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Tribunales

División en el CGPJ: el informe sobre el nuevo sistema de elección incluirá dos alternativas

Los conservadores proponen que los jueces voten a los vocales y los progresistas que sea una elección parlamentaria

División en el CGPJ: el informe sobre el nuevo sistema de elección incluirá dos alternativas

Pleno del CGPJ. | Consejo General del Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llega al pleno de este miércoles dividido sobre la fórmula de elección de los futuros vocales. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que permitió renovar el órgano de gobierno de los jueces establece un plazo de seis meses, que se cumple mañana, para elaborar una propuesta sobre el cambio de sistema. El informe tiene que ser respaldado por tres quintos del cónclave, lo que parece una entelequia. A falta de acuerdo, las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE se decantan por incluir dos alternativas en el informe que deben presentar a Gobierno, Congreso y Senado.

Los conservadores defienden que 12 de los 20 miembros del CGPJ sean elegidos por la carrera judicial, mientras que los progresistas se decantan porque siga siendo una elección parlamentaria. Cada bloque cuenta con una propuesta que debatirán en el Pleno extraordinario de este miércoles, aunque las posibilidades de llegar a una entente son mínimas. «A pesar de lo que se piensa, existe buen ambiente entre ambos sectores y eso favorece el acuerdo», subraya un vocal.

«No estamos en las barricadas. El pacto es posible», afirma otro, aunque reconoce la complejidad. Ambos apuntan a que existe una tercera vía: elaborar un informe que incluya dos alternativas, la de los conservadores y la de los progresistas. «Es una fórmula que amparó Didier Reynders (el excomisario de Justicia que medió para lograr la renovación del CGPJ). Nos dijo que no nos cerráramos a un texto, que incluyéramos varias fórmulas», rememora uno de los miembros del actual órgano de gobierno de los jueces.

Cambios en el CGPJ

Del pleno de este miércoles debe salir una propuesta de reforma de la elección de los vocales del CGPJ, que actualmente se deciden al completo por las Cortes. Así lo dispone la reforma de la LOPJ publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 5 de agosto. La disposición adicional establece un plazo de seis meses desde su entrada en vigor para que los miembros del órgano de gobierno de los jueces elaboren un informe para modificar el sistema y asemejarlo a los estándares europeos.

Se trata de uno de los compromisos que alcanzaron el Gobierno y el PP el pasado junio para renovar el CGPJ tras cinco años con el mandato caducado. Otra de las novedades es que las decisiones importantes deban obtener el respaldo de tres quintos, esto es, 12 de los 20 vocales que conforman el Consejo. Las diferencias entre ambas sensibilidades aparecieron desde el principio. No obstante, en septiembre, a dos días de la apertura del año judicial, consiguieron llegar a un acuerdo in extremis para elegir presidenta a la magistrada progresista Isabel Perelló.

Una posibilidad que no descartan de nuevo en esta ocasión. Hasta ahora, los movimientos para llegar a un acuerdo han sido infructuosos. Y eso que el pasado 25 de septiembre se constituyó un equipo de trabajo con representantes de los dos bloques para elaborar el informe (Argelia Queralt y Bernardo Fernández por parte de los progresistas; Carlos Ortega e Isabel Revuelta por los conservadores). No se contempla prorrogar el plazo para presentar el informe porque los vocales consultados sostienen que supondría «incumplir la ley».

Los conservadores presentaron el pasado viernes su propuesta, a la que ha tenido acceso este diario. En las 38 páginas que la componen plantean un cambio radical del sistema, ya que proponen que los 12 vocales judiciales del CGPJ sean elegidos por sus pares, esto es, por los miembros de la carrera judicial y sin participación del Parlamento ni del Gobierno en ninguna fase del proceso. De esa manera, explican, la fórmula se asemejará a los estándares europeos.

Sin puertas giratorias

En los últimos años, los distintos informes sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea, la Comisión de Venecia y el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) habían puesto en entredicho el sistema de elección del CGPJ. La propuesta del bloque conservador, firmada por los 10 vocales propuestos por el PP, establece que cualquier juez en activo pueda presentar su candidatura con el aval de 25 compañeros o el de una asociación judicial, que podrá proponer una lista completa con 12 nombres.

La votación se llevaría a cabo de forma presencial a través de listas abiertas y con una circunscripción única de ámbito nacional. La propuesta del sector conservador también limita las llamadas puertas giratorias al calificar de «inelegibles» a aquellos jueces que hayan sido nombrados titulares de un ministerio, de una secretaría de Estado, de una consejería de un gobierno regional o hayan disfrutado de la condición de diputado, senador, eurodiputado o parlamentario autonómico en los cinco años anteriores.

El texto elaborado por los vocales conservadores también plantea que el CGPJ pueda echar a rodar con solo una parte del Consejo renovada, la de los 12 vocales jueces (los otros ocho son juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de experiencia que seguirían siendo elegidos por el Congreso y el Senado). De esa manera se pretende evitar situaciones como la que dilató durante cinco años la renovación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces por la incapacidad del PSOE y del PP de llegar a un acuerdo.

Los progresistas aún no han hecho pública su propuesta, que se espera para el Pleno extraordinario de este miércoles. El contenido podría incluir postulados cercanos a los del sector conservador, lo que favorecería un acuerdo sobre la bocina. Sin embargo, las posturas sobre el sistema de elección de los vocales siguen alejadas. Fuentes cercanas a esta sensibilidad apuestan por la vía parlamentaria porque elegir a los miembros del CGPJ a través de la carrera judicial «aparte de ser endogámico, contradice el equilibrio y sobrepeso que deben ejercer los distintos poderes del Estado».

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