de Montero le consiguió una cita con Consuelo Sánchez García, entonces número tres de la Agencia Tributaria en Madrid. El encuentro se celebró en las oficinas de Hacienda en la madrileña calle de Guzmán El Bueno.
«Obviamente, el señor Carlos Moreno dice que, antes de hacer ningún movimiento, tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero, y que, si ella autoriza, pues que hacen el movimiento», relató Aldama ante el juez. El comisionista señaló que había pedido el favor al hombre de confianza de la vicesecretaria general del PSOE después de que ese le pidiera que «le facilitara oportunidades de inmuebles».
La defensa de Montero
La ministra de Hacienda lleva meses defendiendo la honorabilidad de su hombre fuerte. A finales de noviembre afirmó en la comisión del caso Koldo en el Senado que ponía «la mano en el fuego» por su jefe de Gabinete y por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al que Aldama también señaló con un pago de 15.000 euros. El comisionista ha insistido en sus apariciones públicas que Montero se acabará quemando por su defensa cerrada.
Montero aseguró en el Senado que desconocía el asunto de Pilot Real Estate. Entonces explicó que esas cuestiones no llegan a su ámbito porque no es la encargada de firmar los procedimientos de la Agencia Tributaria, competencia de los técnicos. «Lo primero que hay que saber es si se ha producido el aplazamiento (de la deuda de la empresa de Aldama). Yo no sé si se ha producido y hasta la fecha nadie lo sabe», subrayó.
Pilot Real Estate mantenía una deuda viva de 1,38 millones con Hacienda a 31 de diciembre de 2023. La sociedad, creada en 2015 y que tiene como administradores solidarios desde 2017 a Aldama y Cristóbal Cipri Corredera Espinosa de los Monteros, solo contaba con tres empleados en 2020 (últimas cuentas facilitadas). Pese a todo, esta pyme ejecutó inversiones inmobiliarias de calado (era su finalidad). Como resultado de su deficiente gestión, declaró un pasivo corriente de 3,8 millones en 2020. El pasivo corriente son las obligaciones y deudas que la empresa debe liquidar en un plazo no mayor a un año.
Uno de sus principales acreedores era precisamente el Ministerio de Hacienda, aunque también debía dinero a diferentes empresarios, al Ayuntamiento de Leganés y al de Madrid. Esta última administración sí ejecutó dos embargos. Uno tuvo lugar en enero de 2022 y el otro, en agosto de 2023, según ha podido constatar THE OBJECTIVE. Mientras, el consistorio leganense puso en marcha varias notificaciones de ejecución derivadas de las deudas.
