La trama del fuel que lideraba Aldama contaba con «un compromiso para prevenir el delito»
Villafuel incluía en su web un área de ‘compliance’ para favorecer los controles internos y las buenas prácticas
Víctor de Aldama, investigado por un presunto fraude de 231 millones en el sector de los hidrocarburos. | Ilustración de Alejandra Svriz
Villafuel estaba comprometida contra el fraude. Al menos, en teoría. La empresa clave de la trama de hidrocarburos incorporó a su página web un área de compliance para evitar desmanes. El sitio de Internet, que solicita una clave para acceder, contaba con dos apartados para favorecer las buenas prácticas. Uno se denominaba «código de ética» y el otro «compromiso con la prevención de delito». No hay constancia de que saltaran las alarmas pese a que la Audiencia Nacional investiga a la operadora que «codirigían» Víctor de Aldama y Claudio Rivas por defraudar al menos 231 millones de euros con el IVA de los combustibles.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil explica en un informe al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE que la trama gestionó su negocio millonario desde una oficina de poco más de 40 metros cuadrados. La sede social de Villafuel, y también de su matriz Still Growing, se encontraban en un polígono industrial de Villaviciosa de Odón (Madrid). Las reducidas dimensiones del inmueble «no parecen las apropiadas para albergar a los numerosos trabajadores que se necesitarían para gestionar el volumen de actividad».
Durante sus visitas a las instalaciones, los investigadores no pudieron constatar que la empresa que lideraba Aldama tuviese actividad laboral. Los agentes se mostraron sorprendidos de que, pese a tener sede, «en horario comercial» se remitiera a un teléfono y a un correo electrónico de contacto. Un impacto que también les produjo su web, en la que encontraron un despegable denominado compliance donde se reseñaban dos apartados: «código de ética» y «compromiso con la prevención de delito».
Los contactos de Aldama
En el apartado «código de ética» aparece una imagen en la que se observa a un grupo de trabajadores, entre los que se encuentran Javier Cillán, al que la UCO otorga el papel de «jefe de operaciones». Se trata del especialista en la operativa comercial de la trama investigada. Su tarea era lograr que se coordinaran todas las partes. Una función que la Guardia Civil cree «imprescindible», ya que, «cuanto mejor coordinada esté, más tiempo permitirá a la organización criminal prolongar la operativa».
Cillán es uno de los 11 trabajadores que aseguraba tener la empresa. Su salario en 2023 superó los 941.000 euros, según los informes de la UCO. Reportaba directamente a María Luisa Rivas, la hermana del socio de Aldama, con la que ya había trabajado con anterioridad. No obstante, los hilos los manejaban Aldama y su socio Claudio Rivas, a los que la Guardia Civil calificó de «codirectores» de la trama. Los investigadores revelan que la red prosperó gracias a los contactos del comisionista.
En el apartado «compromiso con la prevención de delito», la web muestra un panel de la sociedad clave de la trama de hidrocarburos y cómo accede a las instalaciones Pedro Antonio Marín, al que los investigadores señalan como «testaferro cualificado» tras haber sido administrador único de Villafuel.
El compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que adoptan las empresas para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan. Las organizaciones tratan de aplicar normas y procesos para asegurar que sus actividades se ajustan a la ley y a las regulaciones del sector. De esa manera intentan establecer mecanismos internos de prevención, control y reacción.
«Vacío de contenido»
Los juristas especializados en compliance aseguran que Villafuel ofrecía un «compliance de papel» que, en la práctica, «no servía para nada». «Es un artificio que hace creer que una empresa tiene un rango de ética y compromiso, pero vacío de contenido real», explica María de la Torre, penalista en Govcom Abogados. Otro experto que prefiere mantener el anonimato afirma que el anuncio de la empresa clave de la trama de hidrocarburos podría constituir un doble delito porque «se trata de una simulación de control».
Villafuel consiguió la licencia como operador de hidrocarburos en septiembre de 2021, tras un año y medio de trabas burocráticas. Para hacerse con ella, los investigadores sospechan que Aldama habría tirado de sus contactos políticos. Esa sería la razón por la que el jefe de Gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, habría recibido a los socios del comisionista hasta en dos ocasiones.
Durante el tiempo que estuvo operando habría llegado a defraudar 231 millones de euros. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico inhabilitó de forma definitiva a Villafuel a principios de febrero. La decisión se justificó por la falta de acreditación del cumplimiento de los requisitos necesarios para ejercer la actividad al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos.
