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La juez se plantea si la Abogacía debe defender al alto cargo de Bolaños investigado

El juzgado solicita a los servicios jurídicos del Estado que aporte la autorización que le habilita a representar a Cubo

La juez se plantea si la Abogacía debe defender al alto cargo de Bolaños investigado

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el alto cargo investigado. | Ilustración de Alejandra Svriz

La defensa del alto cargo del Ministerio de Justicia acusado de manipular un audio está en el aire. El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid solicitó el pasado 4 de febrero a la Abogacía del Estado que aportara en el plazo de cinco días la autorización que le habilita a representar al director general de Transformación Digital, Aitor Cubo, subordinado de Félix Bolaños. La acusación recurrió la decisión de los servicios jurídicos del Estado al considerar que esta no había aportado el permiso sobre su personación. La última palabra la tendrá la juez que instruye el caso, Susana Trujillano.

Cubo tuvo que declarar como imputado ante la juez el pasado 2 de octubre. Trujillano decidió suspender el juicio después de que se volviera a plantear la validez de la personación de la Abogacía del Estado en defensa del acusado. El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid investiga un posible delito de falsificación de documentos públicos por la presunta adulteración de la grabación de un niño de 12 años que declaró ante un juez de Valladolid en un proceso de custodia de menores en marzo de 2022.

La abogada del Estado Zaida Fernández Toro, la misma que presentó la querella en nombre de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado, dirigió un escrito al juzgado el pasado 18 de septiembre en el que aseguraba que había sido autorizada por la Dirección del Servicio Jurídico del Estado a asumir la representación del subordinado de Bolaños. La letrada de la Administración de Justicia aceptó su personación cinco días más tarde. La acusación recurrió al entender que la Abogacía del Estado en su escrito se limitaba a manifestar que contaba con autorización, pero sin aportar documentos.

Subordinado de Bolaños

«La Abogacía del Estado no ha aportado documento o prueba alguna que acredite el cumplimiento de los requisitos legales previstos para admitir la personación de la Abogacía del Estado para asumir la representación y defensa de Aitor Cubo», afirma el recurso que presentó la acusación el 30 de septiembre. El texto, al que ha accedido THE OBJECTIVE, insiste en que Fernández Toro se limitó a manifestar que había sido autorizada «por la Dirección del Servicio Jurídico».

Fernández Toro, jefa del área penal de la Abogacía del Estado, no acudió a la sesión del juicio del pasado 2 de octubre. En su lugar envió a un subordinado. Días más tarde, la acusación presentó un escrito de alegaciones en el que solicitaba a la magistrada rechazar su personación en el procedimiento para defender a Cubo. Para ello daba tres argumentos.

El primero, que el órgano seguía sin aportar la autorización de la Dirección General de lo Contencioso, necesaria para asumir la representación de autoridades, funcionarios y empleados públicos. «La falta de la aportación de dicha autorización ya es una razón más que suficiente para revocar la admisión de su personación», insistía el escrito.

Las alegaciones incluían algunos precedentes, como la decisión del juez que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional de apartar a la Abogacía del Estado de la defensa del ex subsecretario de Estado de Transportes. El magistrado Ismael Moreno tomó la decisión porque no se aportó la autorización de la Dirección General de lo Contencioso para defender al investigado Jesús Manuel Gómez. El fiscal del caso llegó a advertir del choque de intereses en el que podrían incurrir los servicios jurídicos del Estado.

Intereses contrapuestos

La acusación también rechaza su participación porque la causa «no es consecuencia del legítimo desempeño de la función o cargo de Aitor Cubo». También se aludía a la existencia de intereses contrapuestos entre la Administración General del Estado y el subordinado de Bolaños. «En la presente causa, la defensa de los derechos e intereses generales de la Administración General del Estado por parte de la Abogacía del Estado es incompatible con la defensa y representación del investigado y, al hacerlo, está infringiendo lo previsto en el artículo 28.3 del Real Decreto de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid investiga un posible delito de falsificación de documentos públicos por la presunta adulteración de la grabación de un niño de 12 años que declaró ante un juez de Valladolid en un proceso de custodia de menores en marzo de 2022. El juez solicitó a los presentes, excepto a un funcionario, que abandonaran la sala. La grabación de la sesión está en perfecto estado, excepto la parte que corresponde al menor. En el procedimiento participó como fiscal el marido de Sofía Puentenúmero tres de Bolaños y responsable directo del alto cargo imputado.

El audio fue presuntamente manipulado con un «ruido rosa». Al percatarse de que era inaudible e irrecuperable, el padre denunció lo sucedido ante la Guardia Civil. El progenitor señala a la Dirección General de Transformación Digital al entender que esta es «responsable de custodiar grabaciones de audio y vídeo». La juez ha reclamado en varias ocasiones la prueba, aunque esta no aparece. Manos Limpias ha denunciado su robo y ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que sancione a los responsables de su custodia.

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