El fiscal general se niega a dimitir porque sería «una concesión a los delincuentes»
Álvaro García Ortiz ha asegurado en el Senado que apartarse del cargo sería «sería más cómodo»
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado este martes en el Senado que, aunque dimitir «sería más cómodo» desde el punto de vista personal, no va a hacerlo porque estaría «haciendo una concesión a los delincuentes» y colocaría a la institución en una «situación de debilidad».
García Ortiz ha comparecido este martes por vez primera en sede parlamentaria desde que el pasado octubre el Tribunal Supremo abriera una causa contra él por un delito de revelación de secretos, para dar cuenta de la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2023.
«El fiscal general ni huye ni se esconde», ha dejado claro García Ortiz en respuesta a las duras críticas, «algunas innecesarias», recibidas por las portavoces del PP y de Vox en la comisión de Justicia del Senado, en la que comparece este miércoles para dar cuenta de la Memoria de la institución. Ante la reiterada pregunta de por qué no dimite, el fiscal general ha querido dejar claro que esa sería la decisión más cómoda, desde el punto de vista personal y familiar, pero «la Fiscalía debe mostrarse fuerte, muy fuerte».
Cuestionado por su decisión de no contestar a las preguntas del juez del Tribunal Supremo que le investiga por presunta filtración de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el fiscal general ha señalado que «no es ninguna afrenta a nadie», sino una decisión amparada por un derecho constitucional que pertenece a todos los ciudadanos.
Cerró su correo y cambió su móvil ante el «acoso»
Ahondando en el caso por el que se encuentra imputado, García Ortiz ha asegurado que tuvo que cerrar su cuenta de correo personal y cambiar su línea de móvil ante el «acoso» por haberse revelado sus datos personales en la investigación del Supremo.
Ante el «señalamiento público» y «la sombra de sospecha genérica» contra él, ha revelado que se vio obligado a cerrar su cuenta de correo electrónico personal el 27 de diciembre, no el 16 de octubre cuando el Supremo abrió causa contra él -como asegura el juez-, ante el «acoso» que tenía por haberse revelado sus datos personales, de la misma forma que ha tenido que cambiar su línea de teléfono personal. Y en este sentido, ha aseverado que «el fiscal general merece algún tipo de protección de su propia intimidad».
Ha defendido que «efectivamente» borró los mensajes de su móvil el 16 de octubre porque «regularmente» borra sus mensajes. «Borro porque es mi derecho a disponer de mi intimidad y porque cumplo con las previsiones legales para proteger mis datos y los datos de los que soy custodio» porque, ha enfatizado, «no se pueden ustedes imaginar los datos que tiene el fiscal general del Estado».
Por eso, ha lamentado las acusaciones de PP y Vox de que borra las pruebas y de que es culpable por haber borrado un terminal, ya que «decir eso es invertir las normas del Estado de derecho» y eso supone una «deriva peligrosa».
«No por ser fiscal general tengo menos derechos que los demás, no soy más pero tampoco soy menos», ha asegurado García Ortiz que ha dejado claro que «ningún ciudadano está obligado a probar su inocencia».
Borrado de su móvil
La senadora del PP María Jose Pardo ha dicho que «no puede seguir ni un minuto más en su cargo», al tildar de «un autentico esperpento» el borrado de los mensajes de su móvil el día que el Supremo le abrió causa «al más puro estilo de un vulgar delincuente». Para la senadora, «este borrado intencionado» acredita «que existe una operación en marcha» para «destruir a una adversaria política», en alusión a Ayuso, por lo que su dimisión es «imperativa».
También con dureza ha cuestionado la senadora de Vox Paloma Gómez a García Ortiz «a quién está encubriendo o protegiendo» y «por qué no ha dimitido», y ha cargado a través de él contra el Gobierno, al aseverar que «Sánchez es su patrón» y el fiscal general «su peón».
Nada que ver con el senador socialista Jose María Oleaga, que ha defendido al fiscal general de «los ataques constantes y permanentes del PP» lanzando «acusaciones de comisión de delitos en sede parlamentaria sin ninguna prueba y simplemente porque le da la gana». Por eso, ha acusado al PP de «intentar acabar con una institución del Estado» a la que ha «machacado e intentado vapulear».
