El juez García-Castellón se pasa a la abogacía tras abandonar la Audiencia Nacional
El magistrado ha formalizado su inscripción en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM)
El juez Manuel García Castellón sale de un vehículo para entrar en la Audiencia Nacional.
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que se jubiló el pasado 2 de septiembre, ha decidido dar un nuevo paso en su carrera profesional y pasar al ámbito de la abogacía. Según ha podido conocer THE OBJECTIVE, el juez, reconocido por su intervención en algunas de las macrocausas más mediáticas de los últimos años –como los casos Villarejo, Púnica, Lezo, Tsunami y CDR, entre otros– ha formalizado su inscripción en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), lo que le permitirá ejercer como letrado.
García-Castellón ha investigado a los independentistas catalanes por delitos que abarcan desde terrorismo hasta malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales. Este instructor ha sido señalado por miembros del Gobierno –e incluso por el propio presidente Pedro Sánchez– y por los líderes separatistas que le han puesto en la diana, sometiéndole a un ataque inaudito y sin precedentes. Este acoso, respaldado desde el Ejecutivo, provocó –entre otros motivos– que el magistrado solicitase al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anticipar su jubilación, tal y como publicó este periódico.
Un punto de inflexión
Su jubilación forzosa, a los 72 años, estaba prevista para noviembre. Sin embargo, abandonó su juzgado el 2 de septiembre tras pedir un anticipo de dos meses. A este vallisoletano no le ha temblado el pulso en los casi 47 años que lleva ejerciendo como juez. Ha trabajado en casos complejos que abarcan desde el terrorismo hasta la corrupción política. Uno de los momentos más significativos de su carrera fue su participación en la investigación del atentado de ETA contra José María Aznar en 1995. Este caso, que intentó acabar con la vida del entonces líder del Partido Popular, fue un punto de inflexión en su trayectoria. García-Castellón, aún relativamente joven, demostró su capacidad para manejar investigaciones de alto perfil con determinación y rigor.
También estuvo a cargo de casos emblemáticos como el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. Durante la operación de búsqueda del concejal del PP secuestrado por ETA, mostró un compromiso incansable, viajando al País Vasco y certificando su muerte en el Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu en San Sebastián. Este trágico evento reforzó su dedicación a combatir el terrorismo y buscar justicia para las víctimas. También envió al entonces intocable presidente de Banesto, Mario Conde, a prisión provisional.
En el ámbito de la corrupción política, ha instruido casos como Púnica, Lezo y Kitchen, los cuales implicaron a altos cargos del Partido Popular, incluyendo a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Su trabajo en estos casos reflejó su firmeza e independencia: se enfrentó a presiones políticas y mediáticas sin titubear. Por ejemplo, el caso Púnica reveló una red de corrupción y financiación ilegal dentro del Partido Popular de Madrid, mientras que el caso Lezo destapó un esquema de desvío de fondos públicos. Pero no fue hasta que comenzó a investigar la presunta corrupción de Podemos y los independentistas catalanes, incluyendo los casos CDR y Tsunami, cuando comenzó la cacería contra el juez.
Demanda contra Belarra
El pasado 2 de septiembre, el Boletín Oficial del Estado publicó la jubilación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. De esta forma se hizo efectivo el acuerdo del pasado 20 de junio de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial «por el que se declara la jubilación forzosa del magistrado».
Ese mismo día, la dirigente política de Podemos Ione Belarra escribió un mensaje en su cuenta de X: «Hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García-Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza».
A raíz de estas acusaciones, el magistrado Manuel García-Castellón, que ha sido acosado durante años por parte de Podemos, presentó una demanda contra Belarra ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por una supuesta vulneración en su derecho al honor. Del mensaje destacan los calificativos de «corrupto» y «prevaricador» que utiliza para comentar la noticia de la jubilación del juez. Por ello, García-Castellón solicita a la de líder de la formación morada 120.000 euros.
