El árbitro que se querelló contra Negreira pide juzgar el caso tras «acreditarse la corrupción»
Estrada Fernández aporta a la juez un documento que incluye un acuerdo sobre la retribución de los colegiados

Estrada Fernández durante un calentamiento en su etapa como árbitro. | Europa Press
Xavier Estrada Fernández pide que el caso Negreira vaya a juicio al considerar que ha quedado acreditada la corrupción. El colegiado que se querelló contra José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) durante dos décadas, ha dirigido un escrito a la juez Alejandra Gil (que instruye la causa desde la jubilación del magistrado Joaquín Aguirre) para pedirle que cierre la instrucción, que finaliza en marzo. También ha aportado un documento que incluye un acuerdo confidencial hasta la temporada pasada sobre la retribución del arbitraje profesional.
Estrada Fernández, árbitro de Primera División durante 12 temporadas, considera que la investigación judicial del caso Negreira debe cerrarse tras dos años de instrucción. En el escrito que ha remitido a la juez, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, afirma que debe abrirse la fase del juicio oral para que los responsables «sean juzgados y condenados sin más dilaciones» como autores de un delito de corrupción deportiva o fraude deportivo.
El excolegiado sostiene que los informes de la Guardia Civil acreditan la corrupción «sin ningún género de dudas». En su opinión, resulta innecesario que se practique ninguna diligencia más, «sean estas declaraciones o nuevas investigaciones, cuando ya constan todas las declaraciones en los informes referidos».
Los pagos a Negreira
«Recuérdese que el delito de corrupción deportivo o fraude deportivo es un delito de mera actividad, esto es, se consuma con el simple ofrecimiento o solicitud de un beneficio o ventaja y, por tanto, no necesita que se produzca el resultado deportivo pactado», insiste el escrito remitido a la magistrada, que debe decidir si envía la causa a la Audiencia Nacional, como defendía su predecesor.
Estrada Negreira incluye en el escrito el acuerdo para la retribución del arbitraje profesional firmado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP) el 9 de agosto de 2018. El árbitro explica que la cláusula decimosexta, sobre el cumplimiento de las leyes sobre la lucha contra la corrupción, se trata de una «clarísima cláusula anticorrupción que esta parte se atreve a bautizar como cláusula AntiNegreira».
La cláusula en cuestión establece que «las partes declaran que no tienen vinculación alguna con personas de la otra parte que ocupan cargos de alta dirección o directivos con capacidad de influir en la contratación objeto de este acuerdo o en la fijación de sus condiciones económicas». E insiste: «Las partes se comprometen formalmente a notificarse cualquier circunstancia que pueda generar un conflicto de interés respecto de las estipulaciones descritas en este acuerdo».
El caso Negreira saltó a la luz en febrero de 2023. La investigación comenzó tras un requerimiento de la Agencia Tributaria, que solicitaba conocer los pagos que hizo el FC Barcelona al número dos de los árbitros entre 2016 y 2018. Ese año fue el último en el que José María Enríquez Negreira habría recibido emolumentos del equipo azulgrana. La siguiente temporada entró en acción el sistema de videoarbitraje (VAR).
«Corrupción sistémica»
La Guardia Civil señala que Enríquez Negreira obtuvo 8,4 millones de euros del FC Barcelona en concepto de asesoría. Los investigadores cifraron inicialmente la cantidad en 7,3 millones. Posteriormente, la aumentaron a 7,6, después de que Hacienda localizara «ciertas diferencias».
El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona investiga la supuesta comisión de delitos de cohecho, corrupción en el deporte, administración desleal y falsedad documental a raíz de los pagos efectuados por el Barça a Negreira y a su hijo, Javier Enríquez. Ambos están imputados, al igual que el club azulgrana como persona jurídica; su actual presidente, Joan Laporta; y sus antecesores Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, entre otros. El juez Aguirre ya apreció «corrupción sistémica» en el estamento arbitral que pretendía favorecer al equipo azulgrana.