El chófer de Bárcenas pide al juez que el PSOE se retire de la Kitchen por la 'ley Begoña'
La Audiencia Nacional juzgará en mayo y junio de 2026 la denominada ‘Operación Kitchen’
Sergio Ríos Esgueva, el chófer de Luis Bárcenas. | AFP
El chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, ha solicitado a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que el PSOE desista de la personación como acusación popular en la trama Kitchen, en la que se juzgará el operativo policial montado para espiar al extesorero del PP y robarle información sensible del partido, de acuerdo con la proposición de ley que han presentado los socialistas en el Congreso para prohibir ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos. En un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el conductor expone a los magistrados que dado que la ley «podría ser incoherente con el mantenimiento de la acusación popular, se interesa que el Partido Socialista Obrero Español ratifique la personación o desista a la misma».
El PSOE registró el pasado 10 de enero una nueva normativa que, si se aprueba, llevaría al archivo de los casos que afectan a la esposa del presidente, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez. Varias asociaciones de jueces, incluidas algunas tradicionalmente cercanas a la izquierda, han expresado su rechazo a la propuesta, señalando que parece estar diseñada «con nombres y apellidos». Los juristas consultados por THE OBJECTIVE coinciden en que la iniciativa busca la impunidad del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, constituyendo lo que muchos consideran una «amnistía encubierta» para su familia.
Las asociaciones en contra de la ley
La proposición de ley del PSOE toca cuatro frentes. El apartado más polémico tiene que ver con la limitación de la acción popular. Los socialistas quieren impedir que los partidos políticos y sus asociaciones se personen. Otra de sus pretensiones pasa por la inadmisión de las querellas basadas en recortes de prensa, lo que habría impedido investigar la Gürtel, que acabó con una sentencia condenatoria contra el PP. En tercer lugar, buscan recusar a aquellos jueces que se pronuncien políticamente. Y, por último, eliminar los delitos de ofensas religiosas.
Todas las asociaciones judiciales critican la propuesta del PSOE sobre la acusación popular. Incluso Juezas y Jueces para la Democracia (JyJD), tradicionalmente afín a la izquierda, ha levantado la voz. «No estamos de acuerdo con que se prive a los partidos políticos de intervenir como acción popular ni que no puedan intervenir en la fase de instrucción», ha explicado su portavoz, Edmundo Rodríguez. María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), critica que todos los partidos han hecho «un uso abusivo de la acción popular, también el PSOE».
El PSOE en la trama Kitchen
Fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE señalan que, según la lógica de esta ley, el PSOE debería retirarse de su posición como acusación en la trama Kitchen, lo cual es precisamente lo que ha solicitado el exchófer de Bárcenas. La Audiencia Nacional juzgará en mayo y junio de 2026 la denominada ‘Operación Kitchen’, un operativo organizado por el Ministerio del Interior para recuperar los documentos comprometidos que Luis Bárcenas poseía sobre las finanzas del PP, con el objetivo de evitar que estos llegaran a manos del juez.
El ministerio dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz pagó a Ríos con fondos reservados para que actuara como informante, además de organizar presuntamente el secuestro de su familia mediante un delincuente con un extenso historial criminal, quien se hizo pasar por un falso cura para irrumpir en su domicilio. Durante 2013 y 2014, Interior pagó a Ríos un sobresueldo de 2.000 euros mensuales en efectivo para que espiara al extesorero. El comisario José Villarejo era quien le entregaba el dinero y recibía informes sobre los movimientos de Bárcenas. Tras la detención de Villarejo en 2017, la Policía halló en su domicilio los recibos firmados por Ríos, además de grabaciones de conversaciones con varios mandos policiales que corroboraban estos hechos. A pesar de haber recibido instrucciones para destruir los documentos, Villarejo los conservó para protegerse.
Una vez cumplida su misión, el Ministerio del Interior agradeció los servicios prestados a Ríos facilitando su ingreso en la Academia de Policía de Ávila, a pesar de que fue el penúltimo de los 254 alumnos de su promoción. Con 40 años, mucho mayor que la media de edad de sus compañeros, comenzó su formación como policía. Según sus profesores, era «el alumno más torpe». Tras completar sus prácticas en La Línea de la Concepción (Cádiz) y en Moncloa-Aravaca, Ríos fue destinado a la Policía en Transporte (la antigua Brigada Móvil).
